Casa Rosada puso en marcha un plan para sostener obras públicas (y empresas) vinculadas a coimas

El gobierno de Mauricio Macri puso en marcha un plan para superar la crisis de los "Cuadernos de Centeno". Más pronto que tarde, y a la espera de la segunda vuelta de indagatorias y procesamientos, la administración de Cambiemos decidió avanzar con el salvataje de las obras públicas -y las empresas- vinculadas al pago de sobornos durante la gestión anterior.

El plan tiene tres patas: preservar la mayoría de los contratos adjudicados a cambio de retornos; desplazar de las empresas a los directivos arrepentidos que confesaron la entrega de coimas, y generar un nuevo marco de transparencia en la contratación de obras y códigos de conducta intachable, que las nuevas personas a cargo de los negocios deberán respetar a rajatabla.

Un cuarto punto no menos importante, pero que todavía está en debate, será la sanción económica que las empresas corruptas deberán abonar al fisco por su comportamiento al margen de la ley. Un resarcimiento por los inconvenientes causados, incluido el dramático desplome del sector de la construcción desde mitad de año. Según el último reporte del IERIC, ya se registraron pérdidas de puestos de trabajo en 20 provincias.

Con estas medidas Macri buscará que no se frenen las iniciativas de Participación Público Privada (PPP). El primer paso fue crear un fideicomiso, que permitirá asegurar el financiamiento con anticipos de los bancos y destrabar los créditos a corto plazo que se negociaron en las licitaciones PPP.

La continuidad de los contratos vigentes la certificó el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías. "No se puede confundir a las personas jurídicas con las físicas, que son sus accionistas o directores. Estamos hablando de empresas que tienen miles de trabajadores, que tienen el conocimiento para hacer toda la obra pública en el país. El bien común está por encima de todo", subrayó Saravia al justificar la continuidad de casi todos los proyectos. Los chinos buscan aún la retener las represas del Sur. Primero deberán despegarse de los socios locales.

En este marco, el procurador aclaró que desde ahora "todas" las que quieran participar de la obra pública van a tener que pasar por un "tamiz de control", que integrarán al menos cinco organismos oficiales: la Oficina Anticorrupción, la Sindicatura General de la Nación, la Unidad de Información Financiera, la Comisión Nacional de Valores y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. "Se hará un seguimiento para que las empresas cumplan con los lineamientos éticos a lo largo de toda la obra", explicó el funcionario en la sede del Rotary Club.

Además, Saravia Frías confirmó el segundo punto del plan y anunció que "por pedido" del presidente Mauricio Macri el Gobierno "va a exigir que den un paso al costado aquellos accionistas estratégicos que están involucrados en la causa de los cuadernos de las coimas".

La lista es larga, pero está incompleta. El juez Claudio Bonadio avanzará en las próximas semanas con una segunda oleada de citaciones y la Parte II de los procesamientos. Por ahora, estos son los empresarios involucrados:

PROCESADOS CON PRISIÓN PREVENTIVA
Gerardo Luis Ferreyra, titular de Electroingeniería
Néstor Otero, empresario con la concesión de la terminal de Retiro
Alberto Taselli, empresario vinculado a la producción carbonífera y al transporte
Raúl Víctor Vertua, empresario de Río Negro que participó de la construcción del Gasoducto del Noreste
Juan Carlos Lascurain, ex titular de la Unión Industrial Argentina

PROCESADOS CON PRISIÓN PREVENTIVA EN LIBERTAD
Carlos Mundin, de la empresa BTU SA
Carlos Wagner, de la empresa Esuco y ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción
Claudio Javier Glazman, empresario del rubro inmobiliario
Juan Carlos de Goycoechea, ex CEO de Isolux
Ángel Antonio Calcaterra, ex dueño de IECSA
Luis María Betnaza, directo de Techint
Armando Loson, presidente de Albanesi constructora
Sergio Taselli, empresario vinculado a la producción carbonífera y al transporte
Aldo Benito Roggio, dueño del Grupo Roggio
Juan Chediack, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción

PROCESADOS SIN PREVENTIVA
Alejandro Ivanissevich, emnpresario de Emgasud
Manuel Santos Uribelarrea, presidente de UCSA S.A.
Gabriel Romero, dueño del grupo EMEPA
Jorge Balán, de Industrias Secco
Hugo Alberto Dragonetti, empresario de la construcción de la compañía Panedile
Hugo Eurnekian, ejecutivo de Corporación América
Enrique Pescarmona, titular de la compañía

FALTA DE MÉRITO
Jorge Guillermo Niera (Electroingeniería)
Héctor Javier Sánchez Caballero (IECSA)
Rodolfo Poblete (Grupo Romero)
Héctor Zabaleta (Techint)
Francisco Valenti (Pescarmona)
Osvaldo Acosta (Electroingeniería)

Losón, Roggio, Chediack, Santos Uribalerea y Ferreyra ya renunciaron a sus cargos empresariales.

El procurador Saravia confirmó además que las compañías deberán suscribir "códigos de buena conducta" y "programas de integridad", que ya fueron diseñados por la Oficina Anticorrupción y fueron publicados este jueves en el Boletín Oficial. La tercera pata.

La Resolución 27/2018 del Ministerio de Justicia instaura los "lineamientos de integridad para el mejor cumplimiento" de los artículos 22 y 23 de la ley 27.401 de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas. La "guía" de Germán Garavano y Laura Alonso para las empresas busca implementar "medidas que impidan el soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros" y establecer los "suficientes controles contables internos que permitan a su personal detectar actos de corrupción".

El cuadernillo de 71 carillas también insta a los empresarios a redactar un Código de Ética interno, a prohibir los regalos a los funcionarios y a fomentar la investigación puertas adentro de posibles hechos de corrupción (cohecho, tráfico de influencia, negociaciones incompatibles, enriquecimiento ilícito, etc).

Los lineamientos y el monitoreo de los programas de integridad y buenas prácticas de transparencia aplican tanto para compañías privadas como para empresas de propiedad estatal.

El Presidente de la Nación y la titular de la Oficina Anticorrupción se pusieron de acuerdo y avanzaron con normativas para impedir más delitos con la obra pública y un mayor control de los funcionarios públicos.

Las dudas sobre el futuro de las compañías surgieron al mismo tiempo en la Rosada y en los Tribunales. Un pedido de un septuagenario que denunció la cartera total de constructoras que se beneficiaron con mecanismos como los que él mismo había utilizado generó la incertidumbre en Carlos Stornelli y Bonadio. Fue así que el fiscal y el juez trasladaron el capítulo sobre la responsabilidad institucional de las empresas involucradas en el escándalo al Ejecutivo, con la posibilidad de que muchas de ellas entren en una severa crisis, quizá terminal, o finalmente se salven. El escándalo con la alemana Siemens sirvió de ejemplo. Pero nada será gratis.

Saravia ratificó el cuarto punto: las compañías tendrán que pagar un resarcimiento por los daños al erario público.

Ezequiel Passarelli, director de Impuestos de SCI Group, escribió para ámbito.com ¿qué sanciones tendrán las empresas por las coimas pagadas?, donde se detalla qué tipo de multa se puede aplicar, aunque permanece bajo análisis.

El instituto de "Salidas No Documentadas", contenido en la ley del impuesto a las ganancias, fija un "castigo" (tasa del 35%), cuando una empresa realizó una erogación y no tiene comprobante o factura.

La AFIP posee la Instrucción N° 96/73, en donde se analizaba cuál era el tratamiento impositivo por el pago de determinados importes como consecuencia de hechos extorsivos. Pero la Corte la limitó.

La ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas permite cobrar de 2 a 5 veces el beneficio indebido que obtuvo la empresa por la comisión del delito, pero fue sancionada el 8 de noviembre de 2017, con posterioridad a los hechos revelados por el chofer de Baratta, y no pueden aplicarse.

Con este mismo criterio de irretroactividad, tampoco la reforma al Código Penal que el Ejecutivo prometió lanzar sería el marco adecuado.

El actual presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, ya se mostró a favor de las medidas. "Estamos de acuerdo con el proyecto del gobierno para regular a las empresas que pagaron coimas", señaló Weissa AM 530. "Todos los países que han tenido procesos como el de los Cuadernos" y actuaron de esta forma para "diferenciar problemas de directivos con problemas de las compañías", sostuvo.

Lo cierto es que por ahora se busca "limpiar" a la obra pública del escándalo. Tanto en Alemania como en los Estados Unidos, las empresas, sus proyectos, sus empleados y su futuro, exceden los delitos de los hombres y mujeres responsables de haberlos provocado. Eso es lo que aquí se quiere emular, para superar de una vez por todas la crisis desatada con los "Cuadernos de Centeno".