Casación pidió a Tribunales Orales cumplir con reglas prácticas para investigaciones de lesa humanidad

Se tomó esta resolución "con el objeto de garantizar la preservación de todo el material producido e incorporado a estos procesos, procurando el acceso eficaz y eficiente al acervo para su reutilización y difusión".

Casación, a cargo de Mariano H. Borisnky,  pidió a Tribunales Orales Federales cumplir con reglas prácticas para investigaciones de delitos de lesa humanidad.

La Cámara Federal de Casación Penal, bajo la Presidencia del juez Mariano Borinsky, pidió a los Tribunales Orales Federales el cumplimiento de “reglas prácticas” para el tratamiento de causas por crímenes de lesa humanidad.

La resolución salió tras un pedido elevado por el coordinador de la Comisión de Crímenes contra la Humanidad, Alejandro Slokar, quien informó lo tratado en una reunión llevada a cabo el pasado 1° de agosto con las víctimas y representantes de organismos de Derechos Humanos.

Allí, los participantes expresaron su preocupación por la preservación de los documentos y espacios de memoria vinculados a los crímenes de lesa humanidad ocurridos en la última dictadura-cívico militar.

Para ello, y "con el objeto de garantizar la preservación de todo el material producido e incorporado a estos procesos, procurando el acceso eficaz y eficiente al acervo para su reutilización y difusión", Borinsky resolvió que los Tribunales Orales Federales deberán seguir ciertas "reglas prácticas" a la hora de tratar este tipo de casos.

Entre ellas, se destaca que "las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o en la confidencialidad de la información" para dejar de aportar información para una causa de este estilo.

Asimismo, se señaló que ampararrse en alguna de esas acciones podría ser considerado como "un intento de perpetrar la impunidad".

Otras de las reglas es que se obliga que el Estado preserve "los archivos y otras pruebas relativas a grandes violaciones de los derechos humanos".

En línea con eso, el Estado deberá suministrar información relevante para el esclarecimiento de estos casos, aunque esta se vincule con "el interés general de preservar la seguridad nacional".

Por otro lado, se insiste en la preservación de los Sitios de Memoria de Terrorismo de Estado, con el fin de "facilitar las investigaciones judiciales", pero también para "la preservación de la memoria".

En línea generales, se reivindica el derecho de las víctimas y sus familiares "a conocer la verdad", y se obliga al Estado a "combatir tal situación de impunidad por todos los medios disponibles".