La Sala II de la Cámara Federal confirmó este martes el procesamiento de Diego Spagnuolo, el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en la causa por las irregularidades en la compra de medicamentos para el organismo. Además, la Cámara confirmó los procesamiento de 18 imputados entre los que están Miguel Ángel Calvete y Daniel Garbellini, segundo de Spagnuolo en la ANDIS.
Caso ANDIS: la Cámara Federal confirmó los procesamientos de Diego Spagnuolo, Miguel Ángel Calvete y otros 18 imputados
Spagnuolo fue acusado de negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública nacional y cohecho pasivo.
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Archivo. La Cámara también confirmó los procesamiento de 18 imputados entre los que están Miguel Ángel Calvete y Daniel Garbellini, segundo de Spagnuolo en la ANDIS.
La Sala confirmó este martes los procesamientos dictados en la causa que investiga una presunta estructura de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), vinculada con las compras de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia del programa Incluir Salud.
El tribunal, integrado por los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico, rechazó los planteos de las defensas y sostuvo que la evidencia reunida permite mantener, en esta etapa de la investigación, la imputación por delitos como asociación ilícita, defraudación contra la administración pública, negociaciones incompatibles, incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho.
Sin embargo, la Cámara redujo los montos de los embargos fijados en primera instancia. En el caso de Diego Spagnuolo, el procesamiento fue confirmado y el embargo quedó establecido en $36.005.161.365,44. Para Daniel Garbellini, en $35.909.066.365,44, y para Miguel Ángel Calvete, en $36.043.881.773,44.
“Contrataciones direccionadas y con sobreprecios”
Para los camaristas, la hipótesis investigada sostiene que entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 se realizaron contrataciones direccionadas y con sobreprecios en medicamentos e insumos, acompañadas por la presunta entrega de dádivas a funcionarios.
El fallo describe la maniobra de esta manera: “Se habrían realizado contrataciones direccionadas y con sobreprecios -en insumos y medicamentos-, que tuvieron como contrapartida la promesa y entrega de dádivas a funcionarios públicos, en un contexto asociativo ilícito cuya finalidad era la obtención de ganancias indebidas”.
Según la resolución, también participaron actores privados que habrían tomado decisiones que correspondían exclusivamente a la Agencia. El mecanismo, según la Cámara, se habría apoyado en el sistema informático SIIPFIS. Los jueces sostuvieron que el programa habría sido manipulado para que solamente fueran invitadas determinadas empresas vinculadas con los integrantes de la organización.
“Los integrantes conocían de antemano las asignaciones y simulaban una competencia mediante la utilización de oferentes ‘pantalla’”, señalaron Farah y Boico. Una vez adjudicadas las compras, agregaron, se garantizaba prioridad en los pagos y parte de las ganancias era distribuida entre funcionarios que participaban de la maniobra.
El sistema de compras bajo la lupa
Uno de los puntos centrales del fallo es el funcionamiento del SIIPFIS, que había comenzado a utilizarse en ANDIS en junio de 2023 y al que en mayo y junio de 2024 se le incorporó un módulo destinado a las compras PACBI. La Cámara destacó que las irregularidades ya habían sido advertidas por la Unidad de Auditoría Interna de ANDIS en septiembre de 2024.
Entre otras cuestiones, se había señalado que debían acreditarse en los expedientes las razones objetivas de urgencia o emergencia que justificaran apartarse de los procedimientos habituales de contratación. Pero para los camaristas, la prueba posterior fue todavía más contundente.
“El examen de los elementos hallados en el allanamiento de la sede de ANDIS …exhiben sin dificultad no sólo la irregular incorporación de los proveedores sino también la arbitraria forma en que eran seleccionados para participar de una u otra convocatoria, la simulación de competencias y los mayores costos cotizados y abonados”, escribieron.
La Cámara también puso el foco en que la convocatoria a proveedores era manual: el operador podía seleccionar con una tilde a las empresas que serían invitadas. “Las fechas, invitaciones, cotizaciones y pagos eran temas que se definían por fuera de los mecanismos legítimos”, concluyeron los jueces. Y agregaron que de ese modo se otorgaba a personas ajenas a la administración pública “un poder de decisión impropio con el objetivo de obtener ventajas económicas indebidas en perjuicio del Estado Nacional”.
Un ejemplo de los sobreprecios
El fallo incorpora como ejemplo la comparación realizada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas sobre el medicamento Burosumab 20 mg. Según la resolución, una misma droga fue adjudicada en distintos procesos a valores muy diferentes. En algunas compras el precio unitario fue de alrededor de $21 millones, mientras que en otras llegó a superar los $45 millones.
En particular, los jueces destacaron que en un proceso “chico” el medicamento fue adjudicado a Droguería Profarma por $45.152.230,34, mientras que en un proceso “grande” la misma droga fue adjudicada a Droguería 20 de Junio por $25.012.000. Además, remarcaron que la convocatoria del proceso “chico” estuvo abierta durante apenas 5 horas y 30 minutos, circunstancia que, según la Cámara, “restringe aún más la concurrencia y competencia”.
Qué dijo la Cámara sobre Spagnuolo
Uno de los capítulos está dedicado al ex titular de ANDIS. Spagnuolo había sostenido que las compras PACBI no estaban dentro de sus competencias directas y que no seleccionaba proveedores, no invitaba oferentes, no evaluaba precios ni adjudicaba órdenes de compra. La Cámara rechazó ese argumento.
Para los jueces, la imputación no se sustenta únicamente en las funciones formales del cargo sino en “los numerosos indicios colectados que sugieren su intervención en las maniobras ilícitas desarrolladas en el seno del organismo que se encontraba a su cargo”.
En particular, el tribunal valoró su vínculo con Calvete, los encuentros registrados y distintas comunicaciones. Uno de los elementos destacados fue un pedido de $5 millones que Spagnuolo habría realizado a Calvete y que, según la resolución, fue entregado el 11 de junio de 2025.
La Cámara concluyó que el rol de Spagnuolo no habría sido meramente pasivo: “Spagnuolo no se limitaba a validar y acompañar todo el proceso (…) sino que tuvo una activa intervención para lograr la concreción de los planes”. Y agregó que esa intervención incluía la designación de Garbellini al frente del área encargada de las compras PACBI y la utilización del SIIPFIS.
Garbellini y las órdenes para elegir o excluir droguerías
Sobre Daniel Garbellini, la Cámara sostuvo que tuvo “un rol preponderante” dentro de la estructura. El tribunal analizó mensajes en los que, según el fallo, el funcionario indicaba qué droguerías incorporar, cuáles excluir y cuándo volver a lanzar una compulsa. Entre las comunicaciones citadas aparece: “Vicmor alta prestador. Como está. INSUMOS” y “Neurosalud, sácalo de las invitaciones de insumos”.
En otro intercambio, ante una consulta sobre una droguería, Garbellini habría respondido: “Con esta droguería no se va a trabajar más”. Para la Cámara, esas instrucciones, que no tenían respaldo documental, solamente podían explicarse “en el contexto ilícito” investigado. Los jueces concluyeron que su intervención permitió “articular con mayor eficacia las finalidades ilícitas del grupo investigado”.
El rol atribuido a Calvete
La resolución también ubica a Miguel Ángel Calvete , detenido en otra causa, como uno de los principales articuladores de la estructura investigada. Según la Cámara, contaba con personas dentro de ANDIS que le transmitían información sobre las contrataciones: invitaciones, planillas, pagos y futuras compulsas. El fallo señala que, con esa información, podía conocer anticipadamente “sobre qué productos, qué empresas serían invitadas y cuándo se liberarían los pagos”.
Además, los investigadores encontraron cuadros con porcentajes del 15%, 10%, 5% y 3%, que los jueces interpretaron como indicios de posibles comisiones. La Cámara destacó también que circulaban entre los integrantes del grupo cotizaciones presentadas o por presentar y que la injerencia de Calvete continuaba incluso cuando se encontraba en el exterior. Para los camaristas, los elementos reunidos son “suficientemente demostrativos del rol preponderante de Calvete en las maniobras investigadas”.
Los demás procesados
La Cámara también confirmó los procesamientos de Pablo Atchabahian, Diego Martín D’Giano, Roger Edgar Grant, Eduardo Nelio González, Lorena Vanesa Di Giorno, entre otros. Los embargos fueron reducidos a distintos montos, que en varios casos quedaron cerca de los $30.000 millones.
También fueron confirmados los procesamientos de Patricia Liliana Canavesio, Ruth Noemí Lozano y Luciana Ferrari, aunque con reducción de los embargos. En el caso de Canavesio quedó fijado en $18.587.787.787,80, en el de Lozano en $18.491.692.787,80 y en el de Ferrari en $29.924.471.971,20.
En el caso de Federico Maximiliano Santich, la Cámara destacó que la acusación no se sustentaba solamente en su participación societaria en empresas vinculadas a Profarma, sino también en comunicaciones y en su presunto acceso al sistema utilizando el usuario de una funcionaria de ANDIS.
Qué resolvió la Cámara
La Sala II rechazó el pedido de nulidad de las defensas y confirmó los procesamientos de los principales imputados, aunque redujo los embargos. También mantuvo las inhibiciones generales de bienes y las medidas sobre las droguerías Génesis y New Farma, incluyendo la prohibición de innovar, la prohibición de distribuir dividendos y la designación de interventores informantes. Además, confirmó las prohibiciones de salida del país para Andrés Horacio Arnaudo y Patricio Gustavo Rama.
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