Obras sociales: un cruce con la clase media y el abrazo a la CGT en medio de la campaña

El decreto 438 busca robustecer a las prestadoras gremiales de salud que atienden a 14,8 millones de personas.

Hugo Moyano y Sergio Palazzo.

La fría ecuación numérica debería darle la razón a Alberto Fernández con el Decreto 438 de limitación a los traspasos entre obras sociales que firmó mientras el seleccionado argentino disputaba la semifinal de la Copa América y que anticipó en exclusiva este diario. Eligióblindar un sistema de salud que atiende a 14,8 millones de personas al costo de crispar a los 4,5 millones de empleados que se atienden en empresas de medicina privada mediante la desregulación de sus aportes al denominado “sistema solidario”.

Ese cálculo, que incluye fortalecer su vínculo con la CGT en la previa a las elecciones legislativas, podrá contrastarse con el efecto en la agenda pública que ayer mismo comenzaba a tener la norma, tanto entre los perjudicados en primera instancia como en la oposición, abroquelada en la defensa de la flexibilización vigente desde los tiempos de Carlos Menem.

La decisión, que consiste en fijar por doce meses la permanencia en la obra social de origen de un trabajador que comienza una nueva relación laboral y que limita los movimientos entre prestadoras sindicales de salud a un traspaso por año calendario concitó la obvia adhesión de la CGT y los no menos esperables rechazos de las prepagas y de dirigentes opositores que la condenaron por tratarse de una supuesta limitación a la libertad de los trabajadores. Los empresarios de la medicina privada, sin embargo, deberán esperar menos de un mes para ver cristalizado un nuevo aumento en su tarifario con la autorización de la Superintendencia de Servicios de Salud.

En cualquier caso el Gobierno tomó en plena campaña electoral una determinación reclamada por años por la “mesa chica” de la CGT y que también beneficia a otros sectores no alineados con la conducción de la central obrera pero que cuentan con instituciones sanitarias de gran volumen, como la de los Camioneros de Hugo Moyano o La Bancaria, de Sergio Palazzo. El mayor inconveniente para el Frente de Todos es que la medida no tiene un correlato directo en votos por tratarse de un sostén al “salario diferido” de los trabajadores sin un efecto palpable de bolsillo.

En cambio el perjuicio se percibirá evidente para los trabajadores en relación de dependencia y con salarios entre medios y altos que hasta ahora contaban con los beneficios de la libre elección de su obra social, que traducido significaba la facilidad para asociarse a una prestadora sin estructura propia que hiciera las veces de gestora comercial de una prepaga. Se trata de una “libertad de elección” sólo atinente al público codiciado por la medicina privada: trabajadores jóvenes sin enfermedades prevalentes y con ingresos suficientes como para afrontar la parte excedente de la cuota que no cubren los aportes y las contribuciones a la seguridad social.

En las áreas gubernamentales involucradas en el decreto y en la CGT admiten que la medida es impopular en un sector de la población que de todos modos es renuente a votar al Frente de Todos. Pero el golpe también llega a asalariados medios y altos con mirada política progresista y acceso al sistema privado. El vulgarmente llamado “hippie con OSDE”. Los desregulados se incorporaron al mercado de trabajo en los años 90 con la posibilidad de ahorrar en dólares y viajar al exterior y de atenderse en las mismas clínicas y sanatorios que sus empleadores. Y las prepagas se nutrieron de ese público (el triple que sus afiliados “puros”) y de los reintegros que le cobraron al sistema solidario por aquellas alianzas con sellos de goma sindicales.

La paridad cambiaria explotó por los aires hace 20 años pero la desregulación sanitaria continuó casi sin cambios, al menos hasta la publicación ayer del decreto. No será un cambio drástico porque la afectación inmediata sólo la sentirán los trabajadores que vayan a cambiar de empleador y además de actividad, y por consecuencia de obra social de origen. La mayor inquietud en el corto plazo se basa en las personas que luego de publicado el decreto tengan previsto cambiar de actividad pero necesiten continuar con tratamientos preexistentes o cuenten con médicos de cabecera y sistemas de atención que no puedan o no deseen modificar.

En la Superintendencia de Salud respondieron ayer a estos interrogantes con que esos afiliados deberán aceptar el cambio de obra social. Sin embargo, en la CGT admiten que el artículo 8 de la norma, que faculta a esa repartición a dictar las reglamentaciones que considere necesarias, podrá adaptar el texto a casos puntuales que requieran permanencia. Caso contrario crecerá el fantasma de la litigiosidad que acecha a la mayoría de las decisiones de Alberto Fernández.