Coalición Cívica: críticas a emergencias K y defensa de Carrió de dietas legislativas

"Se votó una nueva ley de plenos poderes, devaluación encubierta, ajuste a los jubilados e impuestazo al campo y a los sectores productivos en beneficio de la corporación de laboratorios", se aseguró. Por su parte, "Lilita" dijo que su "jubilación es bajo el régimen general" y que le "suspenden la movilidad".

Olivos federal. Allí se realizó, el viernes pasado, el plenario nacional de la Coalición Cívica.

Con fuertes críticas al Gobierno kirchnerista y una insólita demora de 72 horas para difundir un simple documento, la Coalición Cívica realizó el viernes pasado un plenario federal -que se hizo en Olivos- para denostar la ley de múltiples emergencias sancionada en la madrugada del sábado pasado en el Senado. Además, durante el fin de semana y en redes sociales, la referente principal de ese espacio, Elisa Carrió, defendió las dietas de los legisladores al aclarar que su “jubilación es bajo el régimen general” y que le “suspenden la movilidad”.

La CC informó: “Cuando los pueblos se apartan de sus normas fundantes sufren mucho. La delegación legislativa está prohibida por regla general y, más aún, en casos como éste, en el que se proponen un fárrago de ambigüedades, imprecisiones, amplitudes y vaguedades, donde la única claridad es la violación lisa y llana de la Constitución Nacional. Hay que llamar las cosas por su nombre: más que ley de solidaridad social y reactivación productiva, lo que se votó es una nueva ley de plenos poderes, devaluación encubierta, ajuste a los jubilados e impuestazo al campo y a los sectores productivos en beneficio de la corporación de los laboratorios, la minería y los industriales subsidiados”.

En medio de las manifestaciones en Mendoza por las modificaciones a la ley minera, la CC ratificó la “compleja situación de tener que articular la defensa del ambiente, una de nuestras banderas históricas”, y agregó: “El maniqueísmo y la simplificación a la larga termina siendo enemigo del verdadero debate por el futuro de esa provincia”.

Por otra parte, el partido manifestó el “rechazo a lo ocurrido en la Legislatura de la provincia de Santa Fe, donde se proscribió a la Coalición Cívica mediante el robo de la banca perteneciente al diputado electo Sebastián Julierac Pinasco”. En esa línea, se detalló que la “aberración institucional fue pergeñada por lo peor de la corporación política santafesina en contra de la ley, ignorando un fallo judicial, faltando al reglamento interno de la Cámara, a la Constitución Nacional y Provincial, pero por sobre todo, ignorando la legitimidad del voto popular. Asimismo, como defensores de las instituciones democráticas y republicanas exigimos la intervención de la justicia para remediar este atropello institucional, restituyendo su banca a nuestro diputado legítimamente electo”.

Los socios macristas tampoco se olvidaron de los diputados electos que partieron rápido hacia otros espacios. “Deseamos expresar nuestro enérgico rechazo como espacio, por la conducta política de aquellos representantes electos en el marco de listas de Juntos por el Cambio y que, tras haber hecho pública en semanas últimas su decisión de abandonar el interbloque, asumieron posiciones que agreden el ideario y los compromisos electorales por las que oportunamente llegaron a sus respectivas bancas. Dichos comportamientos privan a miles de argentinos de la debida representación y contribuyen a acrecentar el descrédito y el repudio ciudadano por nuestro sistema político representativo”, expresó la CC.

Con respecto a la ley de emergencias múltiples y su votación en Diputados, Carrió -ya tiene la renuncia a su bancada aprobada, a partir del 1 de marzo próximo- prefirió no hablar y adelantó la inserción de su discurso. Hacia el final del texto que hizo circular su entorno, solicitó que “se ponga en conocimiento del Fiscal de turno para que se investigue la posible comisión del ilícito tipificado en el artículo 227 del Código Penal, que sanciona a quienes concedan al Poder Ejecutivo Nacional, facultades extraordinarias por las que la fortuna de los argentinos hubieran quedado a merced del Gobierno nacional, en virtud de lo dispuesto por el artículo 29 de la Constitución Nacional”.

Según Carrió, “actos de esta naturaleza, como lo advierte nuestra Constitución, llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.