Comisión Carrió desbordada por cartas documento

En una extensa presentación Laboratorios Roemmers demostró que era totalmente falsa la acusación de Elisa Carrió por un pago en el Federal Bank (la diputada lo atribuyó a coima por la Ley de Patentes). La empresa demostró que fue un pago para comprar el laboratorio Bernabó. Los directivos de la compañía explicaron que las operaciones que la comisión consideró sospechosas en realidad fueron realizadas por distintas sociedades hasta completar la suma total para la compra del conocido laboratorio medicinal.

La Comisión investigadora de Lavado de Dinero no pudo avanzar ayer en la aprobación de nuevos capítulos del polémico primer preinforme, ya que la reunión se abocó con exclusividad a evaluar la postura que asumirá ante los pedidos de rectificaciones e intimaciones que está cosechando ese primer documento preliminar, conocido hace quince días. Un poco más temprano, los diputados habían recibido la visita de un senador paraguayo y un emisario del presidente Raúl González Macchi, que aportaron información sobre las supuestas operaciones del ex general Lino Oviedo. Los emisarios de Paraguay habrían entregado también una copia del contrato de una sociedad integrada por Carlos Menem, y constituida en La Rioja, a la que el Congreso paraguayo le habría negado un contrato de prospección y exploración minera. Aunque ayer nadie entendía qué relación podía tener ese contrato con un supuesto ilícito.

Mientras tanto, Elisa Carrió renunció ayer a su cargo de delegada al Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), como una nueva queja. Esta vez el argumento para alejarse de la sede que conduce Raúl Alfonsín fue de «solidaridad» con otros radicales rebeldes de la provincia de Buenos Aires. En ese distrito Federico Storani, que lidera la UCR bonaerense, habría sancionado al intendente de Trenque Lauquen, Jorge Barrachia, por convertirse en el primer candidato a senador por el ARI. La chaqueña envió una nota a Alfonsín en la que dice que la decisión fue adoptada «con profundo dolor».

Los diputados de la comisión tenían previsto continuar ayer el análisis de otros capítulos del preinforme, pero uno de los motivos por los cuales la comisión se apartó de esa revisión fue que la reunión se centró en la actitud que asumirá ante los innumerables pedidos de copia del preinforme, de rectificaciones y hasta intimaciones de las personas que han sido mencionadas o involucradas en la primera etapa de la investigación. Por lo pronto la comisión informó que no habrá copias originales hasta que el informe no cuente con todas las firmas, una vez terminado de revisar.

• Discusión por AMIA

Luego los diputados se enfrascaron en una dura discusión sobre si el grupo parlamentario responderá afirmativamente al pedido del juez Juan José Galeano, quien pidió la entrega de todo material referente al atentado a la AMIA.

Elisa Carrió volvió a insistir en que sólo entregará el material a Memoria Activa lo cual fue rechazado por los diputados del PJ, Carlos Soria y Cristina Kirchner: «Si tenés información hay que mandarla al juzgado y si hay reparos con que la maneje Galeano, entonces presentá un pedido de juicio político, pero las cosas no se pueden hacer a medias», le dijeron.

Pero la mayor preocupación de ayer fueron las cartas documento e intimaciones llegadas a los diputados pidiendo rectificaciones: el juez de la Corte, Enrique Petracchi, el Laboratorio Roemmers, el estudio jurídico de Grondona-Martínez de Hoz, el senador Eduardo Menem, y el diputado radical Carlos Maestro y hasta el detenido Nicolás Di Tulio, procesado por presunto lavado en relación a una causa vinculada al cartel de Juárez: «Hasta Di Tulio pide carta de buena conducta», dijo ayer la frepasista Graciela Ocaña. Carrió, confirmó que ya recibió «ocho querellas» y advirtió: «Aquel diputado que no quiera firmar por miedo a las querellas que no lo haga».

La radical Margarita Stolbizer la cruzó: «La cantidad de intimaciones nos llaman a la reflexión de que el borrador merecía un tratamiento más profundo, en lugar de haberse apresurado su difusión pública como se hizo hace quince días».