La utilización de los fondos reservados de la SIDE, por la que comenzó preguntando el jefe de la Oficina Anticorrupción del gobierno, ya genera derivaciones complicadas para funcionarios que son ajenos a ese organismo. Sucede que, en los últimos años y hasta la actualidad, los que administraron la Secretaría de Inteligencia tuvieron por costumbre asignar a gastos en personal (sueldos) la mayor parte de los fondos reservados que manejaron. Esta asignación del dinero llegó a un récord impresionante el año pasado: de ser cierta esa forma de imputar el dinero, el sueldo promedio de esa repartición habría superado los 8.000 pesos. Claro, en 2003 Eduardo Duhalde agregó $ 100 millones a la SIDE que Néstor Kirchner mantuvo. Aunque ahora no se imputa todo a sueldos, con lo que las remuneraciones habrían bajado abruptamente a un promedio de 2.700 pesos. Es bastante obvio que esta contabilidad no es cierta. Bastaría revisar los aportes jubilatorios que se realizan para inferirlo. Por eso, ya hay inquietud en quienes asesoran legalmente al ministro Roberto Lavagna, igual que en la SIDE. Los funcionarios podrían ser investigados por presunta malversación de fondos. Más allá de que las versiones sobre el verdadero destino de esos dineros «negros» bordeen la fantasía: van desde la sustitución del dinero perdido por Santa Cruz hasta el pago del rescate de algunos secuestros.
El problema del significativo incremento que tuvo durante el año pasado y éste el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) comenzó a tener derivaciones más allá de ese organismo. Son consecuencias capaces de aumentar el malestar reinante entre Roberto Lavagna y sus compañeros santacruceños. Y también de agregarle tensión al vínculo entre la Casa Rosada y el Congreso, donde funciona una Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Seguridad e Inteligencia que ahora parece salir, lentamente, de su letargo. La primera piedra la arrojó el titular de la Oficina Anticorrupción, Daniel Morin, cuando advirtió que la promesa de su padrino político Gustavo Béliz de que lo harían juez no sería satisfecha. Fue entonces cuando comenzó a hacer preguntas molestas sobre los $ 100 millones adicionales que asignó Eduardo Duhalde a la SIDE y que Néstor Kirchner mantuvo en el presupuesto de este año. Como informó este diario, a Morin le están buscando un cargo en un tribunal oral para que, convertido en juez, cambie de preguntas.
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Mientras tanto, este ex fiscal agitó el agua del estanque oficial, que ahora se sigue moviendo aquí y allá. Nadie suponía, claro, que la onda llegaría al Ministerio de Economía. Desde allí Lavagna ya sufre a un santacruceño, Julio De Vido, a quien responsabiliza por la denuncia penal que le formuló el ARI a través de María América González por la renegociación del contrato de Aguas Argentinas. Fue la gota que rebasó el vaso, por usar una metáfora ligada al problema, en la relación entre el titular del Palacio de Hacienda y el ministro de Infraestructura.
Ahora los funcionarios de Economía se sospechan víctimas de otro patagónico: Francisco Larcher, segundo pero mandamás de la SIDE. Todo por culpa de la opacidad de los fondos por los que pregunta Morin. El problema es bastante sencillo. Los administradores de la SIDE acostumbran a imputar gran parte de los recursos que maneja ese organismo a «Gastos en personal». El resto se asigna a un rubro titulado «Servicios no personales». Basta mirar la página de Internet del Ministerio de Economía para advertir esa distribución (ver recuadro). En 2000, por citar un año, se asignaban a pago de sueldos $ 163 millones y $ 5 millones a servicios no personales; en 2003 los empleados habrían cobrado $ 246 millones, y los demás gastos habrían demandado sólo $ 3,4 millones. Recién este año comenzó a corregirse el disparate, de golpe: los gastos en personal pasarona ser un tercio de los del año anterior y los de servicios no personales subieron de 3 a 159 millones de pesos. Magia.
El cálculo para demostrar que los funcionarios podrían estar incursos en una llamativa malversación de fondos es sencillo. Si los empleados de la SIDE son aproximadamente 2.400, habría que pensar que el sueldo promedio fue de $ 5.669 en 2000, de $ 8.565 en 2003 o de $ 2.740 en 2004, aun con el feroz recorte que se habría realizado este año. Pero ¿cuánto depositó la SIDE en la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal? Sobre la base de esa información es fácil saber cuánto pagó realmente en salarios y cuál es el monto de la desviación, ya que los aportes que se realizan allí representan 8% de los sueldos brutos. Tarea de la que, temen los abogados que rodean a Lavagna, se podría encargar un juez federal en el futuro (como hace un par de años hizo Rafael Bielsa en su carácter de síndico de la Nación, como recuerdan hoy en Cancillería).
• Responsables
No sólo al ministro de Economía perjudicaría este «modus operandi» destinado a justificar de la manera más ramplona el aumento de los fondos reservados. Según la Ley de Administración Financiera del Estado, los responsables de la contabilidad de la SIDE son su titular, Héctor Icazuriaga; y la directora general de Administración y Finanzas, Sonia Fornacero. Ambos dependen políticamente de Cristina Kirchner y no de Larcher, que es quien de hecho maneja el dinero. Hay interrogantes más sofisticados que aburrirían a los lectores de esta nota. Por ejemplo, ¿a qué renglón de la contabilidad se están imputando los sobresueldos o «adicionales por recategorización» que se pagan los 15 de cada mes, con criterios muy variados (desde nivel de responsabilidad hasta obsecuencia del agente, por citar dos)? Mejor dejar esas preguntas a la Comisión Bicameral del Congreso, que se maneja con un presupuesto propio. ¿Quién se lo provee?
En cambio, sería apasionante conocer el verdadero destino que se da a los fondos que no van al «salariazo» que se simula en la contabilidad. Versiones sobran: desde el intento que se haría para reponer el dinero perdido de la provincia de Santa Cruz hasta el pago de los rescates exigidos en algunos secuestros, que el gobierno pretende resolver de forma urgente por obvias razones políticas. Otros destinos son menos creíbles y peor pensados: por ejemplo, la compra de un departamento en Madison y 71. Seguramente, una leyenda urbana (en rigor, neoyorquina), sin el más mínimo sentido.
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