Con la declaración de testigos, continuó jury contra Campagnoli
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José María Campagnoli.
Donoso Castex admitió que la asociación que representa por primera vez se presentó para desempeñarse como "amicus curiae" (colaboradora del tribunal) en un jury a un fiscal.
Cevasco, también fiscal general adjunto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, calificó como "particularmente grave" y "un exceso" la suspensión de Campagnoli.
A Campagnoli se lo acusa de abuso de autoridad por tramitar una causa (presunta extorsión al financista Federico Elaskar, luego sobreseída en el fuero federal), pero Cevasco afirmó que planteos relacionados con la competencia para realizar investigaciones "hay todos los días".
Bobbio, asesor de la diputada Graciela Ocaña, admitió que fue la legisladora quien retiró un dictamen de la fiscalía de Campagnoli, relacionada a la causa por extorsión, y que copia de ese documento pudo haber llegado a manos de periodistas, entre ellos una del diario Perfil.
Hace algo más de un año, en su programa de televisión, el periodista Jorge Lanata, quien ayer declaró como testigo, habría exhibido copia de ese dictamen.
A Campagnoli también se le reprocha la divulgación de información reservada de la causa, en tanto que le habría negado el acceso a las actuaciones a los imputados.
Campagnoli habría utilizado una denuncia anterior contra Elaskar que tramitaba en su fiscalía para investigar a Lázaro Báez y a otros allegados al empresario.
El suspendido fiscal inició de oficio esta investigación, pocas horas después que Elaskar apareciera en una emisión anterior del programa de Lanata en el ciclo "Periodismo para Todos".
En lo que fue la última declaración testimonial de la tercera jornada del juicio, Fargosi enfatizó que, salvo en casos de "grosera violación" del derecho, ningún magistrado puede ser enjuiciado por mal desempeño por el contenido de sus sentencias.
El jury transcurre en el Salón Nelly Ortiz de la Procuración General de la Nación, sobre Avenida de Mayo al 700.
El martes, el Tribunal de Enjuiciamiento rechazó el pedido de los abogados defensores para que se declarara nula la resolución por la que Gils Carbó, en coincidencia con el Consejo Evaluador del Ministerio Público Fiscal, solicitó el juicio de remoción.




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