Confirman filtración de códigos secretos

«Usted fiscal, (Federico Gélvez) y este juzgado (aludió al juez Jorge Pfleger, que dejó la causa para asumir en el Superior Tribunal de Justicia de Chubut) son responsables por la filtración de información que ha puesto en juego la seguridad del país y también en riesgo las relaciones bilaterales con los Estados Unidos.» Así comenzó el viernes pasado la declaración indagatoria del contraalmirante Pablo Rossi ante el conjuez Luis López Salaberry que tiene a cargo la investigación por presunto espionaje interno cometido en Trelew. Hoy por la mañana es el turno del ex número tres de la Armada, vicealmirante Eduardo Avilés, que ocupaba el Comando de Operaciones Navales. De él dependía la oficina de inteligencia de la base Zar y ordenaba las acciones del grupo de agentes navales, así como también del resto de las secciones de inteligencia desplegadas en bases navales a lo largo del litoral marítimo. Se sabe que Avilés planteará la incompetencia del tribunal federal de Rawson y la nulidad del juicio.

La advertencia dicha por Rossi, ex director de Inteligencia de la Armada (DIA), sonó a anticipo de denuncia contra esos funcionarios ante el Consejo de la Magistratura. También pidió en su descargo la intervención de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia, para garantizar que no se agrave la fuga de datos sensibles. En especial porque en los allanamientos a las bases Zar y Zárate se secuestraron computadoras y el software de encriptado que habían sido cedidos al país por la Armada norteamericana bajo un convenio de confidencialidad.

Atribución

Esta comisión del Congreso que preside la diputada kirchnerista Stella Maris Córdoba (PJ, Tucumán) tiene por ley la atribución de investigar ilícitos cometidos en el ejercicio de actividades de inteligencia, cuenta con un presupuesto de dos millones de pesos en gastos reservados para su funcionamiento. El marino dejó el cargo en la DIA, centro neurálgico de la inteligencia de la Armada ubicado en el edificio Libertad, cuando explotó el caso Trelew. En su reemplazo y como interventor, Jorge Godoy, titular de la Armada, había designado al director general de personal, vicealmirante Enrique Olmedo, un infante de marina que sintoniza con el ministro Julio De Vido.

¿Seguirá Olmedo en el cargo?, la semana pasada en tan sólo 24 horas asumió y renunció al mismo puesto en la DIA el contraalmirante Guillermo Iglesias, quien venía de prestar servicios en la Junta Interamericana de Defensa en Washington. El affaire se inició en vísperas de la conmemoración de los treinta años del golpe militar del 76. El disparador fue Carlos Ariel Alegre, el cabo de inteligencia arrepentido quien como ya lo había hecho otro marino, Adolfo Scilingo -preso en España-, recurrió al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para denunciar a sus compañeros de oficina por actividades de espionaje ilegal. Este como tantos otros temas que se inician para consumo político interno amenazan con escalar a esferas de las relaciones exteriores, esta vez en un escenario más que delicado: la seguridad de los Estados Unidos por la vulneración del sistema ARMS (Automatical Report Merchant System). Tal como este diario adelantó, se trata de una red informática en clave entre aliados de los Estados Unidos para el intercambio de datos sensibles. Tiene el propósito de alertar sobre buques sospechosos de traficar con armas de destrucción masiva, desechos nucleares y otras amenazas globales. Fuentes del tribunal confirmaron que peritos de la Policía de Chubut trabajaron sobre todas las computadoras secuestradas de la oficina de la base Zar y sus archivos en búsqueda de información para la causa. Más aun, se sabe que el Ministerio de Defensa envió un especialista en informática para penetrar los discos rígidos de todas las máquinas. ¿Habrá quebrado la clave de las Compaq Armada 100 LCD provistas por la inteligencia naval norteamericana? Un experto en criptografía señaló que la sola suposición de que el hardware o la clave puedan haber caído en manos ajenas implica la condena inmediata de todo el sistema y el desarrollo de otro cifrado.

La indagatoria a Rossi llevó cinco horas, una se dedicó a la verificación de las pruebas. El alto oficial no reconoció ninguno de los documentos colectados por el arrepentido Alegre que le exhibió el juez y afirmó que varios «fueron plantados». Descalificó la información sobre las fichas de políticos por cuanto se trata, dijo, de recortes de prensa, datos públicos que en todo caso se clasificaron erróneamente como «estrictamente secreto y confidencial».