Amplían imputación por contrabando y gendarme aparece como el "nexo"

Política

Como adelantó Ámbito, Navas Rial profundiza investigación tras aporte de documentación del Gobierno. Enfoca en el rol de Caliba como "coordinador".

Tal como publicó Ámbito en su edición de ayer, el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial sumó como imputado en la causa por contrabando agravado a Bolivia durante la gestión de Cambiemos al comandante de Gendarmería Adolfo Héctor Caliba, considerado quien coordinó con la Policía boliviana el envío de elementos represivos durante los días en los que se produjo el golpe de Estado contra el Gobierno de Evo Morales en noviembre de 2019. Y consideró que tras la ampliación de la denuncia que hizo el Gobierno se corrobora la hipótesis del delito investigado.

En este expediente ya se encuentran imputados, desde el pasado 16 de julio, el expresidente Mauricio Macri; sus ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad; el entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; el exdirector general de la Gendarmería, Gerardo José Otero; y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente, cuyas intervenciones fueron reveladas por este diario.

Caliba apunta a ser defendido por los mismos abogados que representan al resto de los imputados de esa fuerza.

El fiscal Navas Rial presentó ayer la ampliación de la acusación ante el juez Javier López Biscayart, que le había corrido vista de los nuevos elementos aportados al expediente por los ministros Martín Soria (Justicia), Sabina Frederic (Seguridad) y por la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont la semana pasada.

El fiscal entendió que la última documentación permite “robustecer la hipótesis del caso originalmente trazada” al impulsar la acción penal por contrabando agravado de armas y municiones al Estado Plurinacional de Bolivia el 12 de noviembre de 2019. A partir de los nuevos elementos incorporados, el fiscal acusó a Caliba “en razón del rol que éste habría desplegado en el aeropuerto del Alto, La Paz, en las tareas de recepción del personal de Gendarmería y de los armamentos y municiones aparentemente enviado”.

Caliba fue el encargado de coordinar con la Policía de Bolivia todos los movimientos previos y posteriores a la llegada del vuelo: se ocupó de dirigir a una comitiva argentina, escoltada hasta el aeropuerto y supervisó la carga y descarga del avión que nunca apagó motores en la madrugada del 13 de noviembre de 2019; según surge de un informe elaborado por el Ministerio de Defensa que ya está incorporado. Así lo declaró uno de los agregados navales que declararon en sumarios internos.

El comandante Caliba es el mismo que el 17 de noviembre de 2019 le envió una nota al entonces director nacional de la Gendarmería, Otero, en la que le informaba sobre distintas protestas que por esos días se llevaban a cabo en contra del gobierno de facto de Jeanine Áñez.

En esa nota, le contó sobre una reunión convocada por la conducción de la policía boliviana de la que había participado ese mismo día: “El tema a tratar fue la posibilidad de colaborar cada institución con la provisión de agentes químicos contra disturbios, en razón que se les está acabando su stock; o bien orientar sobre mecanismos idóneos para una rápida adquisición”. Para el Gobierno fue parte de una maniobra “desincriminatoria”, ya que el material había sido entregado el mismo 13 de noviembre, cuatro días antes.

La segunda presentación de los denunciantes incluía, además, detalles sobre el hallazgo en depósitos de la Policía del Estado Plurinacional de Bolivia de armamentos y municiones que se corresponderían, en parte, con los pertrechos cuyo contrabando investiga el fuero penal económico de nuestro país por coincidencia con los números de lote que fueron adquiridos a Fabricaciones Militares por Seguridad.

Los denunciantes sostuvieron a través de sus presentaciones que existió un desvío de armamento en favor de la Policía y la Fuerza Aérea Boliviana y que, para ello, se falsearon permisos y declaraciones juradas aduaneras y administrativas tal como consignó Ámbito, al punto de manifestar que parte del material no había sido embarcado. Finalmente apareció en Bolivia.

De la denuncia surge también que, para justificar el presunto desvío del material, la Gendarmería Nacional Argentina informó que las municiones fueron consumidas “en ejercicios de entrenamiento y prácticas de tiro”.

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