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Se trata de la segunda limitación que el bloque PJ le impone al Ejecutivo en menos de una semana y, en consecuencia, un verdadero llamado de atención para el futuro de las relaciones entre ambos poderes.
A pesar de que la relaciones bilaterales habían sido más que armoniosas, el jueves pasado, el riojano Jorge Yoma y otros delegados de las provincias con promoción industrial le advirtieron al gobierno que el presupuesto no saldrá si se mantiene la idea de suspender ese beneficio, tal cual reza en el proyecto presentado por Jorge Remes Lenicov. Fue la primera señal de alarma.
Antes del fin de semana, el mismo Yoma le advirtió a Duhalde que el artículo 12 del Decreto 214 veda la posibilidad de demandar en Tribunales por las restricciones bancarias. Fue una advertencia amistosa. El presidente designado coincidió con las observaciones y avaló que, en 10 días, la Cámara alta corrija esta falencia legislativa del Ejecutivo.
Jorge Vanossi salió a dar su punto de vista y defendió la letra del decreto, dándole una interpretación distinta a la de Yoma y compañía. El ministro de Justicia aclaró que el decreto no suspendió por 180 días los juicios contra el «corralito», sino sólo la tramitación de los procesos.
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