La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de Diputados emitirá hoy 2 dictámenes, uno a favor y otro en contra, sobre la recusación que planteó la Corte contra los miembros de Juicio Político que posean matrícula de abogado y litiguen ante el máximo tribunal. Se profundizará así la fractura de la bancada que comanda el corbobés Humberto Roggero entre quienes quieren defenestrar como sea a Julio Nazareno y compañía y los que piden elementos más jurídicos que políticos.
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Las diferencias en el seno de la dependencia que administra la peronista riojana Alejandra Oviedo obligará a que la discusión se zanje en el recinto de la Cámara baja. De esta forma, no sólo quedará amenazada la continuidad de varios aspirantes a verdugos -entre ellos, los aristas Elisa Carrió y Héctor Polino; la creadora del «rinconcito de los jubilados», María América González (Frente Grande), y el tucumano Ricardo Falú (PJ)-, sino que también podría afectar a otros legisladores que no forman parte del proceso de enjuiciamiento pero que deberían abstenerse de votar la eventual capitis diminutio, si prospera la causa.
Ayer hubo una reunión preparatoria en Peticiones, a la que asistieron sólo asesores de los legisladores. La única excepción fue la duhaldista de Quilmes María del Carmen Falbo, que asistió en persona a la deliberación informal de la víspera.
Su visita dejó al desnudo la inquietud que despierta en el peronismo de Lomas de Zamora el pronunciamiento de esta tarde de la comisión que dirige la menemista Oviedo. En el peor de los casos, la divergencia doméstica puede provocar el fin de la embestida contra la Corte, ya que dejaría fuera de la investigación a varios de los principales adversarios de la cúpula del Poder Judicial.
Falbo, que encabeza la Comisión de Justicia (donde duerme el mensaje 211 del Ejecutivo que, de aprobarse, obligaría a jubilarse a la mayoría de los ministros de la Corte y a otros 70 magistrados de tribunales inferiores), no llegó a polemizar con los asesores que consideran razonable aplicar el artículo 90 del reglamento del cuerpo a los diputados con diploma de abogados.
Esa cláusula exige, tal cual demandaron los abogados de Nazareno, Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo López, que se excluyan de cualquier enjuiciamiento los legisladores que litiguen en la misma jurisdicción de los jueces en la picota.
•Devolución
Salvo los colaboradores de Polino, Jorge Rivas (ARI), la barrionuevista Graciela Caamaño y los de la misma Falbo (Sergio Acevedo no mandó a su gente y prefirió sentar doctrina delante de los «movileros» -«no corresponde la recusación», declaró-), los demás se inclinaron por darle la derecha a la Corte. Aun cuando el final de esta secuencia recién se conocerá con certeza hoy.
Uno de los asesores de Falbo pidió que se devolviera el expediente a la presidencia de la Cámara -lo cual significaba sacar del medio la instancia ya abierta en Peticiones-, pero hubo una rotunda negativa de allegados a los peronistas Oviedo, Adrián Menem y Lelia Chaya que alegan, según lo establecido por el reglamento del cuerpo, que sólo le corresponde a esta dependencia interpretar las normas que rigen la Cámara baja.
Otro capítulo de la discusión fue el reclamo de los abogados del máximo tribunal por la falta de publicidad de la Comisión de Juicio Político, cuyos cónclaves son secretos (Oviedo reclamó «luz y taquígrafos», pero se los negaron para no dar ventajas a los investigados). Curiosamente, los letrados de la Corte no buscaban ninguna información secreta. Simplemente, pidieron que se les facilitaran expedientes públicos -que cualquier ciudadano puede leer-sobre los proyectos para enjuiciar a sus defendidos. El grueso de Juicio Político negó esta información.
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