Corte defraudada con Picolotti

A pesar de los esfuerzos leguleyos que ensayó ayer la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, el gobierno nacional no pareció convencer a los ministros de la Corte sobre la sustentabilidad del plan para sanear definitivamente la cuenca del Río Matanza-Riachuelo.

Al menos ésa fue la sensación que se instaló ayer en la sala ubicada en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, donde se realizó la tercera audiencia por la causa Riachuelo, iniciada por vecinos de La Boca por la contaminación en la región.

El titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y la ministra Carmen Argibay, fueron los miembros del tribunal que se mostraron más inquietos a la hora de realizar las preguntas, especialmente las vinculadas con las asignaciones dispuestas en normas específicas, y la garantía de la continuidad de las tareas de limpieza y saneamiento.

Inversión

El plan elaborado por los Estados nacional, bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo desarrollo se extendería hasta avanzada la próxima década, demandará una inversión de $ 6.000 millones. Precisamente sobre este punto giraron ayer varios interrogantes.

En este sentido, la funcionaria de Ambiente aclaró que si bien «no es» su área, admitió que es «imposible» comprometer un presupuesto por 10 años, porque las previsiones de gastos, que debe aprobar el Congreso de la Nación, son «anuales».

Pero su explicación chocó contra la retórica de Lorenzetti, que insistió en la cuestión jurídica que implica que no esté asegurada la continuidad institucional del plan.

Ayer la Corte fue, incluso, más allá: reclamó exhaustivamente detalles sobre la solidez institucional de la Autoridad de Cuenca -que preside Picolotti-, creada el año pasado por ley del Congreso.

Luego de que la funcionaria nacional reconociera demoras en la constitución de ese organismo, Lorenzetti sostuvo que el plan de limpieza estaría expuesto a riesgos institucionales debido a que su ejecución trascenderá los límites de este gobierno.

La misma inquietud, incluso, transmitieron los ministros Elena Highton y Juan Carlos Maqueda, quienes, sin embargo, se mostraron más interesados en conocer detalles sobre las obras proyectadas y el plan de salud incluido en el programa de saneamiento.

En conjunto, la representantedel gobierno nacional buscó en todo momento defender la «solidez» de la iniciativa, frente a las descalificaciones efectuadas por expertos de la Universidad de Buenos Aires, que aseguraron que la normativa «es profusa y dispersa, y sin basamento científico». Ayer la audiencia estuvo destinada a que las partes -estados, demandantes y ONG-se expidan sobre este informe.

Picolotti insistió en que entre las medidas que se realizaron se destacan las «inspecciones in situ» y «las 1.500 intervenciones a empresas» instaladas en la cuenca.

De esta manera, la Corte Suprema de Justicia dio ayer por finalizada la etapa de audiencias públicas para analizar los trabajos para el saneamiento de la Cuenca Riachuelo-Matanza, aún sin resultados concretos.