Drama de los traslados parte II; los fondos de la Corte y los hallazgos sobre el misterioso Braun Peña

El Consejo discutió qué hacer con los jueces trasladados. Proyecto de Ley y/o "reasignaciones". Dilema por los electorales. Máximo Tribunal a favor de la propiedad privada y en su propia carrera por la sucesión sin "techo presupuestario". La IGJ pone en la mira a empresarios ligados a Macri.

Mariano Fuchila

Quien avisa no traiciona habrá pensado la Corte Suprema que hace cuatro días firmó, en pleno, una Acordada solicitando su presupuesto para el año próximo. Antes de enfrascarse en su propia discusión por renovación de autoridades, decidió comunicarle al Ejecutivo que prescindirá de ajustarse a los “techos presupuestarios” que estableció Economía y precisará $31.624 millones para garantizar su “autarquía financiera”. Esto incluye unos $6 mil millones destinados a la Dajudeco, que se financia con recursos del Tesoro Nacional. La Corte diferenció bien los $25 mil millones que requiere para sí misma y su plan de inversión de los que corresponden a la estructura que el Ejecutivo, en los comienzos de la era Macri, puso bajo su órbita para las investigaciones judiciales y escuchas telefónicas.

El reclamo de fondos para 2022 firmado por todos los ministros coincide con otro mensaje que buscaron hacer llegar a la política pero también al empresariado: si hay una certeza de esta Corte es el respeto irrestricto por la propiedad privada. ¿Alguien lo puso en duda? Nuevamente, quien avisa no es traidor, razonan. Si la política recibió señales de quienes aspiran a suceder a Carlos Rosenkrantz también las recibió el mundo empresario, con promesas varias respecto a qué postura adoptaría el máximo Tribunal con relación a su distancia con la Casa Rosada y el Instituto Patria. La agenda electoral propia deberá accionarla el propio Rosenkrantz para que emerjan las hasta ahora conversaciones subterráneas. Y que cada aspirante baje sus cartas sobre la mesa. Quedan menos de 60 días para saber si habrá sorpresas.

Mientras tanto, el Consejo de la Magistratura arrastra un problema que se asemeja a un cubo Rubik, con un salpicado de colores en cada una de sus caras: el tema de los jueces “trasladados” y las consecuencias del fallo de la Corte Suprema que los consideró (a todos) transitorios. Hasta ahora, cualquier movimiento trae aparejado que se desordene todo nuevamente, como ocurre en el juego. Antes de la feria, la Comisión de Selección abordó una discusión acerca del asunto que se tornó espinoso más allá del objetivo central del oficialismo que era remover a los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi del lugar adonde los había depositado el macrismo para copar la estratégica Cámara Federal. “No estoy escuchando soluciones”, se quejó Graciela Camaño, luego de intercambios entre el diputado PRO Pablo Tonelli, el juez Alberto Lugones y el presidente del cuerpo, el académico Diego Molea. El tópico se postergó y es probable que se mantenga así un tiempo más: en ese estatus hay jueces electorales que deberán afrontar el proceso con certezas sobre su estabilidad, más allá de que despunte una posible ley que los regule. En los próximos días habrá novedades.

Tonelli había mutado de opinión luego de repasar el fallo de la Corte acerca de presentar un proyecto de ley ante el Congreso que reglamente los traslados, porque “ya no tiene sentido hacerlos”. Lugones coincidió, y sumó la chance de hacer un sorteo anual o bien evitar el llamado a concurso para quienes no tengan asegurado o libre su lugar de regreso desde donde fueron trasladados. Molea recordó que el traslado “horizontal se desvirtuó” y por eso pidió a los consejeros legisladores que ayuden en la redacción que los pueda recuperar “hacia el futuro”. Pero también se sulfuró con Bruglia, quien había hecho un planteo hacia el Consejo al avisar que iba a ir a la CIDH y acusándolos de “no hacer nada” con el resto, más allá de abrir el concurso para cubrir su cargo y que por eso estaban discutiendo ahora este tema. “Hay que agudizar el ingenio”, sostuvo el académico. Allí fue cuando se impacientó Camaño, lo que hizo que Gerónimo Ustarroz, por el Ejecutivo, intervenga. E irrumpió un nuevo concepto para salvar las situaciones complejas: las “reasignaciones” para salir del laberinto por arriba. Tonelli reiteró la necesidad de cumplir con el fallo llamando a todos los concursos que haga falta. Molea coincidió, al menos para 21 cargos en juego. Camaño cerró la discusión descubriendo que ella tenía un proyecto de ley redactado para resolver la cuestión hacia adelante, aunque el verdadero problema eran los jueces trasladados cuyo lugar de origen ya había sido cubierto y no podían volver a ningún lado. “No podemos dejar de tener como válidos a los traslados, pero no se pueden utilizar políticamente para beneficiar a alguien”, afirmó la diputada peronista.

El dilema continuará en la última parte del año. La presentación de Bruglia hizo mucho ruido interno. Los acusa de perseguirlo políticamente. Las juezas Zunilda Nieremperger y María Verónica Skanata, Chaco y Misiones respectivamente, deberán llevar adelante el contralor electoral. El reemplazo para Esteban Hansen, en la misma situación, llegó desde Jujuy. No hay trauma ahí. ¿Podría generarse el escenario para un proyecto de ley que regule los traslados solamente horizontales a futuro que contengan una cláusula transitoria para la reasignación de quienes ya no cuentan con lugar de origen?

Pese a todo, los reemplazos para Bruglia y Bertuzzi vienen dilatados y todavía no se presentó el nuevo orden de mérito tras la resolución de las impugnaciones que tenían en sus manos los consejeros Ricardo Recondo y Vanesa Silley. En ese contexto, empezó a cotizar más la candidatura del juez federal de Tucumán que procesó a Carlos Pedro Blaquier, Fernando Poviña, quien lideró el escrito. Pero tampoco está resuelto el pedido del excamarista Eduardo Freiler que también metió ruido al Consejo. Pidió anular el acto por el que se lo envió a juicio político, recuperar su silla y anular parte del concurso. Si prosperase, el Consejo sería quien debiera presentar una acción de lesividad contra sí mismo por lo que resolvió otra integración rumbo al Contencioso Administrativo Federal. Muy incómodo.

Freiler se tornó muy movedizo. No solo irrumpió en la causa de contrabando de material bélico a Bolivia que le dio el pie a Javier López Biscayart a declararse incompetente y delegar su causa para que se acumule con la que inició el excamarista. La semana pasada consiguió algo que tiene mucha relación con el reclamo al Consejo: el fiscal Franco Picardi pidió las indagatorias de todos quienes estuvieron involucrados en proveer información bajo secreto fiscal sobre su persona al Consejo. La nómina va desde Alberto Abad hasta Federico Sturzenegger pasando por Jaime Mecikovsky. Con esa data se construyó el caso para suspenderlo y después destituirlo.

Inés Pilatti de Vergara asume la estratégica comisión de acusación del Consejo con un amplio stock de denuncias en curso. Como había adelantado Ámbito, todas están fuera de la zona de riesgo. Inclusive, la que involucra a Walter Bento, quien fue procesado en una causa judicial de alta resonancia. Algunos visualizan la cristalización de una interna provincial por detrás. Por eso están llamados a mantener extrema cautela.

La salida de escena de Mauricio Macri del cierre de listas fue una señal inequívoca para los tribunales que empezaron a sufrir las segundas líneas. De ello puede dar cuenta Gonzalo Mórtola, exadministrador de los Puertos que fue llamado a indagatoria por entregarle a una empresa una concesión por más de u$s700 mil.

Pero también podría impactar en parientes de exfuncionarios, como Alejandro Braun Peña. Primo del extodopoderoso jefe de Gabinete Marcos Peña, la IGJ cree haber desentrañado una compleja madeja de negocios que involucran sociedades con la familia Macri pero también lazos con el ahora refugiado en la auditoría porteña Pablo Clusellas. Eso incluye el descubirmiento de la empresa “Peter Cremer Holding GmbH & CO KG” con la que participó de negocios vinculados a luminarias LED. Peter Cremer y Braun Peña se quedaron en 2017 con el 100% de “GE CONSUMER & INDUSTRIAL ARGENTINA SA”. Pero a ello sucedieron otros acontecimientos con la nueva sociedad que exhibieron una insolvencia, luego un aumento de capital social y una casi inmediata reducción del mismo, con devolución parcial. Todo en el mismo año. De la siguiente constelación de empresas surge que Alejandro Jaime Braun Peña es su representante en Argentina: “Cremer y Asociados SA”; “Cremer y Asociados SA de Inversión” –ambas nacionales– y las sociedades “Peter Cremer (Singapore) GmbH”; “Peter Cremer Holding GmbH”, KG” y “Cremer Oleo GmbH & Co.KG” de Alemania). A través de una de ellas es que controlaron Latin Bio Sociedad Anónima” que salió a la luz en el affaire por el fideicomiso ciego de Macri. Pero la oficina que conduce Ricardo Nissen halló a Clusellas renovado como autoridad de Salta Cotton SA. El problema es que lo fue cuando ya había asumido como Legal y Técnica de Macri.