Crisis rural impide reunión de diputados kirchneristas

Política

Sin reunión de bloque previa, como ocurre cada vez que se reúne el pleno de la Cámara baja, los diputados kirchneristas se encontraron ayer directamente en el recinto para continuar con la sesión de cuarto intermedio de la semana pasada. La pelea de la Casa Rosada con el campo había provocado en los últimos tres encuentros del oficialista Frente para la Victoria la rebelión de unos diez legisladores díscolos con la política agropecuaria del oficialismo.

Pero ayer, para evitar sensación de ruptura en las filas kirchneristas del Congreso, el santafesino Agustín Rossi acató la orden impartida por Cristina de Kirchner en el vuelo de regreso desde Roma y ordenó continuar con la sesión de la semana pasada. Eso sí, sin reunión de bloque y sin ningún proyecto, ni de rechazo ni de apoyo, a la política de retenciones móviles o al paro agrario.

Rossi explicó que el gobierno ya «dio respuesta a las demandas del sector» agropecuario y opinó que ya se han hecho «todos los esfuerzos posibles». Eso significa que en el bloque oficialista la discusión está cerrada, pese a la disconformidad pública de diputados como el bonaerense Felipe Solá, la entrerriana María Cremer de Busti y el cordobés Jorge Montoya, ligados a los barones rebeldes del interior como José Manuel de la Sota, Jorge Busti, el senador Carlos Reutemann y el gobernador cordobés Juan Schiaretti.

Desde la presidencia del bloque kirchnerista se justificaron asegurando que la bancada no se había reunido porque no había temas pendientes que debatir en una sesión que era la continuación de un cuarto intermedio. «Hemos hecho todos los esfuerzos posibles desde el gobierno para dar respuesta a las distintas demandas y a cada una de las iniciativas», es la versión oficial del bloque anunciada por Rossi tras descender del avión presidencial ayer por la mañana.

El único coletazo de la pelea con el campo que se vivió ayer en el Congreso fue la presentación de un proyecto de declaración de la UCR, PRO y la Coalición Cívica para expresar un desagravio a las ex diputadas Margarita Stolbizer y María del Carmen Alarcón por haber sido citadas a declarar por su participación en un acto a favor del agro el 19 de marzo pasado en San Pedro.

  • Cacería de brujas

    «Esto se está convirtiendo en una cacería de brujas. Esta citación no se trata de la violación o no del artículo 194 del Código Penal. Se trata de la intolerancia del gobierno para con la gente que pensamos distinto», coincidieron a través de un comunicado el radical Oscar Aguad, el macrista Federico Pinedo y el jefe de la Coalición Cívica en Diputados, Adrián Pérez.

    Más allá de la polémica, ayer la Cámara de Diputados convirtió en ley por unanimidad un proyecto que establece penas de un mes a cuatro años de cárcel para delitos informáticos como la publicación de pornografía infantil a través de Internet y la violación de correos electrónicos. La norma llena un vacío legal ante el auge de nuevas tecnologías y tipifica delitos contra la integridad sexual y la privacidad de las personas.

    Además, la Cámara baja aprobó un proyecto de ley que obliga a las obras sociales y prepagas a incluir a la obesidad como enfermedad prevista en los planes de cobertura médica. Los palcos del recinto fueron ocupados por decenas de personas con sobrepeso movilizadas a través de un programa de televisión del monopolio «Clarín» que reclamaba esa ley.
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