Crisis setentista por montoneros encarcelados

Paradoja oficial. Quien debería mostrarse más indulgente con los montoneros cautivos en las instalaciones de la Policía Federal se mostró indiferente ante el episodio. Y el que, por lo que manda el estereotipo, debería aplicar su mano dura, los defendió ante lo que se presentó como una irregularidad. Ahora, los nombres de los protagonistas de esta historia. Eduardo Luis Duhalde, el secretario de Derechos Humanos, pareció casi indolente cuando le comentaron que el ex jefe montonero Fernando Vaca Narvaja había sido convocado, con las esposas puestas, ante el encargado de esa dependencia policial, para escuchar cómo ese oficial le decía, según reza la versión: «Agradecé que estás vivo porque te tendríamos que haber limpiado antes de que entres acá, a vos y a tu familia». La amenaza fue, al parecer, la réplica del funcionario policial a una queja de los presos ante el juez por carecer de camas en los calabozos. Cuando le preguntaron por su nombre, el agente dijo que era el comisario Jorge Palacios, el famoso «Fino», encargado del área de Antiterrorismo de la Federal. Pero después debió admitir que su nombre era Oscar Antonio Alvarez. Como se ve, internas sobran en todos lados, y por alguna razón Alvarez quiso que la carga del episodio cayera sobre Palacios.

Además de la previsible denuncia judicial, la esposa de Vaca Narvaja llevó el caso ante el gobierno a través de algunos amigos del ex guerrillero con contactos en el kirchnerismo. De ese modo, la situación llegó a oídos del abogado Duhalde, quien habría sugerido que esperaba instrucciones del Presidente para tomar una definición. Finalmente, recibió a la esposa del preso el sábado por la tarde.

En el otro extremo del dial ideológico, el secretario de Seguridad, Norberto Quantín, y su jefe, el ministro de Justicia, Gustavo Béliz, resolvieron el viernes desplazar a ese policía.

La que se acaba de contar es la última contradicción que provocó la caída en prisión de Vaca Narvaja y de Cirilo Perdía por una disposición del juez Claudio Bonadío que se extendió también a Mario Firmenich. La primera perplejidad es bastante obvia: «Liberaron a todos los militares, pero los únicos que quedamos en cana somos nosotros», comentó un peronista de la Capital Federal, de los pocos que concurren a las dependencias donde fueron alojados estos ex montoneros. Otro ruido proviene de las relaciones de parentesco: la hermana de uno de los presos, Patricia Vaca Narvaja, es funcionaria secretaria de Defensa de la Competencia de la gestión Kirchner. Y quien sería la futura ombudsman de la Capital Federal es la ex mujer de Perdía, la ex secretaria de Derechos Humanos Alicia Pierini.

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Pero la paradoja que encierra este caso es que muchos de los que se embargan de emoción con el camporismo de los '70 y, con lágrimas en los ojos, reescriben la historia montonera de aquella época, apenas si preguntan por la suerte de sus antiguos jefes. De esa legión, al único funcionario de Kirchner al que se vio ingresar en las dependencias policiales para visitar a Vaca Narvaja y Perdía fue el subsecretario general de la Presidencia, Carlos Kunkel, uno de los más antiguos seguidores del Presidente.

En cambio, Béliz y Quantín, por lo que se comentaba anoche en el Ministerio de Justicia, habrían dispuesto ya la separación de Alvarez. La noticia se conocerá hoy, cuando el ministro reciba a las mujeres de los dos detenidos, respondiendo a un pedido de audiencia presentado por escrito en esa cartera el sábado.

Curioso lo de Béliz: en la década del '90 fue denunciado por haber mantenido, durante su gestión en el Ministerio del Interior, un operativo de espionaje ideológico sobre organizaciones sindicales y estudiantiles. El encargado de la tarea era un ex agente de Inteligencia, Alejandro Brousson, que cobró notoriedad hace pocos días por haber caído en prisión. El responsable político de esos procedimientos y padrino del agente fue Gerardo Conte Grand, quien hoy presume de ser el jefe del progresismo en Diputados.

Para la historia de lo inesperado, el mismo Béliz da clases de garantismo con Quantín, a quien, cada vez que se le quiere encontrar una mancha en la camisa, se le recuerdan antecedentes del catolicismo integrista. Ahora, los dos se encargan de asegurar una prisión digna para dos jefes montoneros, mientras que las vestales de los derechos humanos del gobierno (lista que no se agota en el abogado Duhalde) miran para otro lado y piden permiso antes de interesarse por el cautiverio de sus antiguos modelos de vida.