Como si no tuviera suficientes problemas, el gobierno se apresta a abrir un nuevo frente de conflicto, en este caso con la Iglesia. En la Secretaría de Culto, a cargo de Norberto Padilla y dependiente del canciller Adalberto Rodríguez Giavarini, se ha preparado un conflictivo proyecto de ley de libertad religiosa -debido a la inspiración del jefe de Gabinete de esa secretaría, Juan Navarro Floria-, que ha provocado la reacción del Episcopado. Es de reciente memoria el conflicto provocado por el envío al Congreso de un proyecto de ley de salud reproductiva en pleno viaje de Fernando de la Rúa al Vaticano, que generó similares rechazos de la Iglesia y que fue frenado en su tratamiento por una gestión del ex embajador ante la Santa Sede y actual secretario general de la gobernación de Buenos Aires, Esteban Caselli.
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La Conferencia Episcopal, en su última reunión plenaria, designó una comisión integrada por los obispos Héctor Aguer (La Plata), Emilio Bianchi Di Cárcano (Azul) y José Luis Mollaghan para analizarla. Hubo algunas correcciones y el arzobispo de La Plata se dirigió epistolarmente a Padilla para indicarle la inconveniencia de avanzar en la propuesta.
El eje del proyecto es la libertad religiosa, un valor que en la Argentina nunca ha sido puesto en duda, que además tiene rango constitucional desde 1853, origen de la organización institucional. Y que fue ratificado en 1981, cuando se firma la «Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones».
Inoportuno
«Inoportuno», lo calificó el obispo de Añatuya, monseñor Antonio Baseotto, que calificó al proyecto de no tener en mente la realidad cultural. « Creo que es el momento menos oportuno, si buscamos realmente el bien de la comunidad», afirmó Baseotto. El obispo de Añatuya señala que « hay que poner en claro qué se entiende por libertad religiosa». Y se extiende: « Si es libertad de conciencia, como se expresan los documentos de la Iglesia, significa que cada persona que habita en un determinado territorio es plenamente libre de practicar su religión en privado y en público». Puntualiza que en el proyecto « se puede leer que el derecho a la libertad religiosa afecta también a los menores que tienen uso de razón. Tal formulación es ambigua: un menor con uso de razón tiene 7 años, cuanto más. ¿Está en condiciones de optar por una confesión religiosa en contra de sus padres, eventualmente? ¿Y la patria potestad? ¿Y la unidad de la familia? ¿No estamos poniendo una bomba de tiempo contra la familia y contra la sociedad?». Baseotto afirma creer que «para producir una reforma que afecta a la identidad nacional éste es el momento menos oportuno».
También se expresó el obispo de San Luis, monseñor Rodolfo Laise, quien afirmó que « se introducirían peligrosos elementos dialécticos en el seno de la familia al anteponerse la supuesta libertad religiosa 'del menor con uso de razón', al recto ejercicio de la patria potestad y del deber religioso de los padres de enseñar a sus hijos».
Quizás el conflicto se agudice porque en el futuro todos los que queden comprendidos en esta nonata ley de libertad religiosa «podrán gozar de las exenciones de leyes tributarias y de Aduana prevean para instituciones religiosas, obtener el reconocimiento de sus ministros y la eximición del servicio militar para ellos (¿sabrán que se abolió?), gozar de la inembargabilidad e inejecutabilidad de sus templos y objetos sagrados».
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