La Cámara de Diputados convirtió ayer en ley el proyecto que prorroga por dos años más la vigencia de toda la legislación delegada al Poder Ejecutivo en materias deter-minadas de administración o emergencia pública, emitidas anteriores a la reforma constitucional de 1994, y que vencían el próximo 24 de agosto. Esas normas le otorgan al Presidente la posibilidad de manejar toda una gama de actividades del Estado, desde el cobro de impuestos, emisión de moneda o el poder de policía, que originariamente la Constitución asignó al Congreso y que fueron delegadas al Ejecutivo por un criterio elemental de practicidad en la administración pública.
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El hecho es que la Constitución reformada de 1994 ordenó una reformulación de todos las leyes que organizan el manejo de estas facultades originarias del Legislativo, pero nunca se llegó siquiera a formar la comisión que iniciara ese amplísimo trabajo, ya que se trata de miles de disposiciones. Por eso desde que vencieron los plazos establecidos en la Constitución y hasta que haya un acuerdo político se vienen renovando en bloque esas delegaciones.
La ley votada ayer establece, en ese sentido, la creación de una Comisión bicameral de 9 diputados y nueve senadores que deberán en un plazo de un año informar sobre las facultades que definitivamente serán transferidas al Ejecutivo, las que perdieron practicidad y deben ser eliminadas y los poderes que reasumirá el Congreso por considerar que fueron delegados al gobierno en exceso.
En la misma sesión, los diputados votaron la derogación de un decreto del Ejecutivo que le impide a la nueva intervención de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio explotar el carbón de esa mina, ya que establece que el nuevo interventor de la empresa reestatizada sólo tendrá potestad para realizar tareas de mantenimiento, sin incluir la explotación.
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