La provincia de Córdoba trabaja en la refinanciación de su deuda pública, que supera los $ 1.300 millones y es la tercera más alta del país. Así lo afirmó ayer José Manuel de la Sota, quien adjudicó el ahogo de la crisis provincial al recorte de la coparticipación y a la frustrada privatización de la empresa de energía EPEC.
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Lo cierto es que la crisis nacional se agrava en una de las principales provincias del país porque la administración De la Sota la debilitó financieramente. Hacia marzo pasado, la deuda pública cordobesa ascendía a $ 1.328 millones, equivalente a 6% del total de la deuda de las provincias. A ese monto hay que sumarle la deuda flotante que mantiene la provincia con proveedores, contratistas, etc. La mayor parte de esta deuda, unos $ 1.100 millones, está concentrada en instituciones bancarias con quienes el gobierno provincial está trabajando en su refinanciación a tasas más accesibles.
Ayer, el mandatario provincial intentó vincular la crisis cordobesa con la situación nacional recordando que el riesgo-país superó con holgura los 2.000 puntos, lo cual, a su criterio, indica «la gravedad de la situación» que atraviesa la Argentina. «Nosotros estamos refinanciando la deuda pública de la provincia, lo estamos haciendo con muy buen diálogo con los bancos acreedores, estamos peleando las tasas, estamos peleando los plazos, queremos disminuir los montos», confió el gobernador. No obstante, pese a la condición en la que se está desarrollando el refinanciamiento, De la Sota destacó que el endeudamiento provincial es «bastante elevado».
Según intentó justificar De la Sota, una demostración de la gravedad de la crisis es el hecho de que «no hayan venido inversores a Córdoba, con lo atractivo que es la inversión en EPEC», en alusión a las ofertas de concesión de la empresa eléctrica provincial, que fue suspendida sin fecha por falta de ofertas.
En el mismo sentido, intentó plegarse a una idea del mandatario santafesino, Carlos Reutemann: éste adoptará idéntica medida respecto de la empresa de energía de su provincia, porque, según dijo, «también los inversores le han hecho saber que en este marco, con un país al borde de un 'crack', como lo observan los analistas internacionales, nadie quiere venir a invertir». De la Sota quiere eludir responsabilidades cuestionando los atrasos en el pago de la coparticipación por parte del Estado nacional y anunció que como consecuencia de esa falta de fondos, la provincia deberá recurrir en auxilio de las comunas. «Los municipios han visto disminuida su coparticipación, porque la Nación ha dejado de enviar fondos a las provincias y aquí la coparticipación es automática, lo que llega de la Nación se les pasa automáticamente a los municipios», explicó.
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