De Vido puso la seguridad aérea a manos de un civil

Julio De Vido puso ayer en funciones al mendocino Rodolfo Gabrielli al frente de la Administración Nacional de Aviación Civil.

La Fuerza Aérea concretó ayer el traspaso de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). La ceremonia estuvo a cargo del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quien puso en funciones al ex gobernador de Mendoza, Rodolfo Gabrielli, al frente de la ANAC.

Del acto, realizado en el Salón Eva Perón del Palacio de Correos, participaron también la ministra de Defensa, Nilda Garré, y el secretario de Transporte, Ricardo Jaime. De Vido precisó que la tarea que tiene que desempeñar Gabrielli frente al organismo, que fue creado el 15 de marzo del año pasado, es casi épica: armonizar a todos los protagonistas del accionar cotidiano de la aviación.

«Nosotros queremos que todos se involucren, y aquellos que tengan trabas a su forma de poder participar de este proceso no tienen más que hacérselosaber a este ministro, y de inmediato las depondremos para que la participación sea activa y del accionar cotidiano de la administración», prometió De Vido.

Responsabilidad

El ministro agradeció las tareas que desde hace años está llevando a cabo en el área Alba Tomajati, quien se desempeñará como segunda de Gabrielli. El dirigente mendocino tendrá la responsabilidad de manejar la seguridad aérea de todo el país, de reglamentar, fiscalizar, controlar y administrar la actividad aeronáutica civil, convertida en un caos permanente por bandas delictivas de empleados que se dedican a saquear equipajes, huelgas del personal aeronáutico, radares descompuestos por relámpagos cuyos repuestos nunca llegan y paros sorpresivos de Aerolíneas Argentinas.

Garré, que participó del acto, informó además que el Ministerio de Defensa solicitó ayer una copia del expediente que sigue la Justicia por la muerte de Héctor Febres «para examinarlo» y obrar en consecuencia, lo que podría poner en nuevos aprietos al jefe de la Armada, Jorge Godoy, quien debe dar explicaciones por esta causa.

«Un abogado del Ministerio se presentó en el juzgado para pedir el expediente. Se lo va a examinar», confirmó una fuente del Ministerio. A propósito del análisis de la causa por la muerte de Febres pueden surgir nuevas responsabilidades del almirante, ya que uno de los puntos que cuestionan los organismos de derechos humanos es la condición laxa de detención de la que gozaba el ex marino.

De hecho, los querellantes en la causa Febres le pidieron a la jueza Sandra Arroyo que cite a declaración indagatoria a Godoy por haber autorizado « vacaciones» del prefecto en la Base Naval de Azul entre los años 2003 y 2005 mientras estaba detenido. Precisamente el ministerio pidió una copia del expediente con el objetivo de corroborar la información acerca de la mencionada presencia de Febres en el Arsenal Naval de Azul.

Por otra parte, el almirante tiene tiempo hasta hoy para presentar «toda información obrante en el ámbito de la Fuerza a su cargo referida a los hechos indagados en el marco de la causa» Febres, quien al morir el 10 de diciembre pasado estaba por ser condenado por su participación en la represión en la ESMA.

Separados

Esto se sumó a la orden de Garré para que separara a tres oficiales retirados de la Armada vinculados con causas por violaciones a los derechos humanos que continuaban cumpliendo funciones en distintas áreas de esa fuerza.

Se trata del contralmirante (r) Roberto Pertusio, procesado penalmente por su responsabilidad en delitos de lesa humanidad por la Justicia Federal de Mar del Plata, de la función que continuaba prestando en el Centro de Estudios Estratégicos de la Armada.

La medida también alcanzó al contralmirante (r) Miguel Troitiño «en razón de su adhesión y reivindicación de las acciones propias del terrorismo de Estado» y al capitán de navío (r) Hugo Santillán de funciones propias del ámbito educativo. La separación de los tres funcionarios implicó un mensaje en clave de «ultimátum» para los marinos, rama en el que también se descubrió la realización de operaciones de inteligencia en la Base Almirante Zar, puntualizaron fuentes oficiales.

Por otra parte, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo se abocará a partir de la próxima semana a evaluar la posible citación indagatoria del jefe de la Armada, luego de la presentación que realizara un organismo de derechos humanos por la situación de privilegio que gozaba el ex prefecto Héctor Febres en su celda de la base naval de Tigre.