Deciden tres comisiones si hay juicio a la Corte

Recién constituida, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se reunió ayer por primera vez y decidió conformar tres subcomisiones que analizarán, a partir de la semana próxima, los 28 pedidos de enjuiciamiento contra los miembros de la Corte Suprema, acusados de presunto mal desempeño de sus funciones. Las tres comisiones, que contarán con 10 integrantes cada una, respetando la proporcionalidad de los bloques, se han fijado como objetivo analizar «más prácticamente» la admisibilidad de los pedidos de juicio político y «acelerar el trabajo».

Como titular de la comisión fue designado el santacruceño Sergio Acevedo (PJ; responde al gobernador Néstor Kirchner), quien señaló que, en principio, «existen presupuestos muy fuertes para admitir la apertura del proceso de juicio político». Y agregó: «Nosotros nos comprometemos a trabajar con seriedad y transparencia para poder llegar a la verdad, dentro del marco y del proceso establecido en la Constitución nacional», marcando distancias leguleyas.

Carrió -buscando dar imagen de ecuánime y con la experiencia hecha con las cajas por lavado- dijo ayer que primero se debe establecer cuáles son admisibles o no y comentó: «Muchas veces los pedidos de los particulares son acotados a una situación personal y no cumplen con las causales generales de juicio político».

• Peticionantes

Los pedidos de los diputados corresponden tres a Alfredo Bravo y uno a Graciela Ocaña, la frepasista Nilda Garré, a Atilio Tazzioli del Frente Grande, a Alfredo Villalba del Frente para el Cambio, a Oraldo Britos del PJ, y a los correntinos Noel Brear y Araceli Méndez.

La mayoría de los pedidos está dirigida a los nueve ministros Augusto Belluscio, Antonio Boggiano, Gustavo Bossert, Carlos Fayt, Guillermo López, Eduardo Moliné O'Connor, Julio Nazareno, Enrique Petracchi y Adolfo Vázquez, a quienes se acusa de mal desempeño de sus funciones.

Las acusaciones están basadas por el dictado de fallos relacionados con el recorte salarial, causa armas, la libertad de Carlos Menem y Emir Yoma, como sucede en el caso de ARI, las restricciones bancarias, y la ineficiencia de la Corte para administrar el presupuesto de la Justicia. Este último caso corresponde a la Garré.

La Constitución establece que los casos en los que se busca cuestionar a los ahora nueve jueces de la Corte deben ser investigados por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que revisa los documentos o las pruebas, cita a testigos y, llegado el caso, presenta el caso ante el plenario de la Cámara. Este plenario, con los dos tercios de los votos -es decir, con lo que se denomina «mayoría especial»-, puede formalizar la acusación, en cuyo caso el tema pasa al Senado, que debe constituirse en tribunal para resolver.

La Comisión, que tiene mayoría de diputados peronistas, se reunirá todos los jueves a las 11 y tratará los 28 pedidos de juicio, de los cuales 10 fueron presentados por diputados y 18, por particulares, mientras que las sesiones de las subcomisiones serán los martes.

La Comisión cuenta con 31 miembros, 16 del PJ, 7 de la UCR, 2 de Alternativa por una República de Iguales (ARI) y 3 diputados provinciales. La vicepresidenta es la frepasista Nilda Garré, y Norma Godoy (PJ) es la vicepresidenta segunda. Angel Geijo (UCR) y Ricardo Bussi (provinciales) son dos de los tres secretarios de la Comisión.

• Cavallista

El segundo de los tres representantes provinciales es el cavallista cordobés (ex juez) Guillermo Johnson, en tanto que el ARI nombró como representantes a Elisa Carrió y a Héctor Polino.

Los miembros de la Comisión que pertenecen a la UCR son: Geijo, Fortunato Cambareri, Simón Hernández, Carlos Iparraguirre, Marta Milesi, Juan Jesús Míguez y Ricardo Nieto Brizuela.

Entre los legisladores del PJ se cuentan Acevedo, Godoy, José Marabille, José María Díaz Bancalari, José Falú, Franco Caviglia, Jorge Casanova, Graciela Camaño, Jorge Villaverde, Miguel Angel Toma, Carlos Alessandri, Eduardo Di Cola, Manuel Baladrón,Alejandra Oviedo, Enrique Tanoni y Julio Gutiérrez.

La Corte fue un blanco permanente en las múltiples protestas populares realizadas en la Argentina desde el estallido social de diciembre pasado, cuando renunció Fernando de la Rúa.

Desde principios de enero, todos los jueves se reúnen centenares de personas -abogados laboralistas entre ellos, interesados en el cambio de una Corte que ha concluido con lo que se denominó «la industria del juicio»-, en las puertas de los tribunales para exigir las renuncias de los jueces, algunos de los cuales, incluido su presidente, Julio Nazareno, fueron «visitados» por algunas de esas personas en sus propios domicilios.