Decidirá la Presidente si se vende alcohol en rutas

La Cámara de Diputados aprobó anoche el plan de Seguridad Vial que Cristina de Kirchner envió al Congreso y que unifica en todo el país el sistema de registro por puntaje y la aplicación de multas por infracciones. Los diputados volvieron a modificar la ley, después que el Senado eliminó -para evitar una violación constitucional- la creación de un impuesto sobre las pólizas de seguros que el gobierno incluyó en la ley para financiar la nueva Agencia de Seguridad Vial. Los diputados repusieron el financiamiento, pero con un impuesto distinto -una contribución obligatoria de 1 % sobre las pólizas que deberá recaudar la Superintendencia de Seguros- y, además, reformaron otra de las incorporaciones del Senado. Allí, por pedido de la oposición, los senadores habían incorporado un artículo donde se prohibía la venta de alcohol en comercios cercanos a las rutas. Ayer esa disposición se flexibilizó: se «limitará» la venta de bebidas alcohólicas y será el gobierno el que reglamente hasta dónde tendrá vigencia esa restricción.

Todo terminó así entre protestas de intendentes y presiones de restaurantes y diputados de provincias vitivinícolas.

Objetivo

El proyecto, que ahora debe volver al Senado, modifica la actual Ley de Tránsito y apunta a reducir, de acuerdo a como lo explicó en la Casa Rosada Cristina de Kirchner, en 50 % la cantidad de accidentes en un plazo de cinco años.

La encargada ayer de defender el proyecto del Poder Ejecutivo fue la kirchnerista salteña, Zulema Daher, jefa de la comisión de Transporte que el martes se había reunido para emitir dictamen del texto, en un plenario junto a la comisión de Presupuesto y Hacienda del que participó el secretario de Interior, Mario Barboza.

En el recinto, el proyecto logró el consenso de la mayoría de los bloques que anticiparon desde el inicio del debate el apoyo en general de la iniciativa pero adelantaron cuestionamientos en el debate en particular.

La futura ley crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial en el ámbito del Ministerio del Interior, que será la encargada de establecer un único registro de conducir a nivel nacional y diseñar el sistema de « puntaje». A través de ese mecanismo, se restarán puntos por cada infracción -un sistema similar al que se aplicará en la Capital Federal- aunque el diseño de ese sistema será establecido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

El centro del plan será esa nueva agencia que contará con un sistema de revisión técnica obligatoria para todos los vehículos que integren el parque automotor y obligará en el futuro a aplicar medidas de seguridad como la doble bolsa de aire para amortiguación de impactos y un sistema antibloqueo de frenos.

Pero el problema central de las discusiones fue siempre el financiamiento. Ayer los diputados consagraron la creación de una contribución obligatoria de 1% sobre las primas de seguros, que deberá recaudar la Superintendencia de Seguros, en un curioso rol que asumirá como sustituta de la AFIP. La Agencia Nacional también recibirá fondos de los municipios y las provincias por parte de las multas que apliquen y los derechos que cobren para emitir los registros de conducir, de las partidas que fije anualmente el Presupuesto Nacional y de servicios que preste la agencia a terceros.

Poco antes de que comenzaráen Diputados la votación del proyecto, en el Senado se produjo un hecho insólito para la era kirchnerista: se aprobó un proyecto de resolución que indica al Poder Ejecutivo medidas de seguridad extraordinarias a tomar en las rutas de todo el país durante Semana Santa para evitar que se multiplique la ya grave situación por accidentes. Lo curioso no se limita al aporte del Senado a la presidencia, sino que ese proyecto fue una creación del socialista santafesino Rubén Giustiniani.

«Durante el próximo fin de semana largo van a salir a las rutas nacionales y provinciales alrededor de un millón de personas», dijo Giustiniani en el recinto. Miguel Pichetto, en un hecho casi sin precedentes, aceptó el pedido y explicó que se trataba de un proyecto «para notificar al Ejecutivo de un conjunto de sugerencias para implementar en Semana Santa, que es cuando se mueve la familia. El tema de la restricción de camiones habría que profundizarlo para más adelante con algún contenido legislativo. Porque cuando la gente muere, luego hacemos toda la perorata del lamento», dijo. El pedido de restricciones se refería a las limitaciones que se establecían en el proyecto a la circulación en rutas durante esos días, salvo por fuerza mayor, de camiones, cosechadoras o máquinas, un tema urticante en Santa Fe.

Esa resolución pide la « realización de pruebas de alcoholemia a conductores profesionales en las salidas de las terminales y paradas de ómnibus de media y larga distancia y controles en las planillas para el cumplimiento de las jornadas horarias legales».

También exige un «control en cada puesto de peaje de la cantidad permitida de pasajeros en vehículos particulares y el correcto funcionamiento de los dispositivos elementales de seguridad».