Denuncian que España facilitó financiamiento a la dictadura de Videla

El rey Juan Carlos y Jorge Rafael Videla

España financió a la dictadura de Jorge Rafael Videla, según publica hoy el diario español Público, que aporta archivos secretos de los acuerdos firmados por el rey Juan Carlos, banqueros y funcionarios del gobierno de Adolfo Suárez.

El rey Juan Carlos fue el encargado de facilitar los acuerdos firmados entre España y Argentina, según muestran los archivos en poder de Público.

El 1 de julio de 1976 el monarca recibió al embajador argentino en España, Leandro Enrique Anaya.

Ante la próxima visita a España del entonces ministro de Economía argentino, José Alfredo Martínez de Hoz, el rey prometió a Anaya que "tendría la mejor acogida y disposición de banqueros, inversores e industriales, para concurrir al encauzamiento y solución de los problemas que pudieran plantearse y/o proponerse".

El rey Juan Carlos le dijo que "España estaba en el mejor estado anímico para concretar operaciones comerciales y financieras con la República Argentina".

Cuatro días después de la reunión entre Anaya y el rey, Argentina anunciaba la firma de un convenio con España para retomar la venta de carne, paralizada desde hacía seis años. 

Semanas después del acuerdo, Martínez de Hoz llegó el 22 de julio de 1976 a España, donde fue recibido por el rey Juan Carlos, el gobernador del Banco de España, Luis Coronel de Palma, y el banquero Alfonso Escámez, presidente del Banco Central.

Coronel de Palma organizó para Martínez de Hoz un almuerzo al que asistieron 64 personas, entre ellos los ministros de Comercio, Industria y Hacienda, así como los presidentes de los principales bancos y empresarios.

El principal tema del almuerzo fueron las posibilidades de negocios para ambos países. 

El entonces presidente español, Adolfo Suárez, designó a su ministro de Comercio, José Lladó, para negociar un millonario acuerdo con Argentina.

Lladó y Martínez de Hoz firmaron ese mismo año en Buenos Aires un documento por el que ambos estados acordaban "poner en práctica un programa de cooperación económica y financiera".

Por este acuerdo, España vendería a Argentina "bienes de equipo, barcos de características especiales, dragas y otros elementos flotantes, así como equipos de carga y descarga para puertos, locomotoras y demás material ferroviario, y otros equipos y plantas industriales" por un valor total de 290 millones de dólares.

Además, el Banco Exterior de España se comprometió a establecer "una línea especial de crédito" que permitía "amparar compras argentinas por un valor máximo de 150 millones de dólares".

España también otorgó a Argentina "un crédito en condiciones concesionarias por valor de 50 millones de dólares".

El documento reservado señala que "parte de este crédito será utilizado para colaborar en el desarrollo de la industria naval argentina".

El 3 de diciembre de 1973 los dos delegaciones firmaron el "Protocolo de cooperación comercial y financiera entre la República argentina y el Gobierno de España", documento que lleva el sello de "confidencial".

En él, Argentina se comprometía "en el plazo más breve posible" a firmar contratos con la empresa Astilleros Españoles para la construcción de "dragas y remolcadores de diversos tipos y eventualmente otro tipo de buques a sugerencia de la Secretaría de Estado de Intereses Marítimos", por un valor aproximado de 140 millones de dólares.

Además, Argentina garantizaba que se otorgarían "las máximas facilidades" para que las instituciones y empresas del sector público o privado argentino adquiriesen a España "bienes de capital por un valor de 150 millones de dólares" que serían financiados mediante la línea de crédito otorgada por Madrid.

El diario Público apunta que sólo durante los tres días que duró la visita del ministro español a Buenos Aires -del 1 al 3 de diciembre- desaparecieron más de 100 personas en Argentina. 

Según informes elaborados por la embajada argentina en España, las relaciones comerciales entre ambos países alcanzaron su máximo histórico durante la dictadura.

El comercio entre ambos países pasó de 14,7 millones de dólares en 1961 a 450,8 millones de dólares en 1977.

En 1983, poco antes del final de la dictadura argentina, el entonces consejero comercial de la embajada argentina en España, Sebastián Iturrioz, elaboró un informe en el que advirtió que "España hizo su negocio sin otorgar ninguna concesión".

Puso como ejemplo que los acuerdos en materia pesquera permitieron "a la flota española desembarazarse de numerosas unidades -algunas obsoletas- que habían quedado inactivas".


Por Mónica Uriel, de la agencia ANSA