Desata una crisis política el subsidio que lanza Duhalde

Eduardo Duhalde y su esposa lanzarán hoy su producto político más importante: anunciarán que se comienza a pagar el Plan Jefas y Jefes de Hogar. Pero el festejo duhaldista ya está empañado. El programa social presenta fallas de logística para la distribución, acusaciones por la falta de control en la entrega y poca transparencia en el manejo. Los fondos llegarán a los necesitados a través de las provincias y municipios, pero también gracias a planillas que llenaron a discreción diputados y senadores. Esta irregular forma de distribución ya generó una crisis política de importancia. Reutemann y De la Sota se niegan a que se entreguen diez mil planes en Santa Fe y setenta mil en Córdoba que llegarán de manos de piqueteros sin ningún control provincial. La situación es de tal gravedad que el Senado bonaerense votó por unanimidad un pedido de explicaciones a Duhalde para saber por qué se hace política con planes por fuera de los municipios. Los intendentes ya denunciaron manipulación política de un sistema de protección social que, de constituir una necesaria red de contención para los afectados por la desocupación, puede terminar en un escándalo.

Carlos Reutemann-Felipe Solá fue, hace un par de semanas, la fórmula imaginada por un sector del duhaldismo para continuar en el poder a partir de 2003. Nadie supuso, mientras se hacían esos planes, que antes esos dos gobernadores se convertirían en pasables verdugos del gobierno nacional en el proyecto que más acarician Eduardo Duhalde y Sra.: el plan para jefes y jefas de hogar.

Cuando se reunió en Monterrey con Horst Köhler, el director del Fondo Monetario Internacional, Duhalde sacó pecho con la siguiente presentación: «Yo no entiendo de economía pero desde hace 30 años sé cómo se hace política social. Eso es lo mío». Sin embargo ahora, cuando debe cambiar de escala y trasladar la experiencia de Lomas de Zamora o la provincia de Buenos Aires a la dimensión nacional, el Presidente comenzó a encontrar dificultades que no había previsto. El plan social, criatura a la que los Duhalde dedicaron lo mejor de su atención desde que asumieron el gobierno, se convirtió ya en un escándalo político.

Reutemann siguió ayer plantado en su disidencia con el modo en que el gobierno nacional organizó el programa de distribución del «dinero» (150 LECOP por jefe de hogar). Está indignado con que se hayan asignado 10.000 beneficios a través de los piqueteros y no de la provincia o de las municipalidades. «Lole» ya había insinuado que el gobierno nacional quiere exportar el conflicto bonaerense a los demás distritos del interior, con una intencionalidad política. Ahora agregó: «Voy a buscar a esos 10.000 desocupados, para identificarlos. Quiero saber quiénes son». Supone que la multiplicidad de «bocas de expendio» puede dar lugar a fraudes, es decir a que cobren personas inexistentes o que haya quienes perciben más de una vez, por distinta vía, el mismo beneficio. Con estas prevenciones políticas y administrativas, Reutemann les presta voz a otros mandatarios que, más discretamente, manifiestan la misma preocupación. Es evidente que Aníbal Fernández, quien se comunicó con él para despejar cualquier tipo de suspicacia, no consiguió convencerlo.

• Sutil

Solá siguió por el camino del santafesino, aunque por la posición que ocupa su queja es más sutil. Es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, a quien Duhalde mira como una especie de regente (como aquellos mandatarios decimonónicos, al «Negro» no le disgustaría que lo llamen «gobernador propietario»). Sin embargo, Solá denunció que «hay 70.000 programas para jefes y jefas de hogar que no los entregó la provincia. Supongo que fueron entregados directamente por el Ministerio de Trabajo». Es comprensible que a Reutemann le disguste que los Duhalde se entrometan en su distrito a repartir plata, lo que previsiblemente deriva en un clientelismo político como el que practicaron cuando estaban al frente de la gobernación, en La Plata. Pero, ¿por qué se queja Solá? ¿No es «natural» que el Presidente y su esposa hagan «política social» en su propio feudo político? Al parecer, el gobernador se propone demostrar que el distrito no debería ser tomado tan sencillamente como una extensión del gabinete nacional. En un gesto institucional que el duhaldismo estricto interpretó ayer, en la Casa Rosada, como un desafío intolerable, el Senado bonaerense formuló un pedido para que la administración central informe si inscribió beneficiarios en la provincia «sin el conocimiento, aval o registro del gobierno bonaerense». El reclamo fue votado por unanimidad.

¿Por qué el peronismo de la provincia se enfrenta a su jefe y pone en crisis el lanzamiento del programa más importante del gobierno? Sencillamente, para quejarse porque desde la Casa Rosada se alimenta a los «piqueteros» y, sobre todo, para señalarle a Duhalde el temor que produjo el hecho de que sean Luis Barrionuevo y Graciela Camaño los administradores de esas prestaciones. No en vano Hugo Curto y Raúl Othacehé, los dos principales adversarios de Barrionuevo en la primera sección electoral, son los que más indignación manifestaron con las novedades que introdujo Duhalde en su esquema de poder. Temen que la ministra de Trabajo, o su esposo, tomen venganza en el conurbano por aquellas viejas disputas. Antes de que comiencen las pedradas, algunos duhaldistas jefes de hogar aprovecharon para llevarse su propio subsidio: Juan Manuel Valcarcel fue designado al frente de la Subsecretaría de Gestión Pública y Juan Carlos Pezzoa como segundo de la Casa de la Moneda (donde se imprimen los LECOP que se entregan a los desocupados).

• Sospecha

No habría que dejar de prestar atención a este último costado del conflicto por los 150 LECOP. Anoche había quienes sospechaban que, por el solo hecho de hacer fracasar la experiencia y obligar a Duhalde a cambiar de manos la administración del programa, hoy podría haber un boicot en varias municipalidades del conurbano a la hora de la entrega del subsidio. Bastaría con que a quienes se agolpan en la puerta de la comuna les digan que «todavía no nos mandaron la plata» para provocar disturbios. O que, como sucede habitualmente cuando se quieren provocar saqueos a los supermercados, alguien haga correr la voz con la información, deliberadamente falsa, de que «en tal lugar se entregan los 'jefes y jefas'» (en diciembre pasado se hacía correr el rumor de que «en tal supermercado van a regalar comida a tal hora»; cuando no se cumplía la promesa, los convocados saqueaban el comercio).

Camaño alertó sobre posibles desbordes y llamó a que los desocupados «no se dejen perturbar» y, además, «denuncien si existe alguien que quiere aprovecharse como intermediario del programa». La posibilidad no es muy remota: en el Congreso, sin ir más lejos, se repartieron planillas en cantidad para que los diputados y senadores presenten a sus propios «ahijados» desocupados como beneficiarios de las prestaciones. ¿Cómo se controlará ese tipo de distribución, que se suma a la de los piqueteros?

Sería una ironía que este programa, que organizaron defectuosamente Chiche Duhalde, Alfredo Atanasof y «Chichi» Doga (es la ministra de Acción Social, absolutamente inexistente), termine en un escándalo capaz de desmentir la autopresentación de Duhalde ante Köhler. Sobre todo si, además, complica el acuerdo con el Fondo, convertido en prenda por todo aquel que pretenda negociar posiciones de poder con el gobierno, sea el Congreso o el colegio de gobernadores. Por lo pronto, Reutemann y Solá coincidieron también en otro punto: los dos dijeron que no están en condiciones de firmar el acuerdo que se les exige con Nación para presentar ante el organismo multilateral. Los dos adujeron dificultades en el sector del gasto social para dar una aprobación definitiva al ajuste. «Vamos a hacer un estudio fenomenal porque el ingreso se nos ha caído muy fuerte y los gastos de los comedores comunitarios, copa de leche y medicamentos subieron también mucho», señaló Reutemann.