Aunque parezca una escena medieval sobre la inquisición preparando los elementos de tortura, Diputados de todos los partidos juran que los proyectos para agilizar la reglamentación de las intervenciones federales que serán tratados esta semana no están dirigidos a ninguna provincia, ni ciudad autónoma, en particular. En realidad se trata de unificar en un proyecto todo el procedimiento de intervención a cualquier distrito -acto que sólo puede disponer el Congreso- para evitar las disputas y confusiones que se dieron cuando se votó la intervención a Santiago del Estero, además de limitar el tiempo y los poderes del interventor. Uno de los objetivos que comparten los ocho proyectos que están a estudio es reducir a un máximo de 180 días para la extensión de una intervención federal para que no puedan ser prorrogados por decreto presidencial.
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Los diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados comenzarán a analizar 8 proyectos que ya fueron estudiados por una subcomisión que intenta unificar todos los criterios. De acuerdo con el artículo 6 de la Constitución Nacional, la intervención federal es una herramienta «para garantizar la forma republicana de gobierno, repeler invasiones exteriores y sostener o restablecer a las autoridades constituidas». Pero no existe hoy una reglamentación completa sobre cómo se utiliza esa facultad, más allá de la doctrina constitucional.
El tema quedó en evidencia en marzo de 2004 cuando se debatió en el Congreso la intervención de Santiago del Estero, sobre todo en el debate acerca de las autonomías municipales, es decir, si la intervención de una provincia debe o no alcanzar a todos los gobiernos locales.
Mientras los proyectos peronistas establecen que en caso de silencio en la ley de intervención se entenderá que los municipios no son alcanzados, el arista Adrián Pérez sostiene que esa herramienta nunca podrá extenderse a las administraciones locales.
La mayoría de los proyectos coincide en mantener las causales planteadas en la Constitución para disponer la intervención y hace referencia a la necesidad de establecer claramente los alcances de las atribuciones y restricciones que tendrá el funcionario designado por el gobierno para ese cargo.
En cuanto a las diferencias entre los diversos proyectos, figura la posibilidad de realizar controles a las intervenciones federales y en torno a las restricciones de las acciones que puede llevar adelante el funcionario designado por el Ejecutivo y, sobre todo, en los controles sobre su actuación.
• Controles
El proyecto del peronista bonaerense Juan José Alvarez, se propone que sea la Auditoría General de la Nación la encargada del control, mientras que el macrista Jorge Vanossi dispone que, a los 30 días de finalizada la intervención, el Ejecutivo deberá informar al Congreso sobre el resultado de la misma.
En tanto, otra propuesta presentada por el justicialista Manuel Baladrón impulsa la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento de la Intervención Federal, encargada de realizar un control permanente de los funcionarios designados por el Poder Ejecutivo.
Sí hay coincidencia en que no tendrá más facultades que las que determina la intervención y las que la Constitución local les otorga a las autoridades desplazadas, y deberá llamar a elecciones de acuerdo con las normas locales. Entre las prohibiciones que tendrá el funcionario designado, los proyectos establecen que el interventor no podrá crear nuevos impuestos, otorgar concesiones de servicios públicos ni convocar a una Asamblea Constituyente.
Una curiosidad es que se pretende introducir mayor poder al Congreso: si bien se mantiene la facultad del gobierno para designar al interventor, se quiere limitar ese poder a diez días para nombrarlo, plazo después del cual podrá hacerlo el Congreso.
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