La ausencia de funcionarios en el Congreso para explicar responsabilidades en el caso Southern Winds se está convirtiendo en una estrategia fallida para el gobierno. Lejos de calmarse, la oposición sigue reuniendo argumentos a la espera de que se cumpla algún día la promesa del PJ de llevar, aunque más no sea, a José Pampuro a declarar en una comisión. Pero ahora apuntan además a investigar cómo se administró el subsidio del Estado a SW. El justicialismo, cercado por la oposición, volvió a prometer la presencia de Alberto Fernández la semana próxima ante comisiones para responder todas las preguntas sobre seguridad y tráfico de drogas en Ezeiza, pero nadie hoy lo cree. Ni siquiera los propios peronistas, que estallaron el miércoles en una crisis durante una reunión de bloque, también por la falta de funcionarios que dieran la cara: «Si todo está tan claro, por qué no vienen los ministros», preguntó más de un diputado.
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Así, a las valijas, la cocaína, los funcionarios que vieron o no vieron y el descabezamiento de la Fuerza Aérea, se sumó ahora un debate más que lógico: los subsidios que maneja la Secretaría de Transporte y cómo se administró el acuerdo entre el Estado y SW para que se hiciera cargo de los empleados de LAFSA.
La oposición en el Congreso, especialmente el ARI, el radicalismo y Alicia Castro, quiere saber cómo administró Ricardo Jaime ese curioso subsidio por el que se le otorgaron a SW $ 4,2 millones mensuales en combustibles y $ 3,6 millones en sueldos por los 400 empleados de LAFSA que tomó la aerolínea.
• Sueldos
¿Cuál es el número que no les cierra a los diputados? La oposición sabe, por relato directo de los empleados de SW, que el sueldo promedio de los contratados de LAFSA no se ubica en $ 10.000, como indicaría el simple cálculo sobre el subsidio. Allí surge la primera pregunta.
Pero además, se va a cuestionar a la secretaría que dirige Jaime, especialmente Alicia Castro, que no se hayan valuado las rutas en poder de LAFSA que se dieron en explotacióna SW. Esas rutas tienen un valor económico para cualquier compañía, por lo que deberían sumarse al monto del subsidio.
En la última reunión del bloque PJ el tema central fue la ausencia de funcionarios en el Congreso para dar explicaciones. Ese día el PJ había fallado en conseguir sesionar para ratificar los tratados antiterrorismo que suscribió la Argentina, todo como producto de la negativa a aceptar interpelaciones.
Fue entonces, después de una dura reunión de la Comisiónde Labor Parlamentaria donde Eduardo Camaño debió resistir los golpes más duros desde la oposición que se recuerde de hace meses, que empezó un cruce de discursos para deslindar responsabilidades. «¿Si todo es tan claro, por qué no vienen los ministros?», fue la poco inocente pregunta de un duhaldista, a lo que se sumó un norteño: «Dicen que van a venir y después los propios ministros piden que no los traigan».
Lo que sí quedó en evidencia es que hasta no aclarar la cuestión con el gobierno, sería muy difícil conseguir que Diputados sesione.
Para destrabar la situación, Eduardo Camaño se reunió ayer con el radical Horacio Pernasetti. Intentó allí convencera Pernasetti de que acepte llevar al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, a un plenario de comisiones para que responda a todas las preguntas sobre el tráfico de drogas de la Argentina a España, pero el radical rechazó la propuesta. El problema es que este Fernández no es el único funcionario reclamado por la oposición. Hay pedidos para José Pampuro, Aníbal Fernández, Julio De Vido y Ricardo Jaime.
No era un día tampoco para que Pernasetti aflojara como opositor: minutos antes, el ARI había pedido la renuncia de Jaime bajo el argumento de que «no controla nada y el presidente Kirchner lo mantiene en el cargo porque es un hombre del riñón y, además, maneja una caja multimillonaria».
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