Diputados sancionó ley de protección "integral" a las mujeres y abrió el debate por el aborto

La Cámara de Diputados abrió un nuevo debate sobre el aborto, tras sancionar una ley que plantea la protección "integral" de las mujeres, a fin de "prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género en todos los ámbitos de las relaciones interpersonales".

En el marco del inicio de las sesiones, los legisladores aprobaron la iniciativa por 173 votos afirmativos y 5 abstenciones, convirtiéndola en ley, ya que había recibido el visto bueno en el Senado el 26 de noviembre de 2008.

La medida, que condena a quien "vulnere el derecho de las mujeres a decidir el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos", se interpretó como una instancia previa al tratamiento de la despenalización del aborto no punible, proyecto que está dando vueltas en la Cámara baja.

"Queremos desalentar el aborto, pero queremos que hayan buenas leyes de educación. El año pasado no pudimos avanzar en la despenalización del aborto no punible, pese a la fuerte vocación que había", afirmó la diputada del Encuentro Social y Popular Vilma Ibarra.

Por su parte, la legisladora de la Coalición Cívica Claudia Fernando Gil Lozano se quejó porque el debate del aborto fue "silenciado" en el período de sesiones de 2008, pero convocó a "seguir insistiendo" con el tema.

"Es una avance en la lucha contra la violencia hacia las mujeres", afirmó la diputada de Libres del Sur, Cecilia Merchán, y llamó a "avanzar en otras iniciativas legislativas, como la incorporación al Código Penal de la figura del infanticidio y la despenalización del aborto, que no fueron tratados el año pasado".

La ley que se sancionó castiga la violencia de género y establece que el Estado garantizará la eliminación de la discriminación a las mujeres; el derecho a una vida sin violencia; la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres; y el acceso a la Justicia.

Según la medida, se entenderá como violencia contra las mujeres "toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida".

A la vez, la norma contempla la "violencia laboral", y condena a quienes obstaculicen el acceso al empleo de las mujeres, al exigir "estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo".

El menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer a través de "la perturbación de la posesión de sus bienes, la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades, la limitación de sus ingresos, o la percepción de un salario menor por igual tarea", también son razones de castigo dentro de esta norma.

Incluso, la iniciativa aborda la "violencia simbólica", impuesta a través de "patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos que transmitan dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad".