Diputados y senadores adelantan vacaciones

El Congreso comenzará a despedirse entre mañana y pasado: las sesiones de esta semana en Senado y Diputados -en ese respectivo orden cronológico- serán las últimas hasta las elecciones del 14 de octubre. Salvo que medie otra razón de fuerza mayor que obligue a posponer las campañas. Si todo sale de acuerdo con el cronograma de los legisladores, especialmente de los que son candidatos en sus distritos, habrá que esperar a la convocatoria a extraordinarias, y con temario definido por el Ejecutivo, para que diputados y senadores vuelvan a sus quehaceres.

Además de infinidad de proyectos de declaración y de comunicación que suelen colarse a libro cerrado en estas sesiones de fin de ciclo, es muy posible que deban debatir la posición de la Argentina frente a la crisis internacional por los atentados terroristas contra Estados Unidos. Lo que es seguro es que hay 2 cuestiones casi excluyentes -especialmente la primera- que intentarán convertirlas en ley:

• La coparticipación del impuesto al cheque, pedida por todas las provincias sin excepción entre peronistas o aliancistas, recibirá media sanción en la Cámara alta dentro de 24 horas. Allí espera turno en la comisión de coparticipación, que comanda el sanjuanino José Luis Gioja, para bajar al recinto y de allí girar hasta la otra ala parlamentaria para recibir la aprobación completa.

• Una iniciativa del senador tucumano José Carbonell -consensuada con otra similar del riojano Jorge Yoma- que permitirá refinanciar deudas a estatales, jubilados y empleados de empresas privadas que hayan sufrido recorte de haberes (en el caso de la administración pública y de clase pasiva, 13 por ciento, según la letra del déficit cero). La posibilidad de pedir un nuevo plan de cuotas a acreedores públicos y privados abarca compraventas, hipotecas, locaciones, leasing y hasta tarifas de servicios públicos.

En ningún caso existe la garantía de que no se podrá disminuir el monto adeudado ni afectar deudas contraídas con posterioridad a la poda de sueldos o jubilaciones. La norma será votada en la Cámara de origen y luego tratada en Diputados, donde ya existía un pedido de características casi calcadas de Oscar Lamberto (PJ-Santa Fe).

Antes de la sesión de pasado mañana, Rafael Pascual impulsará en la Cámara baja una propuesta oficialista destinada a recortar el gasto político a nacional, provincial y municipal. Aprovechando que en la última deliberación de ordinarias deben seguir con el análisis de la reforma política, ya con media sanción del Senado, el presidente del cuerpo fogoneará este plan destinado a establecer topes del presupuesto nacional asignados al Congreso y, al mismo tiempo, poner un techo a las dietas parlamentarias. Según el proyecto de la Casa Rosada, los haberes de los legisladores nacionales equivaldrán a 90% de la retribución del jefe de Gabinete ($ 5.900), mientras que los emolumentos del Parlamento serán de 1% del presupuesto. Asimismo, se invita a las provincias a trasladar el mismo régimen a sus respectivos distritos.

Tanto esta iniciativa gubernamental como la reforma política deberán volver al Senado, aunque seguramente en extraordinarias, ya que no habrá tiempo de volver a reunir al cuerpo para que este paquete de leyes obtenga sanción completa antes de los comicios. La urgencia por asegurarse financiamiento para la campaña -incluida en la votación de la Cámara alta de la reforma- quedó superada por un decreto de Fernando de la Rúa que cotiza $ 1 por voto para los partidos en temporada de caza de votos y que se conoció el viernes, tal como adelantó este diario.

La reforma política incluye la elección de candidatos a presidente y vice en internas abiertas y simultáneas en todos los partidos, así como limita la duración y los gastos en tareas proselitistas. Uno de los puntos conflicto es el origen de los fondos. Frepasistas y Elisa Carrió pretenden que las campañas sean solventadas con partidas del Estado y sin participación de privados. El Senado dio media sanción a un financiamiento mixto. En esta Cámara, está pendiente la ratificación de Hugo Bruzzone como director del Central. A pesar de la resistencia de la UCR (le reprochan a la cúpula del BCRA haber impedido que el Nación sea agente financiero de Entre Ríos), los senadores del PJ quieren destrabar mañana la designación de autoridades, congelada desde hace más de 1 mes, cuando se confirmó a otra funcionaria de la entidad, Amelia Martínez Christensen. Salvo ella y el presidente del BCRA, Roque Maccarone, ninguno de los nuevos miembros de la conducción bancaria fue avalado por el Congreso. Esperan número en la Comisión de Acuerdos, amén de Bruzzone, el vice Mario Blejer y el cavallista Felipe Murolo, también a cargo de otra silla en el directorio.