El Gobierno decidió extender hasta fin de año la vigencia de la doble indemnización, el mecanismo que penaliza los despidos sin causa y que rige desde diciembre pasado cuando lo firmó Alberto Fernández a los pocos días de haber asumido. La prórroga, en línea con lo que había pedido la CGT y como anticipó ayer Ámbito, se dará a conocer en las próximas horas a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia que regirá en paralelo con la prohibición de despidos y suspensiones, vigente hasta fin de julio.
Prorrogan la doble indemnización hasta fin de año; listo el DNU
La medida regirá en paralelo con la prohibición de las cesantías y las suspensiones unilaterales, pautadas hasta fin de julio por lo menos.
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La medida apuntará a poner un freno a las cesantías y en particular a las indirectas: es decir aquellas en las que el empleador, en lugar de enviar un telegrama, intenta forzar la desvinculación con el incumplimiento de sus obligaciones hasta hacer que el dependiente se considere despedido. Se trata del atajo más habitual detectado por el Ejecutivo junto con los supuestos acuerdos de retiros voluntarios, considerados un fraude laboral.
La doble indemnización fue impuesta por la administración de Alberto Fernández en diciembre pasado a instancias del DNU 34/2019 que declaró por 180 días la emergencia ocupacional. Se trata de una medida menos drástica que la prohibición por tratarse de una penalidad para el empleador consistente en duplicar el pago de los rubros indemnizatorios durante su vigencia y que sólo dejaba al margen las contrataciones efectuadas después de la publicación de esa norma. El plazo vencía entre este miércoles y el sábado, y la CGT, como informó este diario, había pedido extenderlo.
El debate que se había planteado en el Ministerio de Trabajo giraba en torno del eventual choque entre la vigencia de la multa indemnizatoria como disuasión frente a los despidos y la directa prohibición que estableció el DNU 329/2020 y la prórroga, hasta julio, del 487/2020. En la cartera laboral explicaron que más allá de que los últimos decretos impedían en teoría cualquier desvinculación unilateral no alcanzaban para evitar el despido indirecto. Así, cerca de Moroni entienden que la subsistencia de la duplicación indemnizatoria operará como elemento extra para la búsqueda de alternativas por parte del empleador.
En lo que va de la pandemia en la Argentina el mercado laboral mostró un panorama sombrío. Sólo en marzo, primer mes de la cuarentena y con dos tercios de actividad, más de cien mil puestos de trabajo se destruyeron, según cifras oficiales. Una proyección de la Universidad Católica establece que hasta mayo unas 900 mil personas se quedaron sin empleo, en su mayoría en rubros informales. La crisis se atemperó por la vigencia de la doble indemnización y de la prohibición de despidos y suspensiones, por un lado, y de los estímulos a las empresas con subsidios al salario y créditos blandos por otro, coinciden los laboralistas y dirigentes sindicales.
“Insistimos en que hay que prorrogar la doble indemnización. Es verdad que están prohibidos los despidos pero también es cierto que si alguien baja la persiana y no acepta ninguna reinstalación, no es lo mismo plantear el debate por el puesto de trabajo con la simple indemnización que con la doble. Hay que discutir este tema porque la prohibición existe pero igual hay caída del empleo”, le había dicho a este diario el cotitular de la CGT, Héctor Daer. Anoche en la central obrera había satisfacción por entender que el titular de la cartera laboral, Claudio Moroni, había terciado a favor de su requisitoria.
En la CGT, de todos modos, subsistía un debate sobre la conveniencia de una gestión integral para salvaguardar el instrumento de encarecimiento de los despidos. Sobre todo porque el Gobierno venía de prorrogar a mediados de mayo la prohibición de las cesantías por DNU hasta fin de julio y algunos referentes consideraban que para entonces habría que focalizarse en el sostén del freno mayor en lugar de aplicar lobby para una medida en algunos espacios visualizada como redundante. La mirada de la CGT también está puesta en las chances que tendrá el Ejecutivo de estirar los subsidios ATP al pago de salarios en el sector privado con los haberes de junio, en lo que debería ser el tercer desembolso de ese instrumento.
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