DOCUMENTO DE LA MESA DE DIÁLOGO PRESENTADO A DUHALDE (11/7/02)

BASES PARA LAS REFORMAS:
PRINCIPALES CONSENSOS
•La inédita crisis argentina, que ha erosionado la legitimidad pública y privada, es tan grave y de tal naturaleza que la convivencia y la democracia se encuentran seriamente amenazadas. Esta crisis incluye cuatro años de recesión, desempleo sin precedentes, aumento incesante de la pobreza, la indigencia y la exclusión social, problemas crónicos de las finanzas públicas, una extendida ruptura de la seguridad jurídica y la pérdida completa del sentido de lo público y del bien común.

 •La gravedad de la situación requiere soluciones a la vez urgentes y profundas, basadas en una visión del país de largo plazo, en políticas integrales y coherentes, superadoras del pasado. Esta es la tarea que, en el marco del estricto respeto de la Constitución Nacional, le corresponde a un período de transición.

•La salida es posible pero debe construirse a partir de valores comunes: la recuperación de la confianza, como valoración del prójimo, la previsibilidad y las reglas de juego; la credibilidad, ligada especialmente a la honestidad y a la transparencia de todos los actores; la solidaridad como expresión de una mayor justicia distributiva y de una austeridad compartida; en fin, la identidad nacional, como la justa valoración del pasado y la vocación de construir una visión o proyecto de país ampliamente compartido.

•La transición hacia un tiempo nuevo es un proceso que reclama la participación de todos y cuya eficacia y credibilidad exigen particularmente de la dirigencia política, financiera, sindical, empresarial y social gestos y decisiones que exhiban cambios de conducta y explícitas reglas de juego . En definitiva, para alumbrar un futuro diferente y sentar las bases de la reconstrucción, la transición ha de nutrirse de actitudes de grandeza y desprendimiento, decisiones ejemplares capaces de renovar las instituciones y los comportamientos públicos.

•En este contexto, las organizaciones de la sociedad civil, las redes y los nuevos espacios de asociatividad, basados en la lógica del desprendimiento y la reciprocidad, expresan el mandato ciudadano de construcción del sentido de equidad. La cooperación de los ciudadanos, su participación en organizaciones y movimientos sociales y su capacidad para establecer relaciones recíprocas y concertadas en redes de organizaciones del más diverso tipo resalta la importancia de los lazos horizontales para afrontar la crisis.

•Por ello, vistos las "Bases para el Diálogo Argentino", de fecha 30 de enero de 2002 y el documento "Construir la Transición", del 28 de febrero de 2002, la Mesa del Diálogo ha recogido los consensos expresados en su seno para que sirvan de guía, estímulo y orientación a esta instancia de transición, en la que primordialmente los argentinos necesitamos recuperar la credibilidad en nosotros mismos y, a través de estas acciones y decisiones, el valor de la palabra empeñada y la paz social.

I. Construir una sociedad más equitativa

1. Equidad en los costos de la crisis. Los inevitables costos de esta profunda crisis deben ser distribuidos con equidad. Para ello es necesario eliminar todos los privilegios y excepcionalidades vigentes en los presupuestos públicos; resolver lo antes posible la indisponibilidad de los depósitos bancarios; establecer un justo balance entre acreedores y deudores y gravar a quienes tienen mayor rentabilidad o patrimonio, impidiendo el traslado de la carga del endeudamiento privado hacia el Estado. La cultura del trabajo, de la producción y la austeridad deben guiar a todos los agentes económicos.

2. Atención prioritaria y renovada de la emergencia social. La Mesa del Diálogo Argentino, recogiendo la demanda ciudadana, bregó por la atención de la emergencia social, con carácter urgente y como un derecho universal. Con fecha 3 de abril de 2002, el P.E.N. instituyó por Decreto No. 565, el Derecho Familiar de Inclusión Social, que deberá ser objeto de ratificación legislativa. La atención de la emergencia social deberá contar con financiación segura, conformándose un fondo que goce de intangibilidad y con un alto grado de auditoría social que evite el clientelismo. En este contexto, un pacto social por la niñez, deberá ser encarado como política de Estado.

3. La salud como derecho inalienable. Es necesario: i. priorizar la prevención y promoción de la salud, a fin de reducir el riesgo sanitario y epidemiológico, protegiendo especialmente a los grupos más vulnerables, como el materno-infantil y los ancianos; ii. establecer los instrumentos adecuados para resolver la emergencia sanitaria; iii. garantizar la continuidad de los servicios públicos y privados; iv. asegurar la accesibilidad a los medicamentos e insumos críticos. El Estado debe garantizar la vigencia de un sistema integrado de salud, con un adecuado marco regulatorio, que asegure cobertura universal y calidad de atención con independencia de la capacidad contributiva de cada ciudadano, que armonice la libertad y la solidaridad y que aumente la transparencia y eficacia de todos los agentes del sistema: centros de salud y hospitales públicos, obras sociales y entidades privadas.

4. La educación como política de Estado. Debe lograrse una educación de calidad para todos, formadora de las personas y que las capacite para el mundo del trabajo; que dé lugar a la formación docente permanente y promueva a los maestros y profesores más idóneos; que amplíe la cobertura efectiva y los días de clase a un mínimo de 180; que reciba una asignación prioritaria de los recursos; que los utilice primordialmente en los centros de enseñanza y no en la burocracia; que mejore la organización de aquellos y que dé prioridad a las escuelas a las que asisten los más pobres, especialmente los menores de 6 años. Asimismo, se deberá tender al fortalecimiento y al adecuado financiamiento de los sistemas de educación superior y científico tecnológico, asegurando una adecuada vinculación y utilización de los conocimientos generados por parte de la sociedad, el Estado y las empresas.

5. La vivienda digna como ámbito de desarrollo humano. El derecho a la vivienda es reconocido por la Constitución Nacional y también por los acuerdos internacionales. La satisfacción de este derecho es condición necesaria para que el acceso a la salud y la educación puedan consolidarse. La Mesa del Diálogo Argentino ha constituido la Mesa de Vivienda y Emergencia Habitacional, que ha puesto el énfasis tanto en la necesidad del mejoramiento del hábitat comunitario e individual, como en la generación de nuevos puestos de trabajo a través de la reactivación de la construcción.

II. Reconstruir un Estado al servicio de los ciudadanos y fortalecer la democracia

6. Reforma del sistema político y de representación. El objetivo de la reforma es mejorar la calidad de la política y, como un aspecto central de la misma, las garantías de integridad, transparencia y control social. Debe incluir: a) el fortalecimiento de los partidos políticos en su protagonismo central y responsable; b) mejoras significativas en las formas de representación política, facilitando el acceso a las candidaturas, preservando los derechos de las minorías, la proporcionalidad y la equidad de género, garantizando el pluralismo a través de nuevas formas de expresión de la sociedad civil, estimulando la participación popular y el amplio debate público de las cuestiones de interés general; c) una reducción sustancial del "costo de la política" en todas sus dimensiones y en los tres poderes del Estado, cuidando que esta reducción no afecte la calidad de la función ni impida que las personas de menores recursos puedan dedicarse a ella; d) la abolición de los regímenes especiales de privilegio, la depuración del sistema de pensiones graciables y la aplicación del impuesto a las ganancias a las remuneraciones de los jueces; e) la transparencia de la gestión pública, eliminando el financiamiento paraestatal de las clientelas políticas; f) el cumplimiento de las leyes ya aprobadas sobre financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales; g) una modificación profunda del régimen de los partidos políticos, a través de una renovación paulatina de su dirigencia. Para ello, sería conveniente una depuración genuina de las afiliaciones que no responden a la realidad, y proceder a elecciones de nuevas autoridades partidarias por voto directo y con respeto de la representación de las minorías. Las medidas mencionadas podrían alentar actitudes de renunciamiento, que aportarían a la imprescindible tarea de rehabilitar y ennoblecer la política.

7. La reforma de la justicia. La confianza pública en la Justicia es un elemento fundamental para construir una sociedad más equitativa, respetuosa de la ley, de los derechos de todos y apta para el desarrollo económico y social. Para lograrlo, tal como lo ha reafirmado la Mesa Permanente para la Reforma Judicial convocada en el marco del Diálogo Argentino -institucionalizada por Resolución Ministerial y la amplia participación de los actores del sistema-, es imprescindible facilitar a todos, y particularmente a los más pobres, el acceso a la justicia, desterrar la impunidad y las situaciones de privilegio; lograr su completa independencia de los otros poderes; asegurar la aplicación de la ley de modo igualitario, y mejorar su eficiencia. Para hacerlo posible, se lograron ciertos consensos en cuanto a: i) propuestas tendientes a mejorar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento; ii) el apoyo a la ejecución de proyectos concretos de acceso a la justicia, la mejora de los servicios de asistencia jurídica gratuita, y la ampliación de los métodos alternativos de resolución de disputas; iii) la necesidad de fortalecer y lograr cooperación de las escuelas y centros de capacitación judicial, incluyendo el entrenamiento del personal y los funcionarios; y iv) la recomendación de "Medidas concretas para la reducción de la congestión y demoras en las Unidades Jurisdiccionales", mediante el aprovechamiento y organización de los recursos humanos y materiales. Estos avances para la ejecución de la Reforma Judicial deben complementarse con: a) la introducción de mecanismos técnicos para la mejora continua de la Justicia que incluyan sistemas de evaluación y control de gestión tendientes a transparentar su actuación frente a la Comunidad; b) la revisión del funcionamiento y la composición del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento, previendo la despolitización y reducción de las demoras en la selección y remoción de jueces, c) la incorporación de la participación ciudadana mediante reformas en el reglamento de la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación- en el proceso de selección de los jueces de la Corte Suprema, Procurador y Defensor General; d) la reglamentación de la ley de Ética Pública, que incluya a todos los poderes del Estado, y que atienda a su separación e independencia.

8. La transformación y mejora del sistema de seguridad.

Es necesario que el sistema de seguridad interior, en cooperación con la justicia, asegure: i. la necesaria convivencia social, previniendo y combatiendo toda forma de delito, en el marco del respeto a los derechos humanos; ii. la lucha contra el narcotráfico, el lavado de dinero, el contrabando, el fraude fiscal y el tráfico de personas; iii. que se eviten superposiciones en el accionar de las fuerzas de seguridad y que tanto la policía federal como las provinciales operen con eficacia en sus respectivos ámbitos de actuación.
 
9. La Nación y las provincias. Es necesario cumplir con el pacto fiscal recientemente suscripto entre la Nación y las provincias, así como con el objetivo de enviar al Congreso, con carácter prioritario, un renovado proyecto de ley de coparticipación federal sustentado en una clara división de funciones y responsabilidades, de acuerdo a estos principios: la complementariedad y la solidaridad institucionalizada de las jurisdicciones más ricas con las más pobres; una responsabilidad a la vez compartida y diferenciada en la recaudación y en el gasto y que ampliando la participación de los ciudadanos en la gestión pública en sus distintos niveles.

10. La reforma del Estado y las finanzas públicas solventes. Es fundamental mejorar sustancialmente la transparencia y la eficiencia del gasto público y la calidad de sus servicios y prestaciones, recuperando asimismo su autoridad para ejercer los debidos controles. Un programa de reconstrucción y reforma del Estado debe definir sus funciones en el contexto actual de austeridad y formular presupuestos equilibrados, por programas y resultados, eliminando todo tipo de superposiciones, capacitando a los recursos humanos y reasignando recursos hacia las unidades que prestan los servicios, tales como escuelas, universidades, hospitales o juzgados. Sobre esta base será posible recuperar la indispensable solvencia del Estado en sus tres niveles, la que deberá asegurarse asimismo mediante una nueva ley de responsabilidad fiscal para la Nación, las provincias y los municipios, que incluya un sistema explícito de premios y castigos. Los proyectos de regionalización deben ser objeto de estudio.

11. Un nuevo sistema impositivo. Es imprescindible propiciar una reforma impositiva integral para lograr un sistema tributario más simple y accesible a todos, que de por tierra con la cultura de la elusión, la evasión y el contrabando; más eficiente en la recaudación; menos regresivo en la distribución de las cargas; que no deba recurrir permanentemente a impuestos extraordinarios o distorsivos; que aliente y estimule la repatriación de capitales argentinos en un marco de equidad así como la inversión de capital, especialmente la orientada a las actividades más intensivas en trabajo, a la exportación y a la sustitución eficiente de importaciones y, que elimine todo tipo de exenciones o privilegios.

III. Una economía al servicio de la persona e integrada al mundo

12. Modelo de crecimiento económico equilibrado y armónico. Es necesario un modelo de crecimiento económico que incluya a todos los sectores y regiones a través de una distribución del ingreso más equitativa; que evite las migraciones excesivas hacia los grandes centros urbanos con adecuadas políticas de población y territorio; que permita la plena utilización de los recursos locales y que sea capaz de lograr a la vez el pleno empleo, la estabilidad monetaria, un desarrollo sostenible en el tiempo y la promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas y su acceso a programas de asistencia crediticia, tecnológica y a servicios de desarrollo empresarial.

13. Estabilidad monetaria, fomento del ahorro y reconstrucción del sistema financiero. Es necesario evitar la hiperinflación y propiciar políticas fiscales y monetarias que mantengan los equilibrios necesarios para recuperar la estabilidad de precios. Es imprescindible asimismo garantizar a los ahorristas, a través de los instrumentos legislativos adecuados, la previsibilidad necesaria sobre el destino de sus fondos, asegurando su liquidez, y garantizar el reestablecimiento inmediato de un sistema financiero sólido y confiable. Sin el cumplimiento de estos objetivos serán imposible construir un modelo de crecimiento armónico y equilibrado.

14. Inserción de la Argentina en el mundo. La Argentina debe respetar los acuerdos internacionales firmados y su vocación de integrarse al mundo, en el marco de su integración regional. Al mismo tiempo, debe exigir que los procesos de tratamiento de la deuda externa pública y privada se adecuen a las soluciones que el mundo está poniendo a consideración (quita, reconversión, reescalonamiento, reestructuración), en un todo compatibles con la salvaguarda de la dignidad de la persona humana. En tanto se avance en estas negociaciones en un clima constructivo, el país recuperará credibilidad externa e interna, podrá acceder más fácilmente al apoyo internacional y continuar bregando por firmeza por la eliminación de las trabas que impiden sus exportaciones. La moneda nacional y la política monetaria son atributos indelegables de la soberanía.

IV. Los instrumentos de la transición

15. Institucionalización del diálogo. Completada la primera etapa, signada por la emergencia, la constitución de un Consejo Económico Social suficientemente representativo será una herramienta adecuada para darle continuidad a la Mesa del Diálogo Argentino, junto al trabajo de las Mesas Sectoriales de Salud, Educación, Socio/laboral/productiva, Reforma de la Política, Reforma de la Justicia y Reforma del Estado.

16. Seguimiento de las reformas. La Mesa del Diálogo Argentino ampliada propiciará la creación en su ámbito de una Comisión Nacional de Seguimiento y Control del cumplimiento de los compromisos asumidos a partir de la firma del presente documento de consenso. Esta Comisión estará conformada por representantes de los distintos sectores sociales, políticos y económicos.
 
17. Medios de comunicación veraces. La reconstrucción de la Argentina no podrá llevarse a cabo sin medios de comunicación que, respetando la libertad de expresión, sean al mismo tiempo vehículo de información veraz y ecuánime, que de cuenta de los actos de gobierno y de los avances alcanzados por las reformas comprometidas.

18. Renovación de las instituciones. El avance de los compromisos asumidos es el camino que generará la credibilidad necesaria para la relegitimación de la totalidad de los cargos electivos nacionales, provinciales y municipales, en el marco de los preceptos constitucionales.

Por todo lo dicho y por la gravedad de la situación argentina y las características de su crisis, es perentorio impulsar la instrumentación de las propuestas arriba planteadas, de acuerdo con el calendario anexo.

Buenos Aires, 11 de julio de 2002

AGENDA

•Constitución de la Comisión Nacional de Seguimiento y Monitoreo de las Reformas para la transición: Plazo: Julio 2002; Responsable: Mesa del Diálogo Argentino

•Libre acceso a la Información Pública: Plazo: Julio 2002; Responsable: Congreso de la Nación

•Régimen electoral: Plazo: Agosto 2002. Responsable: Congreso de la Nación

•Abolición de todo régimen de privilegio: Plazo: Septiembre 2002. Responsable: Congreso de la Nación

•Constitución del Consejo Económico y Social: Plazo: Septiembre 2002. Responsable: Jefatura de Gabinete de Ministros

•Reforma de la ley del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento: Plazo: Septiembre 2002. Responsable: Congreso de la Nación

•Reformas en el reglamento de la Comisión de Acuerdos del Senado para la participación Ciudadana en la selección de los Jueces de la Corte Suprema, Procurador y Defensor General: Plazo: Octubre 2002. Responsable: Honorable Cámara de Senadores de la Nación

•Instauración del pago del impuesto a las ganancias para los jueces: Plazo: Diciembre 2002. Responsable: Congreso de la Nación

•Acceso a la Justicia: Plazo: Diciembre 2002. Responsable: Ministerio de Justicia y Seguridad, Colegio Público de Abogados de la Cap. Fed. Y Fed. Argentina de Colegios de Abogados

•Red Federal de Capacitación Judicial: Plazo: Diciembre 2002. Responsable: JUFEJUS, Consejo de la Magistratura, Poderes Judiciales y Ministerios Públicos y Ministerio de Justicia y Seguridad

•Medidas concretas para la reducción de la congestión y demoras en las Unidades Jurisdiccionales: Plazo: Marzo 2003. Responsable: Poderes Judiciales y Ministerios Públicos

•Introducción de un sistema técnico adecuado de ayuda y control de gestión tendiente a mejorar y transparentar el funcionamiento del sistema judicial frente a la comunidad: Plazo: Junio 2003. Responsable: Poderes Judiciales y Ministerios Públicos

•Ley de Coparticipación Federal: Plazo: Con carácter prioritario. Responsable: Congreso de la Nación