La oposición en pleno blanqueó ayer públicamente sus temores ante la posibilidad de que el gobierno intente el fraude en las elecciones del 28 de octubre. Fue después de que la Justicia Electoral nacional convocara a una reunión a todos los jefes de campaña para intentar unificar la fiscalización de los comicios, una muestra clara del pánico que recorre hoy a la Justicia después de las denuncias de fraude y los escándalos en las elecciones sin solucionar aún en Córdoba y Chaco. Sobre esa convocatoria, todos los opositores plantearon un temor mayor aún a un fraude oficial.
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El lavagnismo intentó ayer ponerse a la cabeza de ese movimiento. No sólo confirmó haber recibido la invitación, sino que nombró a su apoderado nacional, Santiago Díaz Ortiz, como representante en esa reunión donde planteará «la necesidad de que participen veedores internacionales» en los comicios de octubre: «Las situaciones irregulares que se vivieron en el país ameritan la ayuda internacional, desde los miles de DNI truchos que se entregaron en Misiones, siguiendo por la metodología de difundir encuestas falsas, e incluso las bocas de urnas que difieren de la realidad y las elecciones cordobesas», dijo ayer el vocero de Roberto Lavagna, Alejandro Rodríguez.
La convocatoria de la Junta Electoral a todos los partidos de oposición para coordinar la fiscalización y analizar el llamado a veedores extranjeros es la lógica consecuencia del temor de la Justicia ante la agresividad de los escrutinios que, como en los casos de Córdoba y Chaco, terminan con denuncias de fraude, sean ciertos o no, la presunción pública del gobierno que ya dice que va a ganar y despierta así la ira de la oposición y la destrucción del sistema electoral, que se rige hoy por la judicialización o las decisiones políticas, pero casi nada por lo que manda la ley electoral.
A ese tren se subió ayer Roberto Lavagna y, salvo Alberto Rodríguez Saá, el resto de los candidatos de la oposición también aceptó la convocatoria de la Junta Electoral, aunque de hecho muchos de ellos ya habían reclamado la auditoría de veedores internacionales en las elecciones de octubre.
Elisa Carrió, quien fue la primera en plantearlo y que esta semana volvió a denunciar la posibilidad de un fraude, se unió en esto con Ricardo López Murphy. Jorge Sobisch también aceptó participar de la reunión convocada por la Junta Nacional Electoral, mientras que Alberto Rodríguez Saá anticipó que no tiene intenciones de asistir.
Imposible
El puntano fue quien puso la propuesta en un plano de mayor realidad. Considera que, de existir la intención de hacer fraude, será imposible que veedores de la OEA lo impidan.
Rodríguez Saá aseguró que el gobierno «hará fraude», pero rechazó la iniciativa de juntar a toda la oposición para fiscalizar. «Los veedores internacionales no tienen ninguna posibilidad real de controlar una elección, sólo controlarían 20 mesas», dijo el candidato a presidente. Por eso anticipó que fiscalizará las mesas y la operación de procesamiento en el Correo con agentes propios.
Entusiasmo
Mientras que los más entusiasmados con la idea son los candidatos de la Coalición Cívica, la Concertación UNA y Recrear, el Movimiento Provincias Unidas de Sobisch también accedió al convite del próximo 2 de octubre en la sede electoral de la Ciudad. Para el arista Adrián Pérez: «Hay que poner veedores para elecciones nacionales, porque tal vez el sector menos complicado es la capital, por la capacidad de control que tienen los partidos allí», dijo.
Por López Murphy, Pablo Tonelli aceptó la invitación: «Hay que unir a la oposición en una hoja de ruta que permita llegar al 28 de octubre con la mayor fuerza posible para enfrentar al régimen hegemónico actual».
Sobisch, que también aceptó, le bajó el tono al riesgo de fraude: «Creo que el debate que pueda llegar a darse en el seno de la Justicia va a fortalecer la democracia y los resultados que la elección arroje», dijo.
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