Efecto "sobres" hace estallar al ya trizado bloque del PJ

Humberto Roggero

Diputados puede quedar paralizado si la Justicia avanza esta semana en la reapertura de la causa por el presunto pago de sobresueldos en el bloque PJ, durante la administración de Eduardo Duhalde.

Este escándalo en ciernes es un coletazo de la revelación en sede judicial que hizo el ex secretario de Raúl Granillo Ocampo sobre el supuesto pago a funcionarios de extras salariales en tiempos de Carlos Menem. El ex presidente, desde Chile, negó cualquier sobresueldo, mientras Alberto Fernández se vio compelido a explicar por radio que la Jefatura de Gabinete no tiene fondos reservados ni paga sobresueldos en la actualidad.

La investigación que alientan los camaristas Gabriel Cavallo y Raúl Vigliani -después de que el juez federal Claudio Bonadío cerrara la pesquisa el año pasado por falta de pruebas- forzaría un desfile de legisladores por Tribunales, algunos para contestar si cobraron o no estos sobres; otros, la mayoría, tendrán que responder en calidad de testigos si vieron o no esa circulación de dinero por debajo de la mesa.

La denuncia que en 2002 impulsaron varios miembros fundadores del denominado grupo Talcahuano (Ricardo Falú, Gerardo Conte Grand y Julio Gutiérrez -actual vice de la bancada-, más los mandato cumplido Arturo Lafalla y Sergio Acevedo, gobernador de Santa Cruz) obligaría a que comparezcan ante la Justicia Federal Humberto Roggero y la mesa de conducción que lo acompañó en aquel momento y que animaban el salteño Juan Manuel Urtubey; el ministro de Seguridad de Córdoba, Carlos Alesandri; el gobernador santafesino, Jorge Obeid; Julio Solanas y Ricardo Quintela (actuales intendentes de Paraná y de la ciudad de La Rioja); y el interventor del Correo, Eduardo Di Cola, entre otros. A ellos se les preguntará si cobraron o no esos sobresueldos.

• Mal humor

El testimonio de Angel Baltuzzi (Santa Fe), el duhaldista Daniel Basile, Lelia Chaya (Salta), Jorge Casanovas, el santiagueño José Figueroa, Rafael González (Chaco), Guillermo Johnson ( Córdoba), Rubén Pruyas ( Corrientes), la porteña Irma Roy, Carlos Snopek (presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda) y el sindicalista Saúl Ubaldini, por nombrar apenas a un puñado de diputados, restará tiempo en los quehaceres parlamentarios y pondrá de muy mal humor al bloque.

Durante el fin de semana, se tejían algunas teorías sobre el verdadero origen de la reapertura de este caso. No falta quienes ligan la causa a la pelea entre Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde. Desde ese punto de vista, al affaire de los sobresueldos durante el gobierno de Menem -confirmados por un ex secretario de Granillo Ocampo, durante el juicio contra María Julia Alsogaray-se le suma otro escándalo similar que tiene como protagonista a la gestión de Duhalde, aunque tenga centro en el Congreso.

En este último aspecto, siguiendo tesis conspirativas de ex legisladores, la movida de los presuntos sobres en Diputados pondría en jaque a sus integrantes, más ingobernables que los senadores a la hora de aprobar leyes del Ejecutivo (ver nota aparte sobre el paquete de normas de Gustavo Béliz). Obviamente, aquí se filtra también la interna bicameral.

Finalmente, no escapa a los análisis parlamentarios que Humberto Roggero, el ex jefe de bloque, no es hoy un hombre afín al Presidente y, para colmo, fue mencionado como uno de los peronistas interesados en estudiar un pedido de interpelación contra Julio De Vido, redactado por la oposición.

En definitiva, los sobresueldos de los que se habla eran, ni más ni menos, fondos con imputación presupuestaria que la Cámara repartía entre todaslas escuderías, según el número de integrantes, para que cada bloque dispusiera investigaciones sobre proyectos, tareas de auditoría, adquisición de libros y revistas, ayuda social o alquiler de inmuebles. Esas partidas, alrededor de $ 100 mil mensuales en la época de la denuncia de los kirchneristas del grupo Talcahuano, se distribuyeron entre los legisladores peronistas, lo cual equivalía a unos $ 900 cada 30 días, de acuerdo con la versión que dio Roggero en su momento, si bien los denunciantes llegaron a mencionar hasta $ 3.000 de extras por mes.

Falú, Lafalla y compañía nunca percibieron estos recursos, razón por la cual los denunciaron tras la clausura del juicio político contra los 9 ministros de la Corte Suprema, que había lanzado y frenado Duhalde en 2002. Ahora, curiosamente, vuelve la querella al tapete.