El Congreso aprobó paquete de leyes económicas clave para el Gobierno
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Y si bien instaló en la discusión "la situación alimentaria instalada en la Argentina", Ríos destacó que aún no está "regularizada la concesión de los servicios públicos que se privatizaron durante los 90" y dijo que la renegociación de contrato se encuentra "a mitad de camino".
Por su parte, el voto de Sánchez llamó la atención debido a que en los anteriores pedidos de emergencia por parte del Ejecutivo había votado en contra.
"Esto era así porque consideraba que no estaban dadas las condiciones en nuestro país y a nivel internacional, pero ahora las condiciones macro son distintas", argumentó.
Las críticas llegaron desde el radicalismo, el socialismo, el justicialismo disidente y la Coalición Cívica, y todos coincidieron en los "inconvenientes" que generará que el país vuelva a estar en emergencia económica por dos años más.
El presidente del bloque radical, Ernesto Sanz, reiteró que se trata de "una ley inconstitucional", afirmó que "se han superado las razones fácticas desde el 2005" para reclamar su continuidad, y se quejó de la "incoherencia del oficialismo, sobre todo desde el 2005, que se manifiesta en la expresión de motivos del presupuesto 2010 con la de este pedido".
Aunque subrayó en la "innecesariedad" del pedido del Ejecutivo al sostener que "el Gobierno no necesita de esta ley porque lo ha demostrado con hechos concretos en los últimos dos años".
El senador soscialista Rubén Giustiniani enfatizó que la prórroga "no es más que una nueva muestra del manejo discrecional que hace este Gobierno, que perdió la posibilidad de terminar su gestión de manera distinta" y dijo que "prorrogar la emergencia por dos años lo va a convertir en el Gobierno de la emergencia".
La cívica porteña María Eugenia Estenssoro se quejó porque la emergencia económica "debilita la función de contralor del Parlamento", y sostuvo que "estas leyes han permitido la concentración del poder en el Gobierno nacional".
Por otra parte, la Cámara alta también convirtió en Ley la reforma al régimen de Monotributo que hace desaparecer la Categoría A del sistema y establece un tope, para todas las categorías, de hasta 200 mil pesos, con lo cual se amplía el universo y se incluyen a quienes tienen voluntad de permanecer dentro del sistema y que fueron excluidos porque su nivel de ingresos brutos subió por encima de 72 mil pesos.
El proyecto fue aprobado gracias a los votos del oficialismo y de sus aliados, mientras que fue rechazado por el radicalismo, el peronismo disidente, el socialismo, la Coalición Cívica y algunos partidos provinciales.
La reforma al régimen de Monotributo había sido aprobada por la Cámara baja luego que el oficialismo aceptó modificar el texto original enviado por el Gobierno, eliminando la actual Categoría A, y unificarla con la B.
El nuevo esquema de Monotributo arrancará de esta forma con un tope de facturación de 24.000 pesos al año en la primera categoría y se pagará una cuota total de 219 pesos por mes.
En ese sentido, el proyecto de modificación establece que la cuota mínima del componente impositivo será de 33 pesos mensuales, la contribución a la Seguridad Social pasará de 35 a 110 pesos y que el aporte a la obra social aumentará de 46,75 a 70 pesos.
De esta manera, la primera categoría del monotributo, con ingresos brutos hasta 12 mil pesos, que hasta ahora pagaba 114 pesos, pasará a abonar 213 pesos.
De acuerdo con el proyecto, lo recaudado por el nuevo sistema será destinado en un 70 por ciento a la financiación de las prestaciones de la ANSES, y el 30 por ciento restante a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las provincias, transferencias que se harán de manera diaria y en forma automática.
Asimismo, habrá un nuevo régimen de inclusión social y promoción del trabajo independiente, denominado "monotributo social", que buscará incluir a los trabajadores nucleados, por ejemplo, en cooperativas.




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