El fallo: sus críticas

Aunque representen sólo un sector -y minoritario en la sociedad argentina- un periodismo de izquierda fuertemente asentado en medios de difusión, en su desesperación, frente al fallo contundente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha tratado de desvirtuarlo.

No surge, como dicen maliciosamente al comentarlo, que de ahora en más ningún juez se atreverá a juzgar a funcionarios o ex funcionarios por presunta malversación de fondos públicos. Lo que en realidad surge del fallo es que, en adelante, ningún juez ni ninguna Cámara Penal se atreverán a usar en forma aberrante la figura jurídica de la «asociación ilícita» para castigar con prisión -previamente y en forma parajudicial- a ningún ciudadano antes de determinar su real culpabilidad, si la tiene, ni caer en el prejuzgamiento condenatorio que surgiría, por lógica elemental, para justificar después el tiempo de detención previo al dictamen que autoritariamente se impuso.

Prueba de ello es que el enriquecimiento ilícito, si lo hubiera, o el pago de coimas o contrabando, si los hubiera, no han quedado concluidos en este «caso armas» por el fallo de la Corte, aunque por tantas anomalías queda deteriorado seriamente el juzgamiento. Lo que ha terminado es la arbitrariedad de la deformación de la «asociación ilícita», la «condena por la prensa» de cualquier ciudadano denostado públicamente antes de ser juzgado, capaz de influir a un tribunal, al menos la configuración mental del juez -precisamente condicionado por alguna prensa deformadora de la opinión pública- para actuar sumiso al accionar de medios y con preconceptos, inventando luego el encuadre jurídico.

Ha quedado desterrado el «broncismo» o la búsqueda de ser «adalid» de un magistrado, de un fiscal o de miembros de una Cámara no por cuidado o perfeccionamiento del Derecho -donde sería justa tal actuación, aun a nivel de intento- sino por promoción personal, complacencia con medios de difusión creadores de alguna malignidad o resguardo de armas como réplica de cualquier miembro del Poder Judicial que pueda enfrentar un juicio político.

En ningún momento el trascendental fallo de la Corte Suprema impide -ahora o en el futuro- juzgar funcionarios. Pero obliga a hacerlo con corrección, sin malformaciones del Derecho, sin intereses personales en juego ante los estrados donde deben presentarse los ciudadanos.

Si un juez como Jorge Urso, un fiscal como Carlos Stornelli y camaristas como Martín Irurzun y Horacio Cattani -y otro magistrado que ha impulsado desde las sombras- han quedado, evidentemente, disminuidos para administrar justicia no es por el fallo de la Corte Suprema sino por las propias aberraciones jurídicas que cometieron en este caso juzgado. Posiblemente todo derive al fuero Penal Económico y al juez -juez serio-Julio Speroni, aunque quizá pueda volver a intervenir la Corte Suprema porque ese fuero tiene una Cámara de Apelación proclive también al monopolio «Clarín» que tomó de «columnistas» a algunos de sus tres integrantes tras fallo que lo favoreció.

Claro, si Jorge Urso insiste en llevar el presunto «enriquecimiento ilícito», sobre todo acicateado por la bofetada, más allá de 1998 volverá a caer en la corrección de instancias superiores porque -elementalmente en Derecho- nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito y el ex presidente Carlos Menem ya fue, ese año, sobreseído por dos jueces federales, Héctor Chumbita y Jorge Ballestero.

La prensa de izquierda o la monopólica, que hoy lame sus heridas, ignora deliberadamente en sus torpes críticas al fallo dispuesto que los principales tratadistas del país ya se habían pronunciado en contra de esa interpretación distorsionada de la «asociación ilícita».

No es poco, ciertamente, que lo hayan hecho juristas como León Arslanian, que fue ministro del archienemigo de Carlos Menem, el ex g o b e rn a d o r Eduardo Duhalde. Que lo haya hecho un constitucionalista como Bidart Campos. Que lo haya hecho Ricardo Gil Lavedra, alabado por esa misma izquierda junto con Arslanian, cuando con audacia condenaron a los ex comandantes del Proceso militar. Que lo haya hecho Raúl Alfonsín, no ciertamente un político de derecha. Que lo haya hecho Eugenio Zaffaroni, directamente hombre de izquierda y muchos más. Que el fallo -conciso y de terrible contundencia- lo haya redactado alguien no precisamente «menemista» como Augusto Belluscio.

¿Podía dudar, podría haber dispuesto algo contrario a lo que hizo la Corte ante el pronunciamiento de tales hombres públicos, como pretende la izquierda y el diario «Clarín»?

Es obvio que una Corte Suprema que se hubiera pronunciado distinto a tal expresión de juridicidad nacional nos hubiera ratificado como país «republiqueta», que es precisamente donde nos puso la arbitrariedad de las instancias inferiores de la Justicia con su accionar en este caso.

Que un presidente de la Nación electo deliberando con sus ministros y disponiendo, según su deber constitucional, decretos constituyan una «asociación ilícita», haya o no haya habido coimas o «desvíos» en su ejecución, es algo que cuesta imaginar en los conocimientos mínimos y en la mente de algunos llamados, nada menos, que a administrar justicia y disponer sobre la libertad, honra y bienes de los ciudadanos. Aquí, en la Argentina, o en cualquier país del mundo. Sin duda alguna.

Las fallas jurídicas restantes observadas por un reputado jurista como Belluscio y apoyadas por 6 miembros de la Corte -sin que los tres restantes signifiquen, de ningún modo, apoyo a la interpretación tan particular de la «asociación ilícita» de Urso-Stornelli- alarman a la sociedad en cuanto a la capacidad profesional y a la idoneidad de muchos de quienes administran justicia en nuestro país. Pero son menores, en importancia, frente a que un mandatario electo democráticamente no pueda ejercer en plenitud su cargo de acuerdo a la Constitución Nacional.

Es miopía y hasta infantilismo derivar culpabilidades de un decreto presidencial de venta de armas -independientemente de que haya o no coimas en su ejecución, que es tema aparte y a dilucidar- cuando mundialmente es sabido que se trata del comercio sucio de una mercancía incontrolable apenas se aleja del país vendedor. ¿O acaso algunos de nuestros magistrados supone que la ETA en España, para dar un ejemplo, compra a gobiernos o licita internacionalmente la posesión de espoletas, trotyl o fusiles que usa en sus actos terroristas?

Además, no existe juridicidad plena si no se observan trayectorias. Seguramente armas argentinas vendidas a Venezuela y Panamá derivaron, en el camino, a Ecuador y Croacia porque así se opera en este negocio sucio pero ¿acaso las armas que vendió Raúl Alfonsín, el mandatario predecesor de Carlos Menem, no derivaron a Nicaragua cuando se dispuso, igualmente por decreto, hacia Honduras?

Reconozcamos que la izquierda nuestra denunció eso con Alfonsín y con Menem. Es cierto. Pero, con el primero no había el mesianismo de un medio de prensa como «Clarín» lanzado a digitar anticonstitucionalmente al país por desvariantes pretensiones hegemónicas y cobertura, por el poder de difusión, de sus graves desfasajes financieros. Que este accionar llegue a influir en nuestra vida institucional y en algunos de nuestros estrados judiciales, como se observó ahora, parece increíble en un país que medianamente pretenda presentarse ante el mundo como serio.

Que la izquierda y esos monopolios hayan coincidido y apoyado la deplorable antijuridicidad de tal interpretación de la «asociación ilícita» es problema menor: la ideología y/o los intereses en juego los obnubila.