El Ministerio de Justicia le encargó un anteproyecto de reforma integral, que deberá estar listo en 60 días. La norma vigente data de 1967 y nunca se adecuó por completo al Código Civil y Comercial de 2015.
El Gobierno puso en marcha una comisión para actualizar el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que acumula reformas parciales desde su sanción y no tuvo una revisión integral. Boletín Oficial
El Ministerio de Justicia creó la Comisión para la Modernización y Actualización del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que tendrá a su cargo elaborar un anteproyecto de ley de reforma integral de esa norma. La medida se oficializó a través de la Resolución 515/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial con la firma del ministro Juan Bautista Mahiques.
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Según los considerandos, el Código Procesal Civil y Comercial fue establecido en 1967 y, aunque recibió sucesivas reformas parciales, nunca tuvo una revisión integral que contemple los cambios de las últimas décadas en materia de gestión judicial y organización del proceso. Tampoco fue adecuado por completo al Código Civil y Comercial, vigente desde agosto de 2015, que modificó institutos de fondo con impacto directo en los procedimientos.
El texto advierte que esa desactualización se agrava porque numerosas provincias ya adaptaron sus propios códigos procesales a la legislación civil y comercial. Eso genera una asimetría entre el régimen nacional y los vigentes en distintas jurisdicciones del país.
Para la elaboración del anteproyecto, la resolución fija cuatro lineamientos: instaurar el sistema de oralidad en el proceso civil y comercial, asegurar la tutela judicial efectiva y las garantías del debido proceso, modernizar la gestión procesal con nuevas herramientas tecnológicas y simplificar los procedimientos, favoreciendo los mecanismos de resolución de conflictos.
Los fundamentos destacan que la oralidad, con audiencias orales, públicas y con presencia del juez, es una de las principales herramientas para lograr una justicia más ágil, transparente y cercana a los ciudadanos. Entre los antecedentes, la norma cita el anteproyecto de Código Procesal presentado en 2019 por una comisión redactora designada en 2017 y el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Oralidad en los Procesos Civiles, desarrollado desde 2016 en el marco de la iniciativa Justicia 2020. También menciona el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza, vigente desde 2018, que reemplazó el trámite escrito por un proceso basado en una audiencia inicial y otra final, con registro audiovisual.
La comisión estará coordinada por Martín Cardone, que la integra en representación del ministerio junto a Pamela Kazmirczuk. El resto de sus miembros son Juan Manuel Converset, Gabriela Scolarici, Maximiliano Caia, Agustín Prada Errecart, Alejandro Verdaguer, Julio Ríos Becker, María Constanza Caeiro, Romina Kelly, Fernando Dinici, Javier Cosentino, Silvina Bracamonte, Osvaldo Gozaíni, Diego Rosas y Jimena Jatip. Todos cumplirán sus funciones en carácter ad honorem.
Dentro de la comisión funcionarán dos subcomisiones. La Subcomisión Redactora, integrada por Cardone, Gozaíni y Converset, deberá elaborar el índice, el articulado, los fundamentos y el anteproyecto de ley. La Subcomisión Revisora, que conforman Kazmirczuk y los demás integrantes, tendrá a su cargo revisar ese texto.
La comisión deberá aprobar el texto definitivo en un plazo máximo de 60 días corridos desde su primera reunión formal, prorrogable a su pedido. Podrá convocar con carácter consultivo a magistrados, especialistas, instituciones académicas, colegios profesionales y organismos públicos. Contará con el apoyo técnico de la Dirección de Asistencia Técnica y Legislativa de la Secretaría de Justicia, a cuyo titular deberá presentar el anteproyecto para su posterior elevación al ministro.