El gobierno ya tiene camino libre para reglamentar DNU

Cristina Fernández de Kirchner tendrá el camino despejado desde esta semana para conseguir la aprobación de una de sus obras más polémicas como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales: la reglamentación de la Comisión Bicameral, que de ahora en más controlará los decretos de necesidad y urgencia -también otros como vetos y por facultades delegadas- que firme el Presidente de la Nación.

La senadora manejó todo el tema con precisión desde hace un mes y medio: primero anunció que su comisión se abocaría a tratar esa espinosa cuestión, después de 12 años de demora en relación con lo ordenado por la Constitución nacional.

Dejó que lidiaran en ese camino dos proyectos: el presentado por el radical Ernesto Sanz, que repetía casi en detalle lo que Cristina sostuvo sobre el tema en 2000, es decir, que los decretos no se aprueban por el paso del tiempo, sino que el Congreso tiene que ratificarlos expresamente, y si no lo hace en 30 o en 60 días, quedan derogados.

Paralelamente, Miguel Pichetto siguió adelante con un proyecto contrario, que reivindica la «sanción ficta», enarbolando la representación del oficialismo. Se supo después que ése era sólo un «muletto».

Llegó el día de los anuncios y, como se sabe, Cristina Kirchner apareció en la comisión con una «propuesta superadora», como se les suele decir a los proyectos que se acuerdan, de su propia creación: un borrador de dictamen que rechaza la «sanción ficta» -salvando así parcialmente su historia en el tema-, pero no poniendo plazo, es decir, que un decreto puede continuar en vigencia «in eternum», aunque no esté ratificado por el Congreso.

Cumplió la primera dama con avanzar en un tema que gobiernos anteriores no pudieron, consiguió no molestar la lapicera de su esposo a la hora de firmar DNU y pudo cerrar un acuerdo con el radicalismo para que no le complicaran la votación del tema.

Por eso ahora en el Senado, si bien el Frente para la Victoria tiene el número necesario -con cuarenta senadores propios- para imponerse en la votación, en esta ocasión contará con el apoyo de los trece radicales que ya adelantaron su decisión de votar a favor del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, aunque en el tratamiento en particular votarán algunos artículos en contra, como el que no incorpora un plazo para el tratamiento de los decretos-

Es que, para sancionarlo,el proyecto de reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia exige una mayoría calificada de 37 votos positivos, debido a que es una ley emanada de la Constitución nacional.

Así, se votará en el recinto un dictamen -que comenzó a firmarse el martes pasado, cuando Cristina sorprendió con su presentación personal- que establece que los DNU se mantendrán en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial hasta que el Congreso los rechace, lo cual los haría caer inmediatamente. En cambio, su ratificación o su no tratamiento los mantendría en vigencia.

En una semana, la cuestión llegará al recinto ya sin ningún nubarrón, como los esgrimidos por el radicalismo en sus disidencias parciales que no le impedirán dar el número para la sanción en general. En cambio, el socialista Rubén Giustiniani adelantó su rechazo argumentando que «la sanción ficta, prohibida por la Constitución, aparece en este proyecto de modo encubierto».

Para ese momento, todos los votos necesarios para la sanción estarán en Buenos Aires: los radicales Gerardo Morales y Alfredo Martínez, los peronistas Roxana Latorre, Silvia Gallego y Fabián Ríos, y la correntina del Frente por la Concordia Elida Vigo habrán regresado de la reunión de la OIT en Suiza.