El kirchnerismo en el Senado impuso su propio repudio a los bloqueos de diarios

La Cámara de Senadores aprobó un proyecto de declaración, que rechaza los bloqueos que trabajadores gráficos de los diarios La Nación, Clarín y Olé realizaron en sus plantas impresoras, y que retrasaron la distribución del primero e impidieron la salida de los otros dos.

El proyecto de declaración cuenta con tres artículos, pero sólo el primero fue aprobado por unanimidad de todos los bloques.

La iniciativa "rechaza y repudia" la "metodología de bloqueo que, el pasado domingo 27 de marzo, impidió la normal distribución de un medio de comunicación gráfico, así como también cualquier otro método de protesta que afecte la libre circulación de los medios de comunicación".

En cambio, los últimos dos artículos del proyecto fueron ratificados sólo por el oficialista Frente para la Victoria (FPV), ya que la oposición los rechazó. En esos apartados el Senado apoyó la "política implementada por el Gobierno Nacional" desde el 25 de mayo de 2003, de "no reprimir, sino buscar soluciones sobre la base del diálogo, frente a conflictos gremiales o sociales".

Finalmente, el proyecto declara la "necesidad de que las empresas resuelvan los conflictos laborales, y garanticen los derechos de los trabajadores y el pleno ejercicio de la libertad sindical". 

El presidente del bloque del FPV, Miguel Ángel Pichetto, manifestó que la decisión de bloquear la salida del diario Clarín "le quita legitimidad a los reclamos de los trabajadores".

"Se le echó la culpa a un sindicato que no participó. Se hacía aparecer al Gobierno y a la Presidenta como cómplices. Nos imputan el silencio, pero la primera reacción de la Presidenta fue solicitar al ministro de Trabajo que solucione el tema", recordó Pichetto.

En cambio, el jefe del bloque radical, Gerardo Morales, acusó al gobierno nacional de "no hacer lo que debía, escudado en un argumento de que tenía que reprimir". 

A su turno, el oficialista Marcelo Fuentes denunció, a dúo con su colega Eduardo Torres, la situación del periodista misionero, Marcelo Almada, a quien la empresa Cablevisión le habría intentado imponer una cláusula "restrictiva de la libertad de expresión". En el contrato que se intentó imponer a Almada, relató Fuentes, se establecía que "no puede invitar a su programa a quienes critiquen a alguna de las empresas de ese grupo" que pertenece al multimedio.

Por su parte, el porteño de Proyecto Federal Buenos Aires, Samuel Cabanchik, manifestó que "es un conflicto gastado que no le conviene a nadie, entre un gobierno nacional y un multimedios".

Finalmente, el radical formoseño, Luis Naidenoff, explicó que "lo que tratamos de garantizar es la libertad de expresión, cuyo correlato es el acceso a la información de todos los ciudadanos".