El reto de EE.UU. al gobierno defiende a Carrió y a la CTA

El informe anual del gobierno de los EE.UU. sobre derechos humanos en la Argentina es un repaso de la actualidad que hace figurar a todos los protagonistas: Elisa Carrió, Néstor Ulloa, Fulvio Madaro; el gobierno y sus relaciones con la prensa; los sindicalistas que piden personería (la CTA de Hugo Yasky). Aunque el informe que presentó en Washington Condoleezza Rice destaca la reapertura de juicios por delitos aberrantes, constituye una señal de advertencia del gobierno Bush a la Argentina. Aquí, los fragmentos principales de ese informe.

Felisa Miceli, Elisa Carrió, Fulvio Madaro y Hugo Yasky

La Constitución establece la libertad de expresión y de prensa, y el gobierno respetó en general estos derechos en la práctica. Las personas pueden criticar al gobierno en público o en privado, pero hay sanciones penales, incluidas las de prisión, por difamación y calumnias, y los funcionarios del gobierno han tratado de utilizarlas en contra de la oposición política y otros críticos.

El gobierno alentó denuncias por calumnias e injurias contra Elisa Carrió, jefa del partido opositor Coalición Cívica, por haber acusado a funcionarios de corrupción en 2004. Los tribunales desestimaron una demanda en su contra en agosto y fue absuelta en un segundo caso en noviembre. Al final del año había abiertas dos causas civiles más contra ella.

Los medios de comunicación independientes son numerosos y activos y expresan una amplia variedad de opiniones sin restricciones. Todos los medios gráficos son de propiedad privada, así como un número importante de estaciones de radio y televisión. El gobierno federal tiene la propiedad de la agencia «Télam», una red de radios, una estación de televisión, y 20% de participación en Telesur, un servicio de TV respaldado por el gobierno de Venezuela.

Algunos medios de comunicación independientes, ONG y organizaciones internacionales se han quejado de que los organismos gubernamentales interfieren en la libertad de los medios, direccionando la publicidad oficial con fines políticos partidistas.

En setiembre, la Corte Suprema, en un fallo significativo, determinó que el retiro de la publicidad del gobierno provincial de Neuquén de un diario, en represalia por los informes sobre la corrupción, constituyó una forma ilegal e indirecta de censura. El tribunal sostuvo que la provincia tenía libertad para asignar sus recursos a discreción, pero que no debía utilizar la publicidad oficial como un medio indirecto de restringir la libertad de expresión.

Aunque el tribunal ordenó al gobierno de Neuquén presentar un plan de distribución de la publicidad oficial dentro de los 30 días, no había cumplido antes de fin de año. Una demanda similar fue presentada contra el gobierno federal en 2006 por el grupo Editorial Perfil y no había tenido respuesta en 2007. Numerosas estaciones de radio FM siguieron emitiendo con licencias temporales a la espera de un proceso de normalización de licencias.

En setiembre, un tribunal provincial en Salta condenó al periodista Sergio Poma a un año de prisión en suspenso y le prohibió practicar el periodismo durante un año para difamar al gobernador de Salta. El Comité para la Protección de Periodistas, Reporteros sin Fronteras, y organizaciones locales de periodistas criticaron la sentencia. Los abogados de Poma apelaron y el caso estaba pendiente al final del año. Poma, por su parte, sigue libre y puede trabajar como periodista.

CORRUPCION Y TRANSPARENCIA

La ley prevé sanciones penales para la corrupción oficial, pero el gobierno no aplica la ley de manera eficaz y hubo muchos informes de la prensa sobre funcionarios ejecutivos que participan en prácticas corruptas. Según los indicadores de gestión pública del Banco Mundial la corrupción gubernamental es un problema grave. Históricamente la debilidad de las instituciones y un ineficaz y politizado sistema judicial ha hecho difícil erradicar la corrupción sistémica.

Los funcionarios públicos están sujetos a las leyes de divulgación de información financiera y la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia se encarga de analizar e investigar a los funcionarios del Poder Ejecutivo sobre la base de sus declaraciones juradas. La OA es también responsable de la investigación de corrupción en asuntos concernientes a los fondos federales, con excepción de los que son transferidos a las provincias. Aunque nominalmente es parte del Poder Judicial, la OA no tiene autoridad independiente para enjuiciar, pero puede remitir los casos a otros organismos, actuarcomo querellante o pedir a un juez que investigue un caso.

La mayoría de los delitos de corrupción de alto perfil son investigados por los jueces. De acuerdo con la ONG local, Centro para el Estudio y Prevención de Delitos Económicos, los casos de corrupción tardaron en resolverse 14 años en promedio, y sólo 15 de los últimos 750 juzgados resultaron en condenas. La OA sigue aplicando medidas. El centro calcula que la corrupción ha costado al país u$s 10 millones de dólares desde 1980 y estima que aproximadamente 20% de los casos de corrupción fueron cerrados debido a prescripciones.

También la prensa informó que seis de los ocho juzgados que manejan 20% de los casos de corrupción pendientes están vacantes.

En mayo el gobierno removió a dos funcionarios, Fulvio Madaro, presidente del ente regulador del gas natural, y Néstor Ulloa, gerente del fideicomiso creado para estructurar la financiación privada para una serie de proyectos de obras públicas, por presuntamente aceptar sobornos de la empresa de construcción sueca Skanska, que se ha adjudicado un contrato con el gobierno para ampliar un gasoducto. El caso era objeto de investigación a fines de 2007.

En junio, un escuadrón de bomberos descubrió una bolsa que contenía 100.000 pesos y 30.000 dólares en el cuarto de baño de la ministra de Economía, Felisa Miceli, quien posteriormente renunció por el incidente. Miceli fue liberada bajo fianza. En una audiencia celebrada en diciembre fue formalmente acusada de encubrir el escándalo y de retención de documentos públicos. El caso estaba pendiente a finales de año.

En agosto, Claudio Uberti, principal regulador de peajes de carreteras y puentes, fue obligado a renunciar tras el intento por parte de un extranjero de contrabandear casi u$s 800.000 desde Venezuela. El gobierno continuaba la investigación a fin de año.

La OA dice en un estudio que aproximadamente 75% de las compras entre 2002 y 2005 se realizó a través de contratos directos, a menudo con un único proveedor, y no a través de licitaciones públicas. La OA expresó su preocupación de que el proceso puede facilitar la corrupción. Según el informe, algunos funcionarios del gobierno defienden esta práctica, alegando que, en ocasiones, un solo proveedor era capaz de cumplir los contratos.
Señalaron además que muchos de ellos estaban por debajo del límite de la ley de licitaciones. La OA informó, sin embargo, sobre los diversos métodos usados por los funcionarios para eludir los procedimientos destinados a prevenir la oferta única en contratos de abastecimiento.

Un decreto facilita el acceso del público a la información gubernamental de los ministerios, que deben responder a las solicitudes dentro de los 10 días hábiles, con una prórroga de 10 días. El cumplimiento, sin embargo, varía según las dependencias. La organización no gubernamental Poder Ciudadano estima que el Poder Ejecutivo da respuesta a tales solicitudes dentro del plazo de tiempo establecido aproximadamente en 70 % de las veces.

La organización señaló que las solicitudes políticamente sensibles, como los gastos de funcionamiento de la presidencia, a menudo se retrasan o quedan sin respuesta.

DERECHO DE ASOCIACION

La ley defiende el derecho de todos los trabajadores, con la excepción del personal militar, a formar y afiliarse en sindicatos libres y democráticos, reconocidos por simple inscripción en un registro especial, y los trabajadores ejercen ese derecho. Se estima que 35% a 40% de la fuerza de trabajo está organizada. La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y de otros grupos de trabajadores no afiliados a la Confederación General del Trabajo sostienen que la Ley de Asociaciones Profesionales al reconocer un solo sindicato por sector está en conflicto con el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Eso le impide a la CTA la obtención de pleno reconocimiento jurídico. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos examina la petición desde el año 2004.