El Senado convirtió en ley la nueva legislación sobre lavado de dinero

Los senadores radicales Ernesto Sanz y Gerardo Morales durante el tratamiento de un proyecto para modificar la legislación en materia de lavado de dinero y otro para introducir cambios en la Ley de Quiebras.

El Senado aprobó con 61 votos positivos y 2 negativos la nueva legislación sobre lavado de dinero que tipifica ese delito en el Código Penal, y de esta manera adecua la normativa vigente a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que había amenazado con sancionar a la Argentina.

El proyecto fue aprobado con acuerdo tanto del bloque oficialista como del arco opositor, que se habían manifestado a favor de modificar la legislación sobre lavado de activos antes de la reunión del GAFI, que se realizará el 20 de junio en México DF, para impedir sanciones.

La nueva norma tipifica el lavado de activos como delito autónomo dentro del Código Penal y lo saca del título de "encubrimiento" de otro ilícito, como estaba contemplado hasta ahora.

"Ya no sólo penalizamos a quien encubre el ilícito de otra persona que lava dinero, sino que también se pena el autolavado", explicó durante la sesión la presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, la peronista federal Sonia Escudero.

La nueva legislación le da mayores facultades a la Unidad de Información Financiera (UIF) para solicitar información a organismos públicos nacionales y a los sujetos obligados por la ley a suministrar datos, además de darle ése órgano un aporte equivalente al 0,6 por ciento del presupuesto del Ministerio de Justicia.

La figura básica de lavado de dinero será a partir de los 300.000 pesos y no de 50.000, como hasta ahora, aunque la UIF tendrá la facultad de determinar a partir de qué monto debe informar sobre movimientos financieros que resulten sospechosos.

Ante la amenaza de que la Argentina sufriera sanciones por parte del GAFI, los senadores prefirieron no hacerle modificaciones al articulado que llegó desde la Cámara de Diputados y, en cambio, optaron por darle media sanción a un proyecto "correctivo" de la nueva legislación.

El proyecto "correctivo" (aprobado por 57 votos afirmativos contra 4 negativos y una abstención) atenúa las obligaciones de los privados a informar a la UIF sobre movimientos financieros y elimina la atribución de la UIF para fijar multas a quienes violen la ley y la reemplaza por la facultad de decomisar.

En este sentido, la senadora Escudero, en su calidad de miembro informante de la comisión que discutió el proyecto, indicó que "los activos decomisados serán destinados a reparar el daño causado a la sociedad".

Además, el proyecto "correctivo" introduce un artículo que señala que están obligados a dar información todas las personas físicas o jurídicas que reciban subsidios, donaciones o aportes de fondos públicos.

Por su parte, el senador radical Ernesto Sanz votó a favor de ambos proyectos pero advirtió que la UIF tendrá "una cantidad de facultades que la convierten en uno de los organismos con mayores atribuciones de investigación, casi más que la AFIP", por lo que "debería ser un órgano extrapoder", según consideró.

El jefe del bloque oficialista, Miguel Ángel Pichetto, lo cruzó al sostener que la UIF "tiene que tener una dependencia de las instituciones del país" y que colocarla en otra órbita "seria ineficaz".

La senadora de la Coalición Cívica, María Eugenia Estenssoro, también votó a favor de las dos normas y si bien consideró que se trata de "un avance", advirtió que "no va a funcionar si no hay una decisión política y judicial" para combatir el lavado y las actividades ilegales que existen detrás de él.

La nueva ley antilavado contó con 61 votos afirmativos, pero los senadores Adolfo Rodríguez Saá, del Peronismo Federal, y Roberto Basualdo de Alianza Frente Producción y Trabajo, votaron en contra.