El Senado volvió a debatir en comisión el matrimonio gay

Se reanudó el debate en el Senado

El derecho al matrimonio y a formar familia, incluida la adopción de niños, fue fundamentado por la Asociacion Internacional de Gays y Lesbianas (ILGA) y la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) al reanudarse el debate sobre el proyecto de ley que habilita el matrimonio entre personas del mismo sexo en la Comisión de legislación General del Senado.

"Estamos frente a una responsabilidad y deber cívico sin precedentes, que garantizará un camino de libertad y dignidad a nuestras hijas, nuestros hijos, a nuestras familias, las suyas, las nuestras, la de todos y todas", dijo Pedro Paradiso Sottile, en nombre de ILGA, quien repasó los fundamentos históricos y jurídicos de la legislación que reclaman homosexuales, lesbianas, transexuales e intersexuales.

El abogado recordó que existen 76 países "que nos aplican prisión, cinco países que nos aplican la pena de muerte. Mientras que nos protegen con leyes antidiscriminatorias 53 países y reconocen nuestras familias y uniones 26 países. Estamos convencidos de que Argentina será el país número 27".

Por su parte, César Cigliutti, presidente de la CHA, sostuvo que "la historia nos viene dando la razón" al destacar que al "hacerse pública" la condición homosexual de miles de personas se dio inicio a la rebelión contra la desigualdad jurídica.

"Dejamos de ser el homosexual conceptual. Después de tanta violencia, física, moral, política por fin somos reales", aseguró.

El dirigente dijo que "la institución del matrimonio igualitario es un destino y un trabajo de todos y de todas. Es un trabajo colectivo y sus protagonistas varían como varía la historia. Con este proyecto no estamos atacándola. Al contrario, la estamos construyendo junto con ustedes", afirmó Cigliutti.

A su turno las periodistas Sandra Russo y Liliana Hendel presentaron un informe de la Academia Americana de Pediatría, confeccionado por 22 expertos y publicado en el 2002, que compara la evolución, desde el punto de vista de la salud, de chicos criados en hogares con padres de distinto sexo y, otros, del mismo sexo.

El informe, aseguró Russo, "no encontró diferencia alguna entre los menores salvo el hecho de que los chicos criados en hogares con padres de un mismo sexo eran más cariñosos con niños menores que ellos".

En este ámbito, Liliana Hendel pidió: "Senadores hagan una lectura atenta y comprensiva del informe. El esquema binario (hombre-mujer) es una construcción cultural de esta parte del mundo de la historia. Pero existen muchas otras".

A la mañana, académicos, juristas y constitucionalistas también tuvieron lugar para expresar sus acuerdos y disidencias con el proyecto de ley.

"Los senadores tienen una oportunidad histórica como fue el voto femenino en su momento", sostuvo el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien defendió la posibilidad de "establecer, en términos de paradigma constitucional, la igualdad de derechos".

El constitucionalista Roberto Gargarella, a su turno, opinó que "no hay argumentos (válidos) para mantener una ruptura del principio de igualdad" y advirtió que la legislación actual "no le quita el derecho a casarse a una pareja que no quiere procrear o que no puede".

Recomendó pensar "cuál es la relevancia" de las diferencias "a la hora de analizar la asignación de derechos" y juzgó que ése es el punto clave de la discusión: cuáles de los planteos en contra del proyecto son "constitucionalmente relevantes".

Desde una posición más crítica, el abogado Marcos Córdoba consideró "técnicamente deficiente" la iniciativa aprobada en Diputados, aunque expresó que "cualquiera sea la tendencia sexual de una persona merece la protección de la ley, equivalente a la que recibe cualquiera con una tendencia diferente".

En tanto, la especialista en Derecho de Familia, Marilina Hotton, criticó el proyecto aprobado en Diputados por entender que tiene "vicios" y que el debate del cual surgió fue "apresurado" y marcado por la "intolerancia y por la ausencia de un análisis de las implicancias jurídicas".

Dijo que con esa iniciativa "las mujeres son las primeras afectadas en sus derechos" porque "se suprime la palabra madre, mujer y esposa" y advirtió que esa supresión "también discrimina".

La profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad Austral Pilar Zambrano advirtió que constituiría "una descalificación" para muchos que sólo pudieran opinar "quienes no posean una convicción religiosa".

Advirtió que "paralelamente a los argumentos de fe hay argumentos de razón" y, como muestra, señaló que el Código Penal replica "los 10 mandamientos judío-cristianos".

En este marco de consultas, estaba previsto que hoy también hablaran cinco expositores vinculados a organizaciones evangélicas y católicas, aunque por razones de tiempo no pudieron emitir su opinión.