El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ya anunció que el voto en para elegir los cargos locales será mediante el sistema de Boleta Única Electrónica y por el momento una sola empresa se presentó a la convocatoria del Instituto de Gestión Electoral (IGE) para licitar el servicio de los dispositivos y el software.
Elecciones 2023: una sola empresa se presentó a licitación del voto electrónico en CABA
La boleta electrónica se implementará en las próximas elecciones para los cargos locales y Magic Software Argentina fue la única empresa que se postuló a la convocatoria del Instituto de Gestión Electoral para prestar sus servicios.
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Desde el oficialismo porteño aseguraron a Télam que tras el cierre del plazo establecido para la presentación de ofertas, Magic Software Argentina (Grupo MSA) fue la única firma que participó del llamado.
MSA, radicada en el distrito tecnológico de Parque Patricios, fue la proveedora del sistema en 2015, cuando se usó el voto electrónico por primera y única vez en la Ciudad, y también resultó ganadora de las licitaciones en Salta y recientemente en Neuquén.
Según indicaron desde el Gobierno porteño cuando lanzaron la licitación a inicios de mayo, en la próxima etapa se analizarán tres factores: los antecedentes de la firma postulada, las características del sistema ofrecido y el presupuesto presentado.
A la vez, el IGE implementará un proceso general de pruebas y auditorías de las tecnologías electrónicas para evaluar las opciones, del cual participarán representantes del Tribunal Electoral, las agrupaciones políticas y los fiscales partidarios, tras lo cual deberá elaborar un informe con conclusiones.
El monto "indicativo" que estimaron por el servicio para las tres jornadas electorales -las primarias, las generales y el balotaje- alcanza los US$29,1 millones, cifra que representa un costo de US$3,08 por votante por instancia y toma una proyección de personas habilitadas a sufragar de 3.150.000.
Para el presupuesto de la Ciudad, calculado en pesos argentinos, el sistema de voto electrónico implicará una erogación de las arcas públicas de unos $7.000 millones.
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