No comenzó bien el hombre que deberá garantizar la seguridad en la provincia de Buenos Aires. A poco de conocerse su designación, León Arslanian se pronunció contra el aumento de penas: «Suele ser totalmente inconducente porque no está probado que el delincuente se amilane frente un aumento de la punibilidad».
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• Los dichos del flamante ministro de Seguridad van contra la petición democrática de las 600 mil personas que el jueves pasado se pronunciaron por medidas más severas contra la delincuencia y que provocaron la renuncia del anterior ministro, Raúl Rivara.
Pensar como Eugenio Zaffaroni («no siempre la gente tiene razón», palabras menos, palabras más) es una actitud mesiánica y hasta casi soberbia. Pero no debería sorprender. Es ésa la filosofía que hoy maneja un sector de la izquierda que se cree enrolado en una lucha ideológica. Supone que encarar con severidad el grave problema de la seguridad es inclinarse por posturas de derecha fascistas. Con esta concepción ha facilitado el ingreso de noveles magistrados y funcionarios que con ingenuidad libertaria provocan que personas que cometen delitos graves sean dejadas en libertad o permiten salir a violadores sin cumplir las pautas elementales del sentido común. Posturas que llevaron a exponer filosofías como las que sostienen que el caso de aquel que le robó un auto a un ladrón que lo acababa de robar se trata de apropiación de cosa perdida. O el criterio que postula que aquel que asalta con un cuchillo Tramontina no roba con un arma, porque considera que el cuchillo no lo es. Al secuestrado Diego Peralta lo mataron con un cuchillo Tramontina el año pasado.
• En un país en el que la inseguridad creció 300%, la dirigencia debe explicar la incorporación de una figura como la de Arslanian.
El ex juez del juicio a las juntas militares fue el impulsor del Código de Procedimiento Penal que excarcelaba obligatoriamente a delincuentes por delitos con penas de hasta seis años de prisión. Y, fundamentalmente, no otorgaba recurso de apelación a la víctima, por caso, cuando la condena estaba en suspenso pese a que el Pacto de San José de Costa Rica, incorporado a la Constitución nacional en la reforma de 1994, obligaba a un recurso de apelación a la víctima o a cualquier parte del proceso.
• El descabezamiento de la cúpula de la Bonaerense y su desmembramiento significó para esa fuerza la expulsión de malos policías, pero también de los buenos, aquellos con experiencia en investigación. Los jueces no cuentan hoy con ese recurso para enfrentar el alto grado de inseguridad. Pero, además, la Policía no puede ser comandada por alguien que se considera contrario al espíritu de la institución. Debe ser conducida por quien tenga su línea filosófica, una cuestión que no implica avalar hechos de corrupción. El ingreso de Arslanian como ministro de Seguridad será resistido por un sector importante de la Policía. Al decir de un hombre de la fuerza, «es como incorporar agua fría a un organismo que terminó de correr. El resultado: un ataque al corazón». Un comisario mayor, Daniel Giufrida, le inició y le ganó un juicio porque lo expulsó de la fuerza acusándolo de corrupto. El ahora ministro fue condenado a un año de prisión de ejecución condicional con costas por el delito de calumnias en injurias.
• Después de Arslanian, la muerte de policías se convirtió en algo común. Los registros señalan que un policía muere cada seis días a manos de delincuentes. El nuevo código procesal era a la medida de los derechos de los sospechosos y así se multiplicaron las víctimas inocentes. La situación provocó una rebelión de policías. El detonante fue el asesinato en Victoria del cabo primero Salomon Stambulis de intachable foja, todo porque debió cumplir a rajatabla las instrucciones de Arslanian que restringía el uso de armas. Como sucedió con Blumberg, los vecinos de Victoria se reunieron en la calle principal y luego, liderados por la doctora Marta Cecilia Quartarone -hoy fallecida-, marcharon desde esa localidad hasta los tribunales de San Isidro pidiendo justicia, la derogación de las leyes de Arslanian y su renuncia, que ocurrió poco tiempo después de esa marcha y petitorio.
• Arslanian fue el promotor e impulsor del Código de Procedimiento en la Capital Federal. A partir de este código, los delitos se multiplicaron. Era el año 1992 y en la Argentina había auge económico; por lo tanto, mal podría afirmarse que era consecuencia de un aumento de la marginalidad y de la pobreza.
• Pero, además, sobre el futuro ministro pesan las dudas sobre los costos materiales de su anterior gestión y el hecho de que durante ésa mantuvo en su estudio de San Isidro su chapa «Estudio Arslanian-Beraldi», todo muy reñido con la ética que debe profesar.
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