Empresarios saqueados exigen subsidios y no pagar impuestos

Un local de venta de celular y cartuchos de impresión también sufrió el ataque de vándalos. Solo en provincia de Buenos Aires se estima que los saqueos dejaron pérdidas por 90 millones de pesos.

Grandes, medianos y pequeños comerciantes que fueron víctimas de los saqueos en distintas ciudades del país reclaman a gobiernos nacional, provincial y municipal un resarcimiento económico para afrontar las millonarias pérdidas causadas en la última semana. La primera respuesta de Nación sería la entrega de "líneas especiales de financiamiento".

"Los daños en todo el país han sido enormes, pedimos que hagan algo urgente por los menos 1.500 comerciantes devastados", exigió este miércoles Carlos De la Vega, presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), en diálogo con Radio Del Plata.

De la Vega aseguró que desde su entidad enviaron cartas al Poder Ejecutivo nacional, a 12 gobernadores y a más de 300 intendentes de localidades donde se produjeron los robos en banda para que se acuerde con "toda urgencia" los procedimientos para otorgar resarcimiento a los comercios.

El empresario, de habitual concurrencia a los actos en Casa Rosada y miembro activo del sector empresarial en el diálogo social tripartito, especificó que reclaman la extensión o postergación por un tiempo de las obligaciones impositivas nacionales, provinciales y municipales, como así también subsidios para reparar destrozos y créditos para reponer el capital de trabajo, como maquinarias y mueblería, además de mercaderías. El pedido de la CAC incluye una previa determinación de los daños, aunque no se detalló quién la realizaría. Si las propias entidades o las autoridades locales.

Según la confederación CAME, que agrupa a pymes, estimaron hasta este martes que 1.888 comercios en 14 provincias resultaron afectados por los saqueos desatados tras las protestas policiales, y sumaron pérdidas estimadas en 568.450.000 pesos.

La Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA) reveló que en ese distrito unos 300 comercios fueron saqueados, sobre todo en La Plata y Mar del Plata, con pérdidas económicas por unos 90 millones de pesos. El presidente de FEBA, Raúl Lamacchia, responsabilizó "a los grupos de violentos que intentan desestabilizar y generar un estado de angustia en toda la sociedad" y anunció el inicio de gestiones para ayudar a los comerciantes damnificados.

La Cámara Argentina de Supermercados y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios, advirtieron que "la amenaza de saqueos y vandalismo sigue se totalmente vigente" en distintos puntos del país, por lo cual llamaron a "extremar las medidas de prevención y control". En un comunicado, los supermercadistas consideraron que la "irreparable consecuencia de esta situación es la pérdida de vidas, daños físicos, materiales y morales que llevará mucho tiempo superar".

"En lo que hace a las consecuencias económicas, la pérdida de inversiones se convierte inmediatamente en la destrucción de valiosos puestos de trabajo y en el desaliento a quienes apuestan a crear empresas arriesgando su capital -en situaciones normales- y su seguridad personal, en las actuales circunstancias", añadieron en conjunto FASA y CAS.

Por su parte, los comerciantes orientales enrolados en la Federación de Supermercados y Asociaciones Chinas de la Argentina recomendaron a sus afiliados que permanezcan cerrados hasta fines de año, en caso de que consideren que no están dadas las condiciones de seguridad indispensables para levantar sus persianas. Los empresarios chinos estiman que más de 50 locales de su propiedad fueron víctimas de vandalismo: 23 fueron saqueados y unos 30 atacados, pero sofocados sin llegar a robo.

La presidenta de la Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y países del Sudeste Asiático, Yolanda Durán, reveló que los propietarios de súper chinos se están organizando para evitar posibles saqueos, mediante la "ayuda solidaria" de un grupo de 50 personas. "Se creó un grupo de 50 chinitos para autoprotegernos para el que quiera abrir para las Fiestas", anunció Durán en declaraciones de Radio 10.

• Ayuda oficial

La primera respuesta oficial al pedido de indemnizaciones y ayuda para los empresarios llegó de Jorge Capitanich. Este miércoles por la mañana en conferencia de presa, el jefe de Gabinete no pudo precisar un monto total de los saqueos y daños, pero anticipó que habrá asistencia para "recomponer el patrimonio".

"Los cálculos económicos son diversos y dispersos. Cada una de las jurisdicciones provinciales ha hecho una recopilación de antecedentes", sostuvo Capitanich, al tiempo que comentó que el gobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota, primero habló de 96 detenidos y 100 millones de pesos, y ahora ya superan 300 los apresados y el monto se elevó a 400 millones de pesos. "En definitiva de lo que se trata es de la recopilación de los datos en cada una de las provincias para consolidar una información respecto de las pérdidas patrimoniales", sostuvo. Si a la suma calculada por De la Sota se suma la de CAME superarían los 1.000 millones el costo total por saqueos en el país.

El funcionario remarcó que la valuación del perjuicio también tiene que ver con el seguro que poseen las empresas y comercios y el reconocimiento del daño. "En muchos casos el seguro debe cubrir un siniestro de esta naturaleza, en muchos otros puede que no. Entonces creo que es necesario establecer líneas especiales de financiamiento a los efectos de recomponer el patrimonio de las personas", anunció. No se descarta la intervención judicial para fijar montos de resarcimiento. Si la medida prospera, el agente crediticio podría ser el Banco Nación o Anses.

En Santa Fe, el frente progresista de Hermes Binner presentó este miércoles un proyecto en la Legislatura santafesina para "eximir de impuestos a los comerciantes afectados por la protesta policial", que derivó en hechos vandálicos y saqueos. El proyecto lo presentó Hugo Marcucci, el legislador por el departamento Capital. El diputado solicitó que "no se les cobren impuestos inmobiliarios, ingresos brutos, servicios públicos (agua y luz) y sellados de contratos, compraventas o alquileres a los afectados por los hechos de violencia, robos, destrozos y saqueos ocurridos entre el 7 y el 10 del corriente".

El proyecto de ley además prevé que "el Poder Ejecutivo (provincial) cree el Programa de Ayuda a damnificados, cuyas líneas de acción serán subsidiar tasas de créditos y/o otorgar subsidios para la compra de mobiliarios, instalaciones y/o bienes de uso dañados producto de los hechos de violencia, en la forma y hasta el monto que determine la reglamentación".