El Gobierno compró cien pistolas Taser que serán destinadas a grupos especiales de las fuerzas federales del país, en el marco de un proceso que se inició el año pasado, informaron fuentes del Ministerio de Seguridad a cargo de Aníbal Fernández.
En medio de la polémica, el Gobierno adquirió 100 pistolas Taser
Son para grupos especiales de las fuerzas federales. La compra se inició el año pasado a través del Ministerio de Seguridad de la Nación.
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La compra se materializó por contratación directa con una empresa que tomó en parte de pago un lote de ese tipo de armas electrónicas que había sido adquirido en el 2019 por la entonces ministra Patricia Bullrich y que había quedado en desuso por tratarse de pistolas de un solo cartucho, que no cuentan con emisión de advertencia ni cámaras incorporadas.
Adquisición
La compra directa fue autorizada por las resoluciones 283 y 1167 de la Policía Federal Argentina, fechadas el 31 de octubre y 28 de diciembre respectivamente, detallaron las fuentes.
Las pistolas Taser son armas electrónicas que se regulan y controlan por la Ley de Armas y Explosivos de 1975 (20.429) y los Decretos 395/1975 y 1039/1989, agregaron desde la cartera de Seguridad.
Asimismo, indicaron que "su uso y adquisición por las Fuerzas de Seguridad y Policías en Argentina fue definido políticamente en los años '80, cuando se incorporaron en la normativa nacional de control de armas, como material controlado".
"Es por eso que el debate sobre la cuestión esta saldado, ya que nuestro Gobierno respeta y cumple con los plexos normativos nacionales y sus obligaciones internacionales", puntualizaron los voceros.
Estas pistolas serán destinadas a los grupos especializados de cada fuerza federal, como el Albatros de Prefectura, el Alacrán de Gendarmería, los Grupos Tácticos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, las Unidades tácticas de Intervención Federal y el GEOF de la Policía Federal Argentina.
Autorización
Para el uso de estas armas, los agentes deben cumplir con el "protocolo de Actuación para la utilización de Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Momentánea (D.E.I.M.) de baja letalidad", vigente desde la gestión de la antecesora de Fernández, Sabina Frederic.
Desde la cartera de Seguridad remarcaron que esta compra, iniciada el año pasado, no está vinculada al reciente homicidio de la agente de la Policía de la Ciudad Maribel Zalazar, madre de dos hijos y baleada en la estación Retiro del subte C el 14 de febrero último.
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