9 de septiembre 2002 - 00:00

Entre Ríos: se agrava la crisis institucional

Entre Ríos - La crisis institucional entrerriana ingresó esta semana en un nuevo capítulo: la Legislatura intentará continuar con el tratamiento del pedido de juicio político al gobernador Sergio Montiel, mientras el mandatario ya dio por terminado ese trámite al fracasar, el sábado pasado, la tercera sesión para estudiar el enjuiciamiento.

Por eso, los 19 diputados que quieren destituir a Montiel anunciaron que el próximo jueves, cuando se abra una nueva sesión ordinaria, recurrirán a la fuerza pública para que asistan los legisladores que evitaron el quórum para el tratamiento del juicio político la semana pasada.

Uno de los impulsores de la destitución, el peronista Raúl Taleb, aseguró ayer a Ambito Nacional que la interpretación de Montiel de que el juicio político ya no puede ser tratado por los diputados es «una interpretación sui géneris de la ley».

Según el presidente de la Cámara, Julio Rodríguez Signes -un radical recientemente expulsado del partido por los montielistas-, pidió la presencia de 20 agentes de la Policía entrerriana para la sesión del jueves.

La idea es que, como se trata de una sesión ordinaria, asistan la mayoría de los legisladores. Luego, la oposición pedirá el tratamiento del juicio político, y si los montielistas quieren irse del recinto, deberá actuar la Policía.

Si los efectivos no acatan las órdenes, se pediría la intervención de Gendarmería. Los siguientes pasos, según una resolución de la Legislatura, serían la multa, suspensión y exclusión del cuerpo de quienes no brinden el quórum para el tratamiento del juicio político.

En tanto, no se descarta la posibilidad de que -si persiste el desacuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre la validez de las sesiones-se
termine dirimiendo la cuestión ante la Justicia.

El sábado pasado,
Montiel aseguró que, al fracasar la tercera sesión especial de Diputados, convocada para tratar el juicio político en su contra, el proceso «está terminado».

El gobernador radical explicó que en una sesión ordinaria, la Cámara baja con 15 diputados tiene quórum. «Acá había 19 pero, como se trata de una sesión especial, según lo que determina el artículo 103 de la Constitución para el juicio político, el cuerpo necesitaba la presencia de 21 legisladores para poder sesionar.» La ausencia de los 9 integrantes del bloque radical, leal al gobernador Montiel, impidió que el cuerpo alcanzara el quórum necesario.

Montiel se definió como «una víctima» y convocó a que «entre todos superemos la situación en que se encuentra la provincia». «Para nosotros empieza una nueva etapa. Mandaremos el acuerdo fiscal que hicimos con Nación para su tratamiento, porque ahora la Legislatura deberá retomar sus funciones legislativas ordinarias», añadió.

El pedido de juicio político , el
octavo en los últimos cinco meses, fue presentado el 15 de agosto pasado por los integrantes del bloque de diputados de Intransigencia para el Cambio (ex Alianza) y por dos legisladores radicales.

El dictamen acusa al mandatario entrerriano de presunto
mal desempeño en sus funciones. Entre las causales del pedido se citan el incumplimiento del Ejecutivo de la ratificación de la decisión legislativa de declarar nulo el Decreto 1.836, de emisión de una nueva serie de bonos.

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