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En tanto, no se descarta la posibilidad de que -si persiste el desacuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre la validez de las sesiones-se termine dirimiendo la cuestión ante la Justicia.
El sábado pasado, Montiel aseguró que, al fracasar la tercera sesión especial de Diputados, convocada para tratar el juicio político en su contra, el proceso «está terminado».
El gobernador radical explicó que en una sesión ordinaria, la Cámara baja con 15 diputados tiene quórum. «Acá había 19 pero, como se trata de una sesión especial, según lo que determina el artículo 103 de la Constitución para el juicio político, el cuerpo necesitaba la presencia de 21 legisladores para poder sesionar.» La ausencia de los 9 integrantes del bloque radical, leal al gobernador Montiel, impidió que el cuerpo alcanzara el quórum necesario.
Montiel se definió como «una víctima» y convocó a que «entre todos superemos la situación en que se encuentra la provincia». «Para nosotros empieza una nueva etapa. Mandaremos el acuerdo fiscal que hicimos con Nación para su tratamiento, porque ahora la Legislatura deberá retomar sus funciones legislativas ordinarias», añadió.
El pedido de juicio político , el octavo en los últimos cinco meses, fue presentado el 15 de agosto pasado por los integrantes del bloque de diputados de Intransigencia para el Cambio (ex Alianza) y por dos legisladores radicales.
El dictamen acusa al mandatario entrerriano de presunto mal desempeño en sus funciones. Entre las causales del pedido se citan el incumplimiento del Ejecutivo de la ratificación de la decisión legislativa de declarar nulo el Decreto 1.836, de emisión de una nueva serie de bonos.




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