Envenenados por su propia poción

¿Quién impuso la política de consentir el escrache y el piqueterismo? El propio gobierno Kirchner, que obligó a los ciudadanos de todo el país a tolerar cortes de calles y de rutas que se justificaban desde el poder como una forma de convivencia. No es otra cosa que lo que ocurrió el viernes en Río Gallegos, cuando incontrolados los activistas creyeron que podían hacer justicia por mano propia con un ex funcionario a quien creen culpable de la crisis.

Roberto Traba (en el asiento del acompañante junto a Daniel Varizat) es uno de los funcionarios que tiene la provincia en el directorio de Fomento Minero de Santa Cruz, que explota junto a capitales privados la mina de oro de Cerro Vanguardia en esa provincia.

Tras un retorno el viernes a Río Gallegos signado por la violencia, palparon con brutal crudeza Néstor y Cristina Kirchner que ya sufren en carne propia el costo político de su permeabilidad oficial en materia de piquetes y protestas sociales, al punto de peligrar un triunfo del kirchnerismo en los comicios de Santa Cruz del 28 de octubre. Esa presunción alimenta el silencio del oficialismo ante los incidentes del viernes pasado.

La postal ya es capitalizada por una oposición local, que recobró nuevos bríos y que apura el lanzamiento de un megafrente opositor que tendrá como socios a la UCR, el sector rebelde del Frente para la Victoria (FpV) y la Coalición Cívica de Elisa Carrió.

Saben que ya es casi un hecho un triunfo opositor en la estratégica plaza de Río Gallegos, que hoy gobierna el radical Héctor Roquel y que reúne a cerca de 40% del electorado provincial.

Las espadas serán el exitoso empresario hipermercadista radical Eduardo Costa -candidato a gobernador, que se zambullirá por primera vez en la política- y el ex mandatario kirchnerista y hoy hipercrítico Sergio Acevedo.

No supieron ni el Presidente-virtual gobernador desde Balcarce 50- ni los mandatarios Carlos Sancho y Daniel Peralta apaciguar con oficio la escalada de conflictos sociales desatada en marzo en la provincia, con epicentro en la radical Río Gallegos.

En la noche del viernes, el desenfreno generalizado en pos de un paquete de concesiones derivó en un violento episodio, cuando el ex ministro de gobierno kirchnerista Daniel Varizat -precisamente la figura más cuestionada por los gremios, después de Kirchner- atropelló a cerca de veinte manifestantes para huir del lugar por temor a ser linchado, con el saldo de 17 heridos (uno ellos, justamente una maestra, en estado grave).

Fue la peor imagen para recibir al Presidente y a Cristina Kirchner en su retorno a la convulsionada capital provincial, tras más de cuatro meses de exilio forzado por la crisis social.

Pesadilla

La foto redondeó una noche de pesadilla para el kirchnerismo, teniendo en cuenta que Varizat era uno de los hombres de suma confianza de Kirchner en Santa Cruz hasta que la crisis lo convirtió en el único funcionario de peso reemplazado tras la asunción de Peralta. «Lo único que faltaba era una agresión directa a Cristina», graficó un hombre del FpV para redondear la postal.

«Varizat es a Cristina lo que Herminio Iglesias fue a Italo Luder», se lamentó con amargura un hombre del oficialismosantacruceño, recordandola polémica quema del ataúd que alimentó el triunfo de Raúl Alfonsín en 1983.

Pero en voz alta, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández -el único que hasta ayer se atrevió a hablar-, calificó al episodio desde El Calafate como un «hecho desgraciado» y enfatizó que los manifestantes «querían volcar la camioneta» de Varizat, que también se desempeñó como subsecretario general de la Presidencia, entre diciembre de 2005 y marzo de 2006.

«Con el movimiento, automáticamente saltaron las trabas de las puertas; un tipo se metió adentro y Varizat se aterró», intentó justificar, además de denunciar la presencia de «grupos del Partido Obrero y del Movimiento Socialista de los Trabajadores» en la protesta (hipótesis de infiltrados que comparte Peralta).

Aunque con matices diferentes, el tenso episodio termina emparentando a Kirchner con el hipercrítico gobernador neuquino y presidenciable Jorge Sobisch, quien debió pilotear una grave crisis provincial tras la muerte del maestro Carlos Fuentealba en abril pasado, en medio del desalojo policial de un piquete sobre la Ruta Nacional 22.

Por entonces, Kirchner había endilgado la total responsabilidad de la muerte de Fuentealba a Sobisch, capitalizando la tensión local a pocas semanas de las estratégicas elecciones de Neuquén y de la Ciudad de Buenos Aires. «Le puede pasar a cualquier gobernador», advirtió por entonces el neuquino, casi premonitorio.

Hoy, la lista de heridos -aunque el escenario podría haber sido mucho más grave- se lee en los hospitales de Río Gallegos. Y la escena no fue desatada por una granada de gas lacrimógeno, sino por un vehículo de un otrora kirchnerista por excelencia.

El pasado jueves, al unísono, el jefe de Gabinete y el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, habían cuestionado públicamente a Sobisch luego de las críticas del gobernador a Kirchner en torno al hallazgo de la polémica valija del venezolano Guido Antonini Wilson con 800 mil dólares.

Vergüenza

«Hay que terminar con la hipocresía y con estos avergonzados truchos como Sobisch, porque como argentino me da vergüenza la muerte del docente Carlos Fuentealba», había asegurado De Vido.

El caluroso recibimiento brindado por cerca de 10 mil militantes del Frente para la Victoria en el complejo Boxing Club, en virtual intento de desagravio, quedó sepultado luego por el retorno de la tensión a Río Gallegos, con el incidente Varizat y el intento el sábado de concretar una toma de la Casa de Gobierno por parte de activistas gremiales.

En medio del bullicio, el primero en amargarse fue el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, celular mediante.

-Estoy viendo por televisión los incidentes con Varizat... le dijeron.

-¿Qué incidentes?

Tras el acto, la pareja presidencial siguió con « preocupación» la marcha de los acontecimientos desde la residencia oficial. El sábado al mediodía, el Presidente mantuvo un encuentro con Peralta, y luego el matrimonio partió -junto con Fernández y el secretario legal y técnico, Carlos Zannini- hacia la villa turística de El Calafate, desde donde hoy retornarán a Buenos Aires.

En el freezer quedó nuevamente un intento de lanzar -al menos por gestos- una candidatura a gobernador de Peralta, mandatario de transición ungido por el Presidente en mayo pasado para reemplazar al renunciado Sancho.

Con el objetivo de seducir al erosionado electorado, ensayan desde la Casa Rosada una desdibujada concertación local, con la pretensión de mostrar que también en ese distrito patagónico es posible armar una fórmula plural.

El elegido es el actual titular de la Administración de Parques Nacionales, Héctor Espina, un radical desencantado que, en rigor, desde 2003 milita en las filas kirchneristas.

A la sombra del clima enrarecido que se respira en la radical Río Gallegos, crecen las posibilidades electorales -otrora impensadas- de un naciente megafrente que confía en triunfar en la crítica capital provincial y que intentará hacerse fuerte en el interior de Santa Cruz, donde pisa con seguridad el clientelismo kirchnerista. El entendimiento pegoteará a la UCR con los sectores rebeldes del FpV y con la Coalición Cívica de Carrió.

Embestida

Ayer, Costa embistió con dureza contra Kirchner, al atribuir los incidentes desatados en la provincia en los últimos meses a que «está fallando un modelo de gestión» porque «se gobierna desde Buenos Aires, por teléfono».

Para Costa, los gobernadores que asumen en Santa Cruz «no gobiernan» y Peralta hoy «no tiene gobernabilidad». «La gente va a elegir candidatos con capacidad de gobernar», diagnosticó.

Respecto de Varizat, en tanto, afirmó que actuó con «una irracionalidad total». «Lo insultaron, pero no lo agredieron físicamente», dijo.

Desde la otra vereda, y consciente del impacto en las urnas, Peralta volvió el fin de semana a hacer un fuerte llamado al «diálogo y la cordura en la provincia», además de condenar «el accionar de grupos minoritarios» y de pedir que se deponga «el clima de confrontación». En ese marco, se comprometió a «trabajar en profundizar acuerdos y abrir una mesa de diálogo para buscar consensos».