Errores técnicos debilitan a Carrió

Las declaraciones que la diputada Carrió anuncia como explosivas parecen constituirse en una maniobra de diversión para alejar a la gente común de la verdad del problema. Una teoría que ha tomado cuerpo en el curso de la semana supone que existe un eje Carrió-Alfonsín-Duhalde-«Página/12-»-«Clarín» para ocultar las verdaderas dimensiones del narcotráfico en la Argentina y para transmitir un mayor poder hacia el Congreso, a la vista del «apartamiento» del Poder Ejecutivo de las premisas de la Alianza.

Existe una primera contradicción: todos los informes que la comisión ha obtenido en los Estados Unidos existen porque los bancos que los entregaron cuentan con sistemas de contabilidad muy sofisticados, que permiten individualizar cualquier maniobra más allá del paso de los años. Ello es algo impensable en una estructura de gente que tiene, según la diputada, el inocultable afán de no dejar rastros (es decir, «lavar») del dinero de la droga o de la corrupción. Con sistemas lo suficientemente confiables, el verbo «limpiar» pasa a tener su verdadera dimensión, que es «transferir la mugre de un vidrio a un trapo». Lo que sucede es que ese trapo no se tira a la basura, permanece como testimonio a través de los años y puede ser requerido por cualquier autoridad judicial que lo quiera.

• Ignorancia

Puestas las cosas como están, lo primero que ignora Carrió es que los bancos operan o bien por cuenta de un cliente o para regular su propia posición y cumplir con las normas del BCRA. El hecho de que un banco privado pudiera haber girado 100 millones de dólares o más por mes al exterior no sirve en sí mismo para nada: lo que debe estudiarse es la contabilidad, la contrapartida en el activo por la cual salió «caja». Pueden ser títulos públicos, swaps, coberturas a término o cualquiera de los productos financieros del mercado moderno. Es bueno aclarar que desde 1994, las normas del Banco Central prohíben a las entidades acreditar como «disponibilidades» o declarar como «cuentas de corresponsal» los fondos depositados en entidades que no cuenten con «grado de inversión», por lo cual, si lo que dice Carrió fuera tan simple, la contabilidad del Banco República hubiera arrojado un patrimonio neto negativo que hubiera obligado a su liquidación hace muchos años, simplemente porque Moneta no podría acreditar como «disponibilidades» los fondos depositados en el Federal Bank, ni en ningún otro «shell bank».

Sin embargo, de esto se deriva una segunda situación. ¿Alguien se habrá tomado la molestia de auditar las cuentas de los bancos oficiales? Porque en las operaciones que los bancos no hacen por cuenta propia, sino por cuenta de clientes, podrían encontrarse varias sorpresas. Pero ¿tendrá la banca oficial los suficientes recursos contables como para que la comisión pueda efectuar sus análisis con tanta claridad como en el caso de las transferencias cursadas por los bancos extranjeros, o simplemente el actual jefe departamental a cargo le contestará a la comisión que todos los antecedentes fueron a parar a la basura hace años, por falta de presupuesto para guardarlos, como sucedió en el Banco Central con las declaraciones de deuda externa en los años posteriores a 1990?

¿Qué pasará en las «agencias» de los bancos oficiales en los paraísos fiscales, como la «sucursal Grand Cayman» del Banco Provincia de Buenos Aires, o con las transferencias ordenadas por el BAPRO a través de sus corresponsales? Este camino podría llevar a nuevas sorpresas. Porque en cuanto la comisión analizara la contabilidad de algunos bancos oficiales, no podría pasar por alto el rubro «préstamos» en el activo de esas entidades. Resulta insólito que después de que nadie pueda explicar adónde fueron a parar 600 millones de dólares por año destinados al Fondo del Conurbano, o las ganancias (si es que las hubo, atento a la política de préstamos del banco), las reservas y los depósitos del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, Jorge Remes Lenicov y Rodolfo Frigeri aparezcan en Washington en una misión diferente a dar explicaciones sobre el destino de los fondos, tal como lo señalara De la Rúa en la convención de la Cámara Argentina de la Construcción. Mientras se habla de elusión impositiva y las miradas de la comisión apuntan hacia el Exxel Group, ¿alguien conoce el alcance exacto del Pacto de San José de Flores, que el BAPRO utilizaba como argumento para no percibir ni pagar IVA sobre los intereses de sus préstamos, o para no efectuar aportes a SEDESA sobre sus depósitos?

• Poder delegado

Sin embargo, nadie más que la «Comisión Carrió» tiene el poder delegado para opinar sobre cuestiones tan complejas y hacer risueñamente uso de su ignorancia. Ya que la comisión ha sido bendecida por los legisladores de los Estados Unidos, ¿podrá esa comisión conseguir en los Estados Unidos una copia de la demanda del IRS contra un médico argentino residente en Broward, en el estado de Florida, casado con la hija de un ex presidente argentino, que ha recibido en una cuenta corriente 3 millones de dólares por mes desde 1994 (casualmente cerca, ya que la diputada Carrió no cree en casualidades, del Pacto de Olivos) manifestando que no son de su propiedad y que es sólo un trustee de ese dinero? ¿Se podrá saber de quién es, o podría aclarar la comisión a quién se refería el Presidente, cuando criticaba a quienes «habían participado de la fiesta»?

La comisión no parece dispuesta a investigar estas tonterías. Mientras tanto, la Argentina ya ha probado lo que sucede cuando se transfiere demasiado poder a legos en la materia. Hace unos años, un informe originado en el reclamo de las víctimas del Holocausto a los bancos suizos respecto de la «complicidad» del Banco Central argentino en la época de la Segunda Guerra Mundial, argumentaba que el Banco Central había comprado y vendido oro contra el Reichsbank, en varias oportunidades. De acuerdo con la teoría que esgrimía, el oro transado no había abandonado jamás las bóvedas de un banco de Zurich, lo cual «demostraba fehacientemente» que tales operaciones tenían el «inocultable propósito» de esconder el oro sustraído por los nazis a los judíos, mediante maniobras de «lavado de activos». La realidad es que cada vez que los bancos centrales efectúan operaciones sobre «oro monetario» contra sus divisas, jamás las barras de oro abandonan la bóveda del banco en el cual se encuentra depositado: simplemente el banco que actúa como «clearing house» cancela la custodia emitida a favor del vendedor del oro y entrega una nueva custodia a favor del comprador. En todo caso es el banco suizo quien podría conocer el origen de su depósito, si para el momento de su imposición estaba enterado de un ilícito.

Esta operatoria es efectuada hoy mediante procedimientos electrónicos, y no sólo respecto del oro, sino también respecto de títulos públicos de cualquier país, e incluye la entrega del dinero del pagador y comprador al cobrador y vendedor. Estas operaciones son efectuadas hoy por los «sistemas de compensación», como Euroclear, Cedel, DTC. SEGA, etc. En nuestro país, esta compensación es efectuada a diario por la Caja de Valores. El problema es que los bancos internacionales tienen un límite de crédito hacia la Caja de Valores, de la misma manera que conceden un límite de crédito al Banco Central de la República Argentina. Por encima de tal límite, no pueden operar más con tales entidades hasta que las partidas anteriores pendientes de liquidación no hayan sido saldadas en el curso de la noche. Por ello, es habitual que grandes volúmenes de títulos públicos argentinos se negocien a través de los bancos mencionados por Carrió en su informe, ya que el límite de crédito de la banca internacional hacia esos bancos es muchas veces mayor que el límite al Banco Central o a la Caja de Valores.

• Regresión

Por supuesto que el lavado de dinero debe ser investigado y prevenido. Pero una «cacería de brujas» efectuada desde la política partidaria regresaría a la Argentina a un estado primitivo y salvaje, con una peligrosa aproximación al Tribunal del Santo Oficio, o a la políticas de Douglas Mac Carthy en los años '50: nadie encontró espías comunistas entre los acusados por el Senado de los Estados Unidos, pero había una suficiente cantidad de espías que caminaban tranquilamente por la calle trabajando en la CIA o en el FBI.