ESMA: piden 25 años para ex prefecto

Los abogados querellantes Rodolfo Yanzón, Luz Palmas Zaldúa y Miriam Bregman pidieron ayer en la causa que se le sigue al ex prefecto Héctor Febres por presuntos delitos de lesa humanidad una condena por 25 años de prisión.

Durante los alegatos, los abogados reclamaron además que los cuatro presuntos delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados y reducción a la servidumbre por los cuales está siendo juzgado el ex militar fueran tipificados como genocidio. Lógico, teniendo en cuenta el precedente que sentaron en estos casos las últimas condenas al ex capellán de la Policía Bonaerense Christian Von Wernich y al ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense Miguel Etchecolatz.

Los representantes de los ex detenidos Julio Margari y Carlos García pidieron esa pena ante el Tribunal Oral Federal Nº 5 (TOF5) que juzga a Febres en el primer juicio por el accionar del gobierno militar en ese polémico edificio de la Marina.

Vigilado por la Prefectura, de traje y llamativamente sin chaleco antibalas ni esposas, Febres presenció obligado la audiencia en la que el público aprovechó para insultarlo. El ex marino había estado presente el 24 de octubre pasado en la primera jornada del juicio aunque en las posteriores había desistido de acudir.

Sin embargo, y debido al comienzo de la lectura de los alegatos, deberá concurrir a todas las instancias que quedan por delante hasta el veredicto, que será dictado el próximo 14 de diciembre por el Tribunal que presiden los jueces Guillermo Gordo, Ricardo Farías y Daniel Obligado.

«Febres era un ejecutor directo de las órdenes que provenían de la jefatura militar para torturar a los detenidos en la ESMA, y así aplicar el plan de exterminio de la dictadura contra los opositores políticos», señalaron los abogados durante el alegato.

Yanzón lamentó que desde la anulación de las leyes de amnistía Punto Final y Obediencia Debida « todavía no sentamos a ningún militar en el banquillo de los acusados». En esa línea lo atribuyó «a la obstrucción sistemática de esta causa por parte de Cámara Nacional de Casación Penal, especialmente Alfredo Bisordi», poniendo nuevamente de relieve la relación tensa que existe entre el Ejecutivo y ese órgano de la Justicia.

Aseguró también que «la planificación del exterminio ya estaba fijada desde 1968 en los reglamentos militares reservados que preveían los tormentos y la eliminación física, justo cuando el general Agustín Lanusse era comandante del Ejército».

Por su parte, la abogada Palmas Zaldúa señaló que «Febres no faltó nunca a la ESMA, a tal punto que del 77 al 81, según su foja de servicios, nunca se tomó su licencia anual de vacaciones, como sí había hecho hasta entonces».

Por otro lado, la querella aprovechó además para continuar con la denuncia para que los presuntos delitos cometidos en la ESMA sean juzgados en una megacausa y no individualmente, como se viene haciendo hasta el momento.

En ese sentido, Yanzón y Bregman sostuvieron que «para que no haya impunidad, se debería juzgar por todos los crímenes ocurridos en la ESMA a todos y cada uno de los implicados, tales como Alfredo Astiz y Jorge Acosta».