El gobierno promovió un affaire con espías navales que presuntamente miraban la vida ajena en una base de Chubut con el solo propósito de arrimar fuego al aniversario del 24 de marzo pasado. Ahora corre el peligro, como en otros emprendimientos poco razonados, de comenzar a pagar costos. Los marinos citados a declarar ante el juez rechazan un decreto de Néstor Kirchner que los libera del compromiso de guardar secretos militares. Dicen que una ley los obliga a silencio y que el Presidente no tiene potestad para ordenar lo contrario por decreto. ¿Dirá el gobierno que es otra protesta ante la autoridad militar que se arriesga con fines tan mezquinos?
Todos los marinos involucrados en el presunto caso de espionaje a políticos en Trelew se negaron a declarar y pidieron una ley especial del Congreso para poder revelar secretos. Cuatro de los cinco agentes -uno se excusó por problemas de salud- de la oficina de inteligencia de la base Zar de Trelew que prestaron declaración indagatoria esta semana ante el conjuez Luis López Salaberry plantearon la inconstitucionalidad del decreto Nº 372/06 que Néstor Kirchner dictó el 5 de abril pasado. Hoy es el turno del contralmirante Pablo Rossi, ex director de inteligencia naval, quien podría modificar la estrategia para acercar información sobre presuntas violaciones a la ley de inteligencia cometidas en los allanamientos a las oficinas de inteligencia. Mediante aquel instrumento, el Ejecutivo eximió de la obligación de guardar secreto para que los investigados pudieran: «declarar sin limitación alguna, respecto de todas las pesquisas, diligencias, documentación, datos, personal o reuniones de información de las que hubieran participado o tomado conocimiento en relación con las actividades investigadas». Y también alcanzó a los que pudieran ser convocados en el futuro por el tribunal federal de Rawson.
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Kirchner había apelado ya a esta salida política para impulsar la investigación del atentado a la AMIA y facilitar así la declaración de agentes de la SIDE. La negativa de los marinos a declarar se fundamenta precisamente en que el decreto de Kirchner violaría la Constitución porque no tiene el rango de una ley y, en consecuencia, no puede contrariar lo que dispone la norma específica: la Ley de Inteligencia Nacional Nº 25.520 que en su artículo 17 establece la obligación de guardar secreto a los integrantes de organismos de inteligencia. El letrado agrega que hay tres disposiciones penales de nivel legislativo (Código Penal) que sancionan a los responsables de la revelación de secretos políticos o militares.
La argumentación del defensor pone en el tapete una vieja controversia política acerca de la jerarquía legal de los decretos frente a las leyes del Congreso Nacional. El artículo 31 de la carta magna referido al ordenamiento de la pirámide jurídica pone en su cúspide a la Constitución nacional, luego las leyes y por debajo de ellas los decretos. El tribunal federal de Rawson tendrá que resolver la cuestión de la constitucionalidad planteada antes de reiterar las indagatorias. Ayer, el jefe de la oficina de Zar, capitán de corbeta Gustavo Monzani, siguió la misma estrategia: no habló, pero dedicó casi dos horas a revisar las pruebas en su contra y afirmó que hay varias que «fueron plantadas». Entre ellas señaló la ficha correspondiente al juez federal Jorge Pfleger. Y pidió al juez un peritaje informático a cada uno de los discos rígidos de las computadoras de la oficina para revelar si el archivo fue o no generado en ellas.
No se trata sólo de una estrategia para demorar la marcha de la causa. Apareció ahora un dato sensible que complicaría las declaraciones: en los allanamientos realizados a las bases Almirante Zar en Trelew y Zárate, se secuestraron sendas computadoras y el software de encriptado, cedidas por la armada de los Estados Unidos a la Armada Argentina mediante un convenio bilateral. Carlos Alegre, el cabo naval arrepentido que recurrió al Centro de Estudios Legales y Sociales para denunciar las presuntas actividades ilegales de la base Zar, había confeccionado un plano con la ubicación de todas las computadorasde la oficina y su función. Pero omitió consignar que una de ellas era de la inteligencia naval norteamericana. Por eso, entre otras razones, uno de los agentes navales, el suboficial Gustavo Rossi, denunció al arrepentido Alegre por presunta violación de secretos militares. Esas máquinas (Compaq) están en uso desde 1993. Y luego de los atentados a las Torres Gemelas, la US Navy ( armada estadounidense) cedió seis más a los agentes navales criollos con el propósito de estrechar el cerco a la proliferación de armas de destrucción masiva. La red que vincula estas computadoras se conoce con el acrónimo ARMS (Automatical Report Merchant System), sirven para el intercambio de datos sensibles sobre ubicación de buques mercantes, que se encriptan con un software que fue proporcionado por la inteligencia naval norteamericana.
Era una herramienta de uso para la inteligencia operativa bilateral, actividad que está autorizada por la Ley de Defensa. ¿Sabrá la ministra Garré que esa computadora pone en riesgo el convenio de confidencialidad firmado con el gobierno de los Estados Unidos? El interrogante cala hondo en los mandos navales. Es que mediante ese mecanismo que se renueva cada cinco años -firmado por última vez en tiempos de Ricardo López Murphy- la administración norteamericana certifica el grado de confianza en la cesión de secretos de uso militar al país.
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