Convocan a estatales vacunados con primera dosis a tarea presencial

Una resolución de Jefatura de Gabinete sorprendió en algunas oficinas públicas; hace tres meses Trabajo lo resolvió así para privados.

Presidencia de La Nacíon

El Gobierno habilitó la convocatoria a empleados públicos vacunados con al menos una dosis contra el coronavirus para retomar tareas presenciales. Lo hizo a través de una resolución de la Secretaría de Empleo Público que comenzó a circular ayer en oficinas estatales, tres meses después de que el Ministerio de Trabajo facultara al sector privado a llamar a su personal en iguales condiciones. La normativa era analizada anoche por los gremios de la actividad que, sin rechazarla, planeaban reclamar garantías sanitarias para los afiliados alcanzados por la medida.

La resolución 62/2021 del área que encabeza Ana Castellani y que depende de la Jefatura de Gabinete establece que pasados 14 días de la inoculación con al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas habilitadas en la Argentina, los trabajadores estatales que permanecían exceptuados de concurrir a prestar tareas presenciales por ser mayores de 60 años, mujeres embarazadas o personas con enfermedades preexistentes podrán ser convocados a retornar a sus puestos laborales. Las excepciones continuarán respecto de las personas con inmunodeficiencias y los pacientes oncológicos o trasplantados.

El artículo dos de la norma añade que los trabajadores de la salud exceptuados y “con alto riesgo de exposición” al virus podrán ser convocados a prestar tareas presenciales “una vez transcurridos catorce días de haber completado el esquema de vacunación en su totalidad”. A continuación se destaca que “las personas convocadas deberán presentar constancia fehaciente de vacunación correspondiente o manifestar, con carácter de declaración jurada, los motivos por los cuales no pudieron acceder a la vacunación”.

En tanto que en su cuarto artículo la resolución apela a la “buena fe” de las personas que optasen por no vacunarse a pesar de estar en condiciones de hacerlo, de modo tal de “llevar a cabo todo lo que esté a su alcance para evitar los perjuicios que su decisión pudiere ocasionar al normal desempeño de las organizaciones en las cuales prestan servicios”.

La normativa provocó incertidumbre en algunas oficinas públicas y rechazo por parte de algunas comisiones internas. Al punto que demandó una nota aclaratoria ayer mismo de Hernán Petrelli, director nacional de la Oficina de Empleo Público, para señalar que la resolución “complementa y en nada contradice” los llamados del Estado a los jefes de reparticiones y ministerios para garantizar en mayor medida la posibilidad de teletrabajo y labores remotas de sus dependientes, y así limitar al máximo el movimiento y la concurrencia a los lugares de trabajo.

El momento de la vuelta a la presencialidad de los trabajadores ya había sido motivo de normas y aclaraciones por parte de los ministerios de Salud y Trabajo desde abril. Una resolución conjunta habilitó la convocatoria de los empleadores a su personal exceptuado por edad, embarazo o razones sanitarias, a partir de la vacunación con la primera dosis.

Un mes después la cartera laboral aclaró el sentido de aquella normativa mediante una nota enviada al Consejo Federal del Trabajo ante los pedidos de los empleadores de contar con un reaseguro administrativo frente a las protestas en los lugares de trabajo. En aquella oportunidad entre la resolución conjunta y la posterior nota aclaratoria habían surgido dos decretos de necesidad y urgencia que parecían validar las excepciones a favor de los trabajadores de riesgo.

En cuanto a los estatales, los gremios mayoritarios de la actividad aceptaron la norma de Empleo Público sin mayores reparos. En el caso de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) dijeron que estaban de acuerdo en retomar de manera gradual la presencialidad de los empleados exceptuados. En cuanto a la Asociación de Trabajadores del Estado, sus dirigentes afirmaron que si bien no objetarán la norma le pedirán a la Jefatura de Gabinete garantías de sanidad para los lugares de empleo y, en los casos que correspondiera, transporte para el personal.

En Empleo Público le explicaron anoche a este diario que la resolución no obliga a convocar a los exceptuados sino que se habilita a llamar a quienes “formando parte de grupos de riesgo y trabajando en áreas de presencialidad esencial se hayan vacunado al menos con la primera dosis”.